La obra Los acuerdos marco de precios en Colombia: enfoques y desafíos presenta un estudio transversal e integral sobre el régimen jurídico de los acuerdos marco de precios en nuestro país. Analiza, desde diferentes aristas, el origen, el alcance y la utilidad que tienen los acuerdos marco de precios y, a partir de una revisión académica, propone, desde Colombia, nuevas perspectivas frente a esta controversial figura de la contratación estatal. Se trata, en realidad, de una iniciativa sin precedentes, pues, si bien es cierto existe, tanto en el país como en la región, una amplia literatura sobre la contratación pública, no se disponía aún de una obra dedicada al estudio minucioso y detallado de los acuerdos marcos de precios, como lo es esta.El volumen se compone por seis capítulos. El primero de ellos hace un estudio teórico de los acuerdos marco de precios. El segundo, ofrece un análisis comparado de los diferentes diseños de los modelos de compras públicas en América Latina. El tercero se aproxima de manera concreta al proceso de estandarización de los acuerdos marcos de precios y su implementación en Colombia. El cuarto contiene una revisión exhaustiva del régimen jurídico de los acuerdos marco de precios en el país. El quinto se aproxima a ellos desde la perspectiva de los procesos administrativos sanciona- torios. El sexto y último utiliza el instrumentalismo jurídico para interpretar la manera como se utilizan en Colombia estos acuerdos.

Uno de los debates más interesantes sobre la justicia constitucional es el relativo a la jurisdiccionalización de lo político, es decir, la participación del juez constitucional en la definición de la dirección política del Estado cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad; esto porque el juez constitucional en ejercicio del control abstracto, puede excluir alternativas políticas contrarias a las orientaciones constitucionales o, incluso, amoldarlas a la Constitución. En opinión de Gustavo Zagrebelsky dicha jurisdiccionalización comporta, a su vez e inevitablemente, la politización de la justicia; que no es cosa diferente a actuar como órgano jurídico y político a la vez, y, además, la sumisión de los problemas políticos a la decisión de un tribunal u órgano jurisdiccional, que los dirimirá con base en criterios jurídicos en virtud de una sentencia judicial2.

En síntesis, el presente trabajo busca absolver los siguientes interrogantes: ¿por qué el ejercicio del control político es una práctica tan distante de la realidad constitucional ¿Debe el legislativo renunciar a esa competencia ¿Debe asumirla la Corte Constitucional La debilidad que actualmente afecta los sistemas de gobierno parlamentario y presidencial en el ejercicio del control político, adicional al paulatino robustecimiento del control judicial que ejercen los órganos de justicia constitucional, en lo que se ha denominado participación del juez constitucional en la adopción de decisiones políticas, sugiere un análisis y una respuesta conceptual precisa y correcta, acompasada de propuestas normativas e interpretativas que permitan, desde la teoría de la separación y control del poder, hacer efectivos los postulados del Estado social y democrático de derecho. Por esta razón, la investigación que se presenta en este libro constituye un análisis desde el punto de vista teórico-constitucional sobre el concepto, vicisitudes, tendencias y alcance del control político en los Estados modernos y sus traslapos con el control jurisdiccional de constitucionalidad, en lo que hace referencia al control sobre las decisiones políticas. Además, sienta la base jurídica conceptual para la delimitación de dichas tipologías de control luego de una seria disección del caso colombiano a partir de la función que actualmente cumple la Corte Constitucional colombiana. La presente obra constituye la primera compilación en el derecho constitucional colombiano sobre los mecanismos de control político, donde se exponen, plantean, critican y proponen diversas herramientas y estrategias tanto legales como constitucionales para dinamizar, potencializar y renovar el ejercicio del control político en Colombia, pilar necesario para la construcción de una auténtica democracia constitucional.La debilidad que actualmente afecta los sistemas de gobierno parlamentario y presidencial en el ejercicio del control político, adicional al paulatino robustecimiento del control judicial que ejercen los órganos de justicia constitucional, en lo que se ha denominado participación del juez constitucional en la adopción de decisiones políticas, sugiere un análisis y una respuesta conceptual precisa y correcta, acompasada de propuestas normativas e interpretativas que permitan, desde la teoría de la separación y control del poder, hacer efectivos los postulados del Estado social y democrático de derecho. Por esta razón, la investigación que se presenta en este libro constituye un análisis desde el punto de vista teórico-constitucional sobre el concepto, vicisitudes, tendencias y alcance del control político en los Estados modernos y sus traslapos con el control jurisdiccional de constitucionalidad, en lo que hace referencia al control sobre las decisiones políticas. Además, sienta la base jurídica conceptual para la delimitación de dichas tipologías de control luego de una seria disección del caso colombiano a partir de la función que actualmente cumple la Corte Constitucional colombiana. La presente obra constituye la primera compilación en el derecho constitucional colombiano sobre los mecanismos de control político, donde se exponen, plantean, critican y proponen diversas herramientas y estrategias tanto legales como constitucionales para dinamizar, potencializar y renovar el ejercicio del control político en Colombia, pilar necesario para la construcción de una auténtica democracia constitucional.Por esta razón, la investigación que se presenta en este libro constituye un análisis desde el punto de vista teórico-constitucional sobre el concepto, vicisitudes, tendencias y alcance del control político en los Estados modernos y sus traslapos con el control jurisdiccional de constitucionalidad, en lo que hace referencia al control sobre las decisiones políticas.

El libro que ahora se presenta a la comunidad académica tiene como objetivo principal aportar al análisis y a la discusión que sobre un tema trascendental para el mundo jurídico colombiano deben hacerse, en tanto aborda un elemento fundacional de nuestra organización jurídico-política, como es el carácter de Estado social que nuestra Constitución consagra a lo largo de su texto, y que utiliza como principio definitorio en el artículo 1.°.El Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia hizo una apuesta que no se vislumbraba fácil, pero que consideramos era el único camino adecuado para abordar este tema: evaluar y valorar el desarrollo y la concreción real que en situaciones precisas o respecto de grupos específicos han tenido algunos de los DESC, reconocidos en nuestro orden constitucional, luego de casi 30 años de haber iniciado su vigencia la Constitución de 1991. Apuesta que, así expresada, merece alguna explicación. El presente tomo aborda los DESC tomando como referencia derechos concretos o grupos poblacionales, y realiza una aproximación a las dificultades que actores o comunidades concretos han tenido con ocasión de su defensa. Con ello esperamos contribuir en alguna medida a mejorar la situación evidenciada en materia de los DESC, ahora, 28 años después de haber entrado en vigor la Constitución de 1991.

Durante las últimas décadas el derecho público ha entrado en un importante proceso de cambio. Sin lugar a duda, la globalización, la internacionalización de las relaciones de los Estados y la humanización del derecho internacional han jugado roles importantes en ello; sin embargo, con el paso de los años aumentan los factores que lo impulsan a continuar transformándose y renovándose. A modo de ejemplo basta con ver cómo gana mayor relevancia comprender el derecho administrativo, no solo como una rama del derecho público, sino como un elemento que integra a este último a la vez que interactúa dinámicamente con el derecho constitucional y el derecho internacional. Es así como, con el transcurrir del tiempo, el derecho internacional y el derecho constitucional se han vuelto herramientas útiles para interpretar el derecho administrativo, para repensar su alcance, su estructura y su funcionamiento. Estas nuevas formas de comprender el derecho administrativo han irradiado todos y cada uno de los temas que comprende este último; en particular respecto de una de sus vértebras, la contratación estatal. En tal sentido es necesario recordar que el contrato estatal, pese a su origen prístino en el derecho privado, fue concebido como una herramienta para alcanzar los fines esenciales del Estado y, por tanto, para materializar los presupuestos constitucionales del Estado social de derecho. Es así como el contrato estatal ha sido determinante a la hora de avanzar en la satisfacción de las necesidades sociales, consolidándose en torno a principios del derecho público, a la par que al principio de la autonomía de la voluntad del derecho privado. Ahora bien, pese a que el contrato estatal siempre ha sido una herramienta particularmente útil para el ejercicio de las actividades de la Administración y la consecución de los fines esenciales del Estado, la evolución (social, económica, institucional y tecnológica) ha obligado a empezar a repensar si la contratación estatal es lo suficientemente eficiente para conseguir su cometido. Es así como ya no basta con entender el contrato estatal como un simple instrumento para cumplir las funciones del Estado, por el contrario, ahora es necesario pensar en la contratación pública como un mecanismo estratégico a través del cual también se logran transformaciones positivas y sustanciales dentro de la sociedad y el Estado, que permite la incidencia del gasto público en la economía nacional y que propicia el crecimiento de los países.

La obra Los acuerdos marco de precios en Colombia: enfoques y desafíos presenta un estudio transversal e integral sobre el régimen jurídico de los acuerdos marco de precios en nuestro país. Analiza, desde diferentes aristas, el origen, el alcance y la utilidad que tienen los acuerdos marco de precios y, a partir de una revisión académica, propone, desde Colombia, nuevas perspectivas frente a esta controversial figura de la contratación estatal. Se trata, en realidad, de una iniciativa sin precedentes, pues, si bien es cierto existe, tanto en el país como en la región, una amplia literatura sobre la contratación pública, no se disponía aún de una obra dedicada al estudio minucioso y detallado de los acuerdos marcos de precios, como lo es esta.El volumen se compone por seis capítulos. El primero de ellos hace un estudio teórico de los acuerdos marco de precios. El segundo, ofrece un análisis comparado de los diferentes diseños de los modelos de compras públicas en América Latina. El tercero se aproxima de manera concreta al proceso de estandarización de los acuerdos marcos de precios y su implementación en Colombia. El cuarto contiene una revisión exhaustiva del régimen jurídico de los acuerdos marco de precios en el país. El quinto se aproxima a ellos desde la perspectiva de los procesos administrativos sanciona- torios. El sexto y último utiliza el instrumentalismo jurídico para interpretar la manera como se utilizan en Colombia estos acuerdos.

Uno de los debates más interesantes sobre la justicia constitucional es el relativo a la jurisdiccionalización de lo político, es decir, la participación del juez constitucional en la definición de la dirección política del Estado cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad; esto porque el juez constitucional en ejercicio del control abstracto, puede excluir alternativas políticas contrarias a las orientaciones constitucionales o, incluso, amoldarlas a la Constitución. En opinión de Gustavo Zagrebelsky dicha jurisdiccionalización comporta, a su vez e inevitablemente, la politización de la justicia; que no es cosa diferente a actuar como órgano jurídico y político a la vez, y, además, la sumisión de los problemas políticos a la decisión de un tribunal u órgano jurisdiccional, que los dirimirá con base en criterios jurídicos en virtud de una sentencia judicial2.

En síntesis, el presente trabajo busca absolver los siguientes interrogantes: ¿por qué el ejercicio del control político es una práctica tan distante de la realidad constitucional ¿Debe el legislativo renunciar a esa competencia ¿Debe asumirla la Corte Constitucional La debilidad que actualmente afecta los sistemas de gobierno parlamentario y presidencial en el ejercicio del control político, adicional al paulatino robustecimiento del control judicial que ejercen los órganos de justicia constitucional, en lo que se ha denominado participación del juez constitucional en la adopción de decisiones políticas, sugiere un análisis y una respuesta conceptual precisa y correcta, acompasada de propuestas normativas e interpretativas que permitan, desde la teoría de la separación y control del poder, hacer efectivos los postulados del Estado social y democrático de derecho. Por esta razón, la investigación que se presenta en este libro constituye un análisis desde el punto de vista teórico-constitucional sobre el concepto, vicisitudes, tendencias y alcance del control político en los Estados modernos y sus traslapos con el control jurisdiccional de constitucionalidad, en lo que hace referencia al control sobre las decisiones políticas. Además, sienta la base jurídica conceptual para la delimitación de dichas tipologías de control luego de una seria disección del caso colombiano a partir de la función que actualmente cumple la Corte Constitucional colombiana. La presente obra constituye la primera compilación en el derecho constitucional colombiano sobre los mecanismos de control político, donde se exponen, plantean, critican y proponen diversas herramientas y estrategias tanto legales como constitucionales para dinamizar, potencializar y renovar el ejercicio del control político en Colombia, pilar necesario para la construcción de una auténtica democracia constitucional.La debilidad que actualmente afecta los sistemas de gobierno parlamentario y presidencial en el ejercicio del control político, adicional al paulatino robustecimiento del control judicial que ejercen los órganos de justicia constitucional, en lo que se ha denominado participación del juez constitucional en la adopción de decisiones políticas, sugiere un análisis y una respuesta conceptual precisa y correcta, acompasada de propuestas normativas e interpretativas que permitan, desde la teoría de la separación y control del poder, hacer efectivos los postulados del Estado social y democrático de derecho. Por esta razón, la investigación que se presenta en este libro constituye un análisis desde el punto de vista teórico-constitucional sobre el concepto, vicisitudes, tendencias y alcance del control político en los Estados modernos y sus traslapos con el control jurisdiccional de constitucionalidad, en lo que hace referencia al control sobre las decisiones políticas. Además, sienta la base jurídica conceptual para la delimitación de dichas tipologías de control luego de una seria disección del caso colombiano a partir de la función que actualmente cumple la Corte Constitucional colombiana. La presente obra constituye la primera compilación en el derecho constitucional colombiano sobre los mecanismos de control político, donde se exponen, plantean, critican y proponen diversas herramientas y estrategias tanto legales como constitucionales para dinamizar, potencializar y renovar el ejercicio del control político en Colombia, pilar necesario para la construcción de una auténtica democracia constitucional.Por esta razón, la investigación que se presenta en este libro constituye un análisis desde el punto de vista teórico-constitucional sobre el concepto, vicisitudes, tendencias y alcance del control político en los Estados modernos y sus traslapos con el control jurisdiccional de constitucionalidad, en lo que hace referencia al control sobre las decisiones políticas.

El libro que ahora se presenta a la comunidad académica tiene como objetivo principal aportar al análisis y a la discusión que sobre un tema trascendental para el mundo jurídico colombiano deben hacerse, en tanto aborda un elemento fundacional de nuestra organización jurídico-política, como es el carácter de Estado social que nuestra Constitución consagra a lo largo de su texto, y que utiliza como principio definitorio en el artículo 1.°.El Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia hizo una apuesta que no se vislumbraba fácil, pero que consideramos era el único camino adecuado para abordar este tema: evaluar y valorar el desarrollo y la concreción real que en situaciones precisas o respecto de grupos específicos han tenido algunos de los DESC, reconocidos en nuestro orden constitucional, luego de casi 30 años de haber iniciado su vigencia la Constitución de 1991. Apuesta que, así expresada, merece alguna explicación. El presente tomo aborda los DESC tomando como referencia derechos concretos o grupos poblacionales, y realiza una aproximación a las dificultades que actores o comunidades concretos han tenido con ocasión de su defensa. Con ello esperamos contribuir en alguna medida a mejorar la situación evidenciada en materia de los DESC, ahora, 28 años después de haber entrado en vigor la Constitución de 1991.

Durante las últimas décadas el derecho público ha entrado en un importante proceso de cambio. Sin lugar a duda, la globalización, la internacionalización de las relaciones de los Estados y la humanización del derecho internacional han jugado roles importantes en ello; sin embargo, con el paso de los años aumentan los factores que lo impulsan a continuar transformándose y renovándose. A modo de ejemplo basta con ver cómo gana mayor relevancia comprender el derecho administrativo, no solo como una rama del derecho público, sino como un elemento que integra a este último a la vez que interactúa dinámicamente con el derecho constitucional y el derecho internacional. Es así como, con el transcurrir del tiempo, el derecho internacional y el derecho constitucional se han vuelto herramientas útiles para interpretar el derecho administrativo, para repensar su alcance, su estructura y su funcionamiento. Estas nuevas formas de comprender el derecho administrativo han irradiado todos y cada uno de los temas que comprende este último; en particular respecto de una de sus vértebras, la contratación estatal. En tal sentido es necesario recordar que el contrato estatal, pese a su origen prístino en el derecho privado, fue concebido como una herramienta para alcanzar los fines esenciales del Estado y, por tanto, para materializar los presupuestos constitucionales del Estado social de derecho. Es así como el contrato estatal ha sido determinante a la hora de avanzar en la satisfacción de las necesidades sociales, consolidándose en torno a principios del derecho público, a la par que al principio de la autonomía de la voluntad del derecho privado. Ahora bien, pese a que el contrato estatal siempre ha sido una herramienta particularmente útil para el ejercicio de las actividades de la Administración y la consecución de los fines esenciales del Estado, la evolución (social, económica, institucional y tecnológica) ha obligado a empezar a repensar si la contratación estatal es lo suficientemente eficiente para conseguir su cometido. Es así como ya no basta con entender el contrato estatal como un simple instrumento para cumplir las funciones del Estado, por el contrario, ahora es necesario pensar en la contratación pública como un mecanismo estratégico a través del cual también se logran transformaciones positivas y sustanciales dentro de la sociedad y el Estado, que permite la incidencia del gasto público en la economía nacional y que propicia el crecimiento de los países.