En este libro se analiza, desde un punto de vista práctico y crítico el régimen de la vinculación de sujetos procesales a la parte pasiva en una acción de tutela, el cual se ha creado a partir de los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Este análisis se encuentra permeado por una premisa transversal a lo largo del trabajo: La flexibilización de las formas y de las categorías procesales dentro de los mecanismos que la doctrina a denominado como de "tutela jurisdiccional diferenciada", dentro de los cuales se destaca la acción de tutela, tiene su límite en el respeto al derecho fundamental al debido proceso y a la defensa de todos los sujetos que intervienen en esta acción constitucional.De esta forma, la flexibilización en la conceptualización y metodología impartida por la Corte Constitucional para vincular a sujetos como demandados en la acción de tutela a generado situaciones de vulneración al debido proceso de dichos suje-tos. Por esta razón, en esta obra se propone, a partir de un ejercicio conceptual de distinción entre las diferentes categorías de sujetos que pueden ser llamados por pasiva por el juez de tutela, una serie de criterios prácticos que puedan ser empleados por los jueces al momento de vincular a un sujeto al trámite de esta acción constitucional, velando por el respeto a sus derechos fundamentales sin afectar la garantía de los derechos cuya protección invoca el tutelante.

En Colombia, según la Constitución y la Ley 472 de 1998 que regula las acciones populares y de grupo, los derechos de los consumidores se conciben en una etapa inicial como derechos de carácter colectivo; sin embargo, se ha reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y por resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que los derechos de los consumidores asumen un carácter poliédrico o multifacético, proyectándose también en derechos de carácter individual. Así, existen en el ordenamiento jurídico colombiano diversas acciones y mecanismos procesales para acceder a la jurisdicción y proteger los derechos del consumidor como derechos individuales y como derechos colectivos, a saber: la acción popular para la protección de derechos colectivos, la acción de protección al consumidor, la acción de responsabilidad por producto defectuoso, la acción de grupo, la acumulación subjetiva de pretensiones y la acción de tutela. Este trabajo de investigación analiza estos mecanismos procesales y establece su eficacia para proteger los derechos del consumidor y garantizar su derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia. Frente a los mecanismos procesales que presentan deficiencias o no garantizan el acceso a la administración de justicia, se sugieren algunos mecanismos, sobre todo legislativos, para su corrección. Las reflexiones de este estudio pretenden ir más allá de la "simple teoría". Su relevancia práctica es indiscutible, en la medida en que todos los colombianos somos consumidores y se hace necesario tener la garantía de que el Estado proporcione procesos claros e idóneos para acceder ante los jueces y hacer valer ''luestros derechos e intereses.

En este libro se analiza, desde un punto de vista práctico y crítico el régimen de la vinculación de sujetos procesales a la parte pasiva en una acción de tutela, el cual se ha creado a partir de los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Este análisis se encuentra permeado por una premisa transversal a lo largo del trabajo: La flexibilización de las formas y de las categorías procesales dentro de los mecanismos que la doctrina a denominado como de "tutela jurisdiccional diferenciada", dentro de los cuales se destaca la acción de tutela, tiene su límite en el respeto al derecho fundamental al debido proceso y a la defensa de todos los sujetos que intervienen en esta acción constitucional.De esta forma, la flexibilización en la conceptualización y metodología impartida por la Corte Constitucional para vincular a sujetos como demandados en la acción de tutela a generado situaciones de vulneración al debido proceso de dichos suje-tos. Por esta razón, en esta obra se propone, a partir de un ejercicio conceptual de distinción entre las diferentes categorías de sujetos que pueden ser llamados por pasiva por el juez de tutela, una serie de criterios prácticos que puedan ser empleados por los jueces al momento de vincular a un sujeto al trámite de esta acción constitucional, velando por el respeto a sus derechos fundamentales sin afectar la garantía de los derechos cuya protección invoca el tutelante.

En Colombia, según la Constitución y la Ley 472 de 1998 que regula las acciones populares y de grupo, los derechos de los consumidores se conciben en una etapa inicial como derechos de carácter colectivo; sin embargo, se ha reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y por resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que los derechos de los consumidores asumen un carácter poliédrico o multifacético, proyectándose también en derechos de carácter individual. Así, existen en el ordenamiento jurídico colombiano diversas acciones y mecanismos procesales para acceder a la jurisdicción y proteger los derechos del consumidor como derechos individuales y como derechos colectivos, a saber: la acción popular para la protección de derechos colectivos, la acción de protección al consumidor, la acción de responsabilidad por producto defectuoso, la acción de grupo, la acumulación subjetiva de pretensiones y la acción de tutela. Este trabajo de investigación analiza estos mecanismos procesales y establece su eficacia para proteger los derechos del consumidor y garantizar su derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia. Frente a los mecanismos procesales que presentan deficiencias o no garantizan el acceso a la administración de justicia, se sugieren algunos mecanismos, sobre todo legislativos, para su corrección. Las reflexiones de este estudio pretenden ir más allá de la "simple teoría". Su relevancia práctica es indiscutible, en la medida en que todos los colombianos somos consumidores y se hace necesario tener la garantía de que el Estado proporcione procesos claros e idóneos para acceder ante los jueces y hacer valer ''luestros derechos e intereses.