Juan Antonio Martos Nunez – författare
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PDF, Spanska, 2019406 kr
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La evolución experimentada por la sociedad española a partir de la promulgación de la Constitución de 1978 ha tenido un claro reflejo en el pensamiento social, principalmente en los roles atribuidos a la mujer, así como en una nueva concepción de la sexualidad, cuyos efectos han irradiado en el Código Penal y en el tratamiento que se ha dispensado al llamado Derecho Penal sexual, motivado principalmente por el desarrollo de las tesis feministas. Es más, la aludida transformación experimentada en España hace cuarenta años se plasmó en una nueva concepción de la mujer, atribuyéndole un nuevo rol, pasando de ser definida por "su condición de cuerpo sexuado y moral virtuosa", merecedora de una intensa protección penal que no se dispensaba al varón, hasta ser considerada un sujeto con plena capacidad de autodeterminación sexual, con plenos derechos y libertades. De este modo, la libertad sexual deviene en bien jurídico objeto de protección integral que se identifica con la prestación del consentimiento libre, revocable y para unas prácticas concretas. El mutuo acuerdo se establece como marco de libertad y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo como elemento central.
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PDF, Spanska, 2018275 kr
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Razones de Política Criminal asocian la "prisión permanente revisable" a la comisión de hechos, como los tipificados en el artículo 140 del Código Penal, particularmente dignos de mayor reproche social, frente a los cuales la sociedad exige mayor protección jurídicopenal y, en su caso, una respuesta contundente del sistema punitivo.Se podría afirmar, también, una intensa protección de la víctima frente a su asesino, hasta ahora, privilegiado en cuanto a los factores psicológicos y psiquiátricos que motivaron su crimen, frente al relativo abandono de la víctima a su suerte.Por otra parte, la Reforma del delito de asesinato en virtud de la LO 1/2015, de 20 de marzo, técnicamente, es correcta en la línea aquí defendida del asesinato como un "delito circunstanciado pero de naturaleza autónoma". Sin embargo, de "lege ferenda" propongo castigar el delito de asesinato en base a un criterio de "agravación progresiva", conforme a lo establecido en el artículo 76 del Código Penal que, excepcionalmente, dispone que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable será de 30 ó de 40 años de privación de libertad, que es una pena cierta, determinada en el tiempo y no vulnera los fundamentos y la finalidad de las penas en el Estado de Derecho.
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PDF, Spanska, 2019340 kr
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La sustracción internacional de menores (SIM) representa un fenómeno creciente en los últimos años, motivado principalmente por la globalización, con el consiguiente aumento de matrimonios mixtos y las frecuentes crisis de pareja, donde uno de los progenitores se toma la justicia por su mano, incumpliendo una resolución judicial o administrativa con relación a la custodia y derecho de visita de los hijos. Ante esta situación, el Derecho debe ofrecer una respuesta adecuada, articulando los medios adecuados para evitar la sustracción o, una vez producida ésta, reparar en la medida tal conducta ("quid iuris?"). Es evidente el carácter poliédrico de su regulación, afectando tanto a la jurisdicción civil como a la penal, con procedimientos propios en cada una de ellas, con una profusión normativa que, en ocasiones, dificulta sobremanera la resolución de los problemas prácticos de este drama cuyo estudio reviste una gran complejidad. Precisamente, la obra que se presenta al lector constituye un estudio transversal y multidisciplinar de la sustracción internacional de menores, comenzando en primer lugar, con una aproximación teórico-práctica delimitando conceptualmente lo que sea "sustracción ilícita", tomando como referencia el Convenio de la Haya de 1980, sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores(CH 1980) y el Reglamento Bruselas II Bis, que facilita el retorno del menor en caso de su traslado o retención ilícitos. Conexo a lo anterior, se analizan las medidas legislativas de prevención ante la sustracción parental de menores, destacando el papel fundamental del Fiscal, resultando de obligada referencia la Orden Europea de Detención y Entrega (Euroorden), y el exhorto europeo de obtención de pruebas, en los casos en que el país receptor del menor sustraído pertenezca a la Unión Europea. En este ámbito civil, resulta de importancia hacer referencia al binomio "custodia compartida y sustracción de menores", como ejes fundamentales sobre los que pivota la sustracción internacional de menores, guiado como criterio de interpretación por el "interés superior del menor".