Luis Felipe Cruz – författare

El encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación "Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia", realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento.

Durante el 2016 se vivieron dos episodios históricos para la reflexión sobre las estrategias de drogas en Colombia: la celebración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de drogas (UNGASS 2016) y la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, que incluye lo pactado sobre la "Solución al problema de las drogas ilícitas".A la luz de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano, surgen retos y posibilidades para reformar la política de drogas, en búsqueda de un mayor equilibrio entre abordaje desde una perspectiva de criminalización y el reconocimiento y garantía de derechos a poblaciones afectadas por los efectos nocivos de la prohibición. Este ejercicio de equilibrio llama a incorporar el lente de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y sus Objetivos, así como a integrar de mejor manera los sectores defensa, desarrollo rural y agrario, protección y uso sostenible de recursos ambientales, salud y educación, sumado a los esfuerzos de la construcción de paz en los territorios más afectados por la guerra y el narcotráfico.Para alcanzar las metas propuestas en estos documentos, la participación de la comunidad internacional en los próximos años será fundamental. La Embajada del Reino Unido, preocupada por ampliar sus horizontes de cooperación se ofrece a compartir lecciones aprendidas y experiencias con el ánimo de mejorar las capacidades institucionales para enfrentar los retos del crimen organizado, el desarrollo rural y la prevención y tratamiento del consumo de drogas. Este documento presenta entonces recomendaciones a los dos gobiernos sobre los ejes pertinentes de cooperación, a la luz de las obligaciones pactadas, y las oportunidades para armonizar la política de drogas y la construcción de paz.Este documento es el resultado de un proyecto desarrollado por Dejusticia en cooperación con el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y la Embajada Británica en Colombia, con fondos del Reino Unido a través de su embajada en Colombia.

La implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional –así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera.Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se sientan las bases de las trayectorias locales futuras. Allí, las viejas disputas y los debates en torno a la reforma agraria, el sistema democrático y el modelo de desarrollo son retomados en el contexto de una posible apertura democrática, en la que coexisten élites tradicionales y emergentes, las visiones plurales del movimiento social y organizaciones armadas ilegales que obstaculizarán los esfuerzos de paz para asegurar el control de las economías del narcotráfico y la minería.Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo. Estos dos aspectos pueden reforzarse entre sí, pero si se abordan desconociendo su dependencia mutua pueden terminar frustrándose. La creación de capacidad institucional y el desarrollo son procesos que emergen en una relación de interdependencia mutua entre el Estado y la sociedad, en la que el fortalecimiento de una ciudadanía activa y una economía próspera e incluyente es tan importante como el de instituciones más eficaces y democráticas.Este texto hace parte de la colección ''Ideas para construir la paz'' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.

This document is the result of a project developed by Dejusticia in cooperation with the Ministry of Justice and Law of Colombia and the British Embassy in Colombia, with funds from the United Kingdom through its embassy in Colombia.During 2016, two historic events were held to reflect about drug strategies in Colombia: the United Nations Special Session on the World Drug Problem (UNGASS 2016) and the signing of the Peace Agreement between the Government and the FARC-EP, which includes the agreement on the "Solution to the problem of illicit drugs".In light of the commitments made by the Colombian State, there are challenges and possibilities for drug policy reform, particularly when hoping to achieve a better balance between a criminalization perspective and the recognition and guarantee of rights to populations affected by prohibition''s harmful effects. This balancing exercise calls for incorporating the lens of the 2030 Sustainable Development Agenda and its Objectives, as well as for integrating the sectors of defense, rural and agrarian development, protection and sustainable use of environmental resources, health and education, together with the efforts of peacebuilding in the territories most affected by war and drug trafficking.To achieve the goals proposed in these documents, the role of the international community in the coming years will be fundamental. The United Kingdom Embassy, concerned to broaden its horizons of cooperation, offers to share lessons learned and experiences hoping to improve institutional capacities to meet the challenges of organized crime, rural development, and the prevention and treatment of drug use. Thus, this document presents recommendations for cooperation between these two governments in the light of agreed obligations as well as opportunities to harmonize drug policy and peacebuilding.

Este texto que Dejusticia lanza en colaboración con Fensuagro, sobre la experiencia de las mujeres cultivadoras de coca en la región Andinoamazónica, busca explorar los retos que les impone la vida rural, las estructuras de género, el conflicto armado y la criminalización, a estas mujeres.Durante más de 30 años, la estrategia de los gobiernos para controlar el tamaño de la extensión de cultivos de uso ilícito ha sido la represión contra los eslabones primarios de la cadena de productiva de la coca: el campesinado. En nombre de la salud pública se han asperjado con agrotóxicos los territorios que habitan las protagonistas de esta historia, sin que estas estrategias hayan aportado efectivamente a la solución del problema de las drogas declaradas ilícitas. Por el contrario, ha contribuido a la estigmatización del cultivo de coca.Además de resaltar el fracaso del prohibicionismo, el texto recoge las voces de las mujeres cultivadoras de coca de los departamentos del Putmayo, Cauca y Nariño, y sus condiciones de vida, trayectorias y experiencias personales. El esfuerzo se centró en mostrar cómo a pesar de las difíciles condiciones del contexto, a través de su liderazgo y participación comunitaria, las mujeres han construido un territorio donde el Estado colombiano permanece ausente, y no ha atendido las necesidades básicas de la población.

Dentro de un proceso de investigación que realizamos con el apoyo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) en el departamento del Caquetá, hicimos memoria sobre algunos daños que sufrieron las poblaciones campesinas a causa de las fumigaciones aéreas con glifosato. El informe que se titula "El daño que nos hacen: glifosato y guerra en Caquetá" recoge un ejercicio de memoria histórica a través de las voces de cuatro campesinos sobre el territorio, la presencia de la coca, la guerra y los daños del glifosato en Caquetá. Este informe pretende recordar, en el marco de los procesos ante la Comisión de la Verdad, que bajo las avionetas quedó silenciada la población campesina sobre los daños que causa el glifosato en sus cuerpos y en sus tierras. Por esta razón, el texto cuenta con cuatro relatos escritos en primera persona, tejidos a partir de las observaciones, las entrevistas, los talleres y las conversaciones realizadas durante el trabajo de campo. A partir de las principales conclusiones extraídas de los relatos, el informe da algunas ideas sobre las aspersiones aéreas y su relación con el DIH para pensar las afectaciones como parte de infracciones al derecho internacional humanitario cuyas víctimas deben ser atendidas bajo los estándares del derecho internacional reconocidos por Colombia.

Este documento contiene los anexos al informe El daño que nos hacen: glifosato y guerra en Caquetá, preparado por Dejusticia en asocio con Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).

Colombia''s response to the country''s drug problem has been based on the repression of the weakest links in the drug chain—namely consumers and small farmers—which has led to disproportionate rates of imprisonment and has involved a heavy focus on forced crop eradication. Not only has such an approach failed to effectively control the cocaine market, but it has also unleashed harmful side effects in terms of security, social development, and human rights as they concern communities in coca-growing areas. Moreover, although scholars and practitioners have analyzed Colombia''s drug problem from a variety of perspectives, these efforts have tended to overlook women''s experiences.This report explores the ways that rural norms, gender structures, the armed conflict, and illegal markets have played out in the lives of women coca growers in Colombia''s Andes-Amazon region, an area distinguished by the presence of illegal armed groups, violence, poverty, and weak state institutions. In this region of Colombia, coca cultivation has offered an important source of income for rural families, which in turn has affected women''s roles in society and has placed them in a vulnerable position vis- à-vis armed actors.The Andes-Amazon region is an area where the country''s war on drugs and its armed conflict converged and unmasked the gender structures dominating the countryside. These structures affected rural women in various ways: through everyday violence, the fumigation of illicit and licit crops alike, and women''s stigmatization due to their involvement in an illegal trade. But coca was also a source of livelihood that helped them attain economic independence and gave them the ability to improve their well-being and that of their families.The recent peace accord signed between the Colombian government and the country''s main guerrilla group represents a historic opportunity to learn from past mistakes in terms of the illicit crop problem and the social and political demands of coca-growing communities. Against this backdrop, it is time to recognize the contributions that women coca growers have made in both the public and the private spheres toward the construction of a peaceful countryside in the most remote and forgotten regions of the country.

La guerra contra las drogas no ha funcionado: a pesar de que cada vez más personas son encarceladas por delitos de drogas, el consumo no se ha reducido, las redes de narcotráfico continúan enriqueciéndose y la violencia asociada a este fenómeno no ha cesado.La política de drogas en Colombia ha centrado sus esfuerzos en perseguir y encarcelar a los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico, personas que mayoritariamente son pobres y ocupan posiciones de vulnerabilidad en la sociedad. En Colombia, hay una tendencia creciente a que las mujeres pobres cabeza de hogar y con pocos recursos para estudiar o conseguir trabajos formales se involucren en los mercados ilegales, siendo encarceladas por desempeñar tareas de baja remuneración y alto riesgo.Esta Guía, por un lado, hace un diagnóstico de la situación de las mujeres vinculadas con delitos de drogas en Colombia y de los impactos de la privación de la libertad sobre sus vidas y las de sus familias y, por otro lado, formula recomendaciones tendientes a mitigar los efectos desproporcionados del encarcelamiento y a evitar que estos continúen existiendo en el futuro.