Ernesto Matallana Camacho – författare
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PDF, Spanska, 200357 kr
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La corrupción administrativa se ha convertido en un factor desestabilizador de la consolidación del Estado Social de Derecho concebido a partir de la Constitución de 1991, por cuanto desacredita las instituciones estatales y genera desconfianza en las mismas por parte de los ciudadanos, sin desconocer el alto impacto que tiene sobre el conflicto armado que actualmente vive Colombia, pues sirve de excusa para que el legítimo derecho a protestar sobre como se maneja la cosa pública incluya la rebelión con las armas de los grupos que hoy están en contra del Estado de Derecho. Si bien es cierto que la Constitución Política señala en su concepción la obligación que tienen las autoridades de actuar de manera diligente, eficiente, transparente, etc., de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2091, al parecer estos principios poco se han aplicado en las actuaciones administrativas y más específicamente en lo concerniente a la contratación administrativa.
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PDF, Spanska, 2015272 kr
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El documento propone, desde la perspectiva preventiva, acciones dirigidas a mejorar el acceso y la calidad de la información pública; a perfeccionar las herramientas de gestión anticorrupción; a aumentar la incidencia del control social sobre la gestión pública, y a promover la integridad y la cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad. Luego, el documento nos aproxima al concepto de corrupción indicando que ésta se puede entender como un fenómeno cíclico que se auto refuerza y en donde sus causas y consecuencias se sustentan mutuamente. Factores como la desigualdad social, los inadecuados diseños institucionales, los incentivos perversos para el oportunismo, la impunidad frente a las prácticas corruptas y la aceptación social de la corrupción son, en diferentes momentos, simultáneamente causas y consecuencias del fenómeno. Plantea el documento que a partir de los análisis recientes sobre el fenómeno, la corrupción se entiende como "el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado". Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y-o privados con poder e incidencia en la toma de decisiones y en la administración de los bienes públicos. La corrupción, por tanto, es un fenómeno complejo y multidimensional que incide negativamente en los ámbitos económico, social, cultural, político y ético de una sociedad; que además afecta las condiciones de vida de los ciudadanos y sus capacidades para el Desarrollo Humano.
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Spanska, 2020113 kr
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En este tomo confluyen lo tradicional y lo nuevo, el control judicial de la Administración pública y el control no judicial. El libro se encuentra diseñado a partir de la idea de control como una actividad bifronte, expresión de la función judicial y de la función administrativa, cada una con su objeto, características y fines. No hay duda de que el lector encontrará aquí artículos de una profundidad extraordinaria -como es usual en la colección "Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo"-, pero también con las respuestas prácticas a los problemas actuales del derecho administrativo y en particular al control de la Administración pública.
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Spanska, 2020181 kr
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La jurisprudencia del Consejo de Estado en materia contractual no ha sido muy estable, pues ha definido la caracterización de las diversas instituciones contractuales a partir de fallos puntuales sobre los cuales ha vuelto con posterioridad. Por su parte, el legislador suele reaccionar con más emotividad y premura que reflexión, amoldando la normatividad a las tendencias del momento, sin conciencia de la fragilidad y temporalidad de las nociones modificadas, que pronto son revaluadas por la misma jurisprudencia. La regulación positiva se apoya así, en ocasiones, en concepciones abandonadas. Lejos de ser un problema teórico abstracto, la inestabilidad tiene repercusiones prácticas enormes que dejan al operador jurídico, llámese Administración, proponente, contratista, órgano de control o juez, en gran incertidumbre sobre el régimen concreto que debe retener y aplicar. Temas como la subsanabilidad de las ofertas, el perfeccionamiento de los contratos, las autorizaciones constitucionales para contratar, los plazos de liquidación de los contratos, la nulidad de estos derivada de problemas de planeación, o el sentido de las restituciones mutuas fruto de la anulación de contratos ilustran a la vez la dificultad de retener ideas claras sobre ellos y las graves consecuencias de la incertidumbre conceptual.
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PDF, Spanska, 2021170 kr
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Durante mucho tiempo la licitación pública ha estado sujetaa malas prácticas administrativas relacionadas con el direccionamiento de losprocesos de selección mediante diseños elaborados a la medida de losproponentes, lo que ha conllevado una muy baja o, en ocasiones, nulaparticipación en las convocatorias, causando con ello un detrimento patrimonialal Estado por la violación sistemática de las restricciones legítimas yproporcionales del interés general. El exhaustivo trabajo de campo realizadopor el doctor Matallana entre 2012 y 2015 permite apreciar que en la mayoría delos casos estudiados hubo un flagrante y abierto quebrantamiento de las reglasque rigen los contratos estatales, entre ellas, el derecho a la librecompetencia económica, el derecho a la igualdad, el derecho de participación yel principio de selección objetiva.A partir de la definición de licitación pública y de lascategorías jurídicas que la gobiernan, el autor analiza la naturaleza jurídicade los pliegos de condiciones, las competencias administrativas que deben serrespetadas, el efecto del interés general en su confección, el test de igualdady cómo las convocatorias públicas permiten seleccionar los proponentes yadjudicar los contratos. Además, revisa algunas de las sentencias de la CorteConstitucional y del Consejo de Estado y los pronunciamientos de la doctrinarespecto de las acciones afirmativas para proteger el derecho a la igualdad yla libre competencia económica; sin embargo, las conclusiones a las que llegano son tan sorprendentes como se podría esperar.
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Spanska, 2021181 kr
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Durante mucho tiempo la licitación pública ha estado sujeta a malas prácticas administrativas relacionadas con el direccionamiento de los procesos de selección mediante diseños elaborados a la medida de los proponentes, lo que ha conllevado una muy baja o, en ocasiones, nula participación en las convocatorias, causando con ello un detrimento patrimonial al Estado por la violación sistemática de las restricciones legítimas y proporcionales del interés general. El exhaustivo trabajo de campo realizado por el doctor Matallana entre 2012 y 2015 permite apreciar que en la mayoría de los casos estudiados hubo un flagrante y abierto quebrantamiento de las reglas que rigen los contratos estatales, entre ellas, el derecho a la libre competencia económica, el derecho a la igualdad, el derecho de participación y el principio de selección objetiva.A partir de la definición de licitación pública y de las categorías jurídicas que la gobiernan, el autor analiza la naturaleza jurídica de los pliegos de condiciones, las competencias administrativas que deben ser respetadas, el efecto del interés general en su confección, el test de igualdad y cómo las convocatorias públicas permiten seleccionar los proponentes y adjudicar los contratos. Además, revisa algunas de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y los pronunciamientos de la doctrina respecto de las acciones afirmativas para proteger el derecho a la igualdad y la libre competencia económica; sin embargo, las conclusiones a las que llega no son tan sorprendentes como se podría esperar.