Oscar Dancourt – författare
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A comienzos del nuevo milenio, El Fondo Monetario Internacional recomendaba la flotación libre del tipo de cambio, pero en América Latina varios bancos centrales se reservaron la facultad de comprar o vender dólares, al mismo tiempo que fijaban la tase de interés, Y algunos de ellos aprovecharon el largo período de altos precios de las commodities y fuertes ingresos de capital para acumular grandes reservas internacionales. Gracias a estas reservas y a la flexibilidad cambiaria, la gran recesión global de 2008 no tuvo mayores repercusiones en la región.¿Puede concluirse de esta experiencia histórica que las economías latinoamericanas han encontrado la mejor forma de insertarse en la globalización financiera? Evitar las crisis que asolaron a los países en desarrollo en los primeros treinta años de globalización financiera —donde imperaban los regímenes de tipo de cambio fijo— es una gran virtud, pero la región sufrió también un proceso de desindustrialización, asociado a este prolongado periodo de apreciación de sus monedas. Los artículos incluidos en este libro analizan las políticas aplicadas durante el período 2000-2015 por los bancos centrales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, y discuten las posibles alternativas.
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El proceso de constitucionalización del derecho y el compromiso de los jueces constitucionales han hecho de la Constitución un derecho vivo, lo que ha permitido que el derecho procesal constitucional tenga un amplio desarrollo en nuestro país. En este desarrollo, el Tribunal Constitucional (TC) ha tenido un rol de primer orden, así como, en los últimos años, el Poder Judicial. Esto ha motivado una jurisprudencia rica y provechosa, con notables avances, aunque también lamentables retrocesos. Este libro no solo realiza un estudio literal de las normas del Código Procesal Constitucional ni se limita a comentar los desarrollos de la amplia jurisprudencia del TC; más bien parte de las relaciones entre la Carta y las instituciones procesales, y las complementa con la regulación legislativa y la jurisprudencia constitucional pertinente. Por ello, no solo es de utilidad para los operadores del sistema de justicia, sino para la ciudadanía en general, pues promueve el conocimiento y el uso de las instituciones del derecho procesal constitucional, que es otra forma de fortalecer nuestra democracia constitucional y, en particular, los derechos fundamentales.