Ana Maria Montoya – författare
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La iniciativa de realizar el presente volumen, preparado de manera especial para el público científico colombiano, debemos agradécerselo al señor profesor doctor NÉSTOR OSUNA, y a su alumno CARLOS BERNAL PULIDO quien actualmente realiza estudios en España. Razones de índolepersonal impiden al autor aceptar, por el momento, las honrosas invitaciones a Perú, México, Colombia y Costa Rica. En vista de lo anterior, es para él motivo de gran complacencia ver publicada en estos países al menos una que otra contribución de los últimos años.
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Este texto contiene las ponencias debatidas en el seminario La ponderación en el Derecho , organizado por el Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia durante los días 6 y 7 de julio de 2006. El evento contó con la participación de destacados expertos en el tema de la ponderación. Durante el seminario se expusieron posiciones críticas con respecto a esta importante herramienta de interpretación constitucional y su aplicación práctica en ámbitos específicos del derecho.
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¿Por qué se seleccionan ciertos candidatos como magistrados de las altas cortes y no otros? Concretamente, ¿cuáles han sido los criterios para elegir los magistrados de la Corte Constitucional colombiana en el Senado, desde 1992 hasta las más recientes elecciones en el 2009? Hasta hace poco el nombramiento de los jueces no era objeto de debate político. A excepción de Estados Unidos (Dahl, 1957), los jueces se concebían como funcionarios públicos expertos en asuntos jurídicos más que como otra rama del poder público. Sin embargo, en los últimos años, la expansión global del poder judicial ha aumentado el interés público en quiénes escogen a los jueces y cómo lo hacen (Tate y Vallinder, 1995; Malleson, 2006). Esto se debe a que hoy el poder judicial ocupa un papel central en la política y en la toma de decisiones. Cada vez es más frecuente que los jueces controlen el ejercicio del poder de los funcionarios de elección popular y decidan sobre los principales asuntos políticos.Esta judicialización de la política, como también se le ha llamado, entraña una politización de la justicia que puede terminar afectando su independencia (Ferejohn, 2002; Uprimny y García, 2004). Es decir, si los jueces tratan de limitar el alcance de las acciones de los políticos; esos mismos políticos buscarán limitar el poder de las cortes, mediante reformas a la justicia o el nombramiento de los jueces (Sieder, Schjolden, Angell, 2005, p. 9; Domingo, 2004). Así la independencia judicial, pilar fundamental de la democracia y el Estado de derecho, se puede ver amenazada (Epstein, Knight y Shvetsova, 2001b).