Durante las últimas décadas el derecho público ha entrado en un importante proceso de cambio. Sin lugar a duda, la globalización, la internacionalización de las relaciones de los Estados y la humanización del derecho internacional han jugado roles importantes en ello; sin embargo, con el paso de los años aumentan los factores que lo impulsan a continuar transformándose y renovándose. A modo de ejemplo basta con ver cómo gana mayor relevancia comprender el derecho administrativo, no solo como una rama del derecho público, sino como un elemento que integra a este último a la vez que interactúa dinámicamente con el derecho constitucional y el derecho internacional. Es así como, con el transcurrir del tiempo, el derecho internacional y el derecho constitucional se han vuelto herramientas útiles para interpretar el derecho administrativo, para repensar su alcance, su estructura y su funcionamiento. Estas nuevas formas de comprender el derecho administrativo han irradiado todos y cada uno de los temas que comprende este último; en particular respecto de una de sus vértebras, la contratación estatal. En tal sentido es necesario recordar que el contrato estatal, pese a su origen prístino en el derecho privado, fue concebido como una herramienta para alcanzar los fines esenciales del Estado y, por tanto, para materializar los presupuestos constitucionales del Estado social de derecho. Es así como el contrato estatal ha sido determinante a la hora de avanzar en la satisfacción de las necesidades sociales, consolidándose en torno a principios del derecho público, a la par que al principio de la autonomía de la voluntad del derecho privado. Ahora bien, pese a que el contrato estatal siempre ha sido una herramienta particularmente útil para el ejercicio de las actividades de la Administración y la consecución de los fines esenciales del Estado, la evolución (social, económica, institucional y tecnológica) ha obligado a empezar a repensar si la contratación estatal es lo suficientemente eficiente para conseguir su cometido. Es así como ya no basta con entender el contrato estatal como un simple instrumento para cumplir las funciones del Estado, por el contrario, ahora es necesario pensar en la contratación pública como un mecanismo estratégico a través del cual también se logran transformaciones positivas y sustanciales dentro de la sociedad y el Estado, que permite la incidencia del gasto público en la economía nacional y que propicia el crecimiento de los países.

Durante las últimas décadas el derecho público ha entrado en un importante proceso de cambio. Sin lugar a duda, la globalización, la internacionalización de las relaciones de los Estados y la humanización del derecho internacional han jugado roles importantes en ello; sin embargo, con el paso de los años aumentan los factores que lo impulsan a continuar transformándose y renovándose. A modo de ejemplo basta con ver cómo gana mayor relevancia comprender el derecho administrativo, no solo como una rama del derecho público, sino como un elemento que integra a este último a la vez que interactúa dinámicamente con el derecho constitucional y el derecho internacional. Es así como, con el transcurrir del tiempo, el derecho internacional y el derecho constitucional se han vuelto herramientas útiles para interpretar el derecho administrativo, para repensar su alcance, su estructura y su funcionamiento. Estas nuevas formas de comprender el derecho administrativo han irradiado todos y cada uno de los temas que comprende este último; en particular respecto de una de sus vértebras, la contratación estatal. En tal sentido es necesario recordar que el contrato estatal, pese a su origen prístino en el derecho privado, fue concebido como una herramienta para alcanzar los fines esenciales del Estado y, por tanto, para materializar los presupuestos constitucionales del Estado social de derecho. Es así como el contrato estatal ha sido determinante a la hora de avanzar en la satisfacción de las necesidades sociales, consolidándose en torno a principios del derecho público, a la par que al principio de la autonomía de la voluntad del derecho privado. Ahora bien, pese a que el contrato estatal siempre ha sido una herramienta particularmente útil para el ejercicio de las actividades de la Administración y la consecución de los fines esenciales del Estado, la evolución (social, económica, institucional y tecnológica) ha obligado a empezar a repensar si la contratación estatal es lo suficientemente eficiente para conseguir su cometido. Es así como ya no basta con entender el contrato estatal como un simple instrumento para cumplir las funciones del Estado, por el contrario, ahora es necesario pensar en la contratación pública como un mecanismo estratégico a través del cual también se logran transformaciones positivas y sustanciales dentro de la sociedad y el Estado, que permite la incidencia del gasto público en la economía nacional y que propicia el crecimiento de los países.

Durante las últimas décadas el derecho público ha entrado en un importante proceso de cambio. Sin lugar a duda, la globalización, la internacionalización de las relaciones de los Estados y la humanización del derecho internacional han jugado roles importantes en ello; sin embargo, con el paso de los años aumentan los factores que lo impulsan a continuar transformándose y renovándose. A modo de ejemplo basta con ver cómo gana mayor relevancia comprender el derecho administrativo, no solo como una rama del derecho público, sino como un elemento que integra a este último a la vez que interactúa dinámicamente con el derecho constitucional y el derecho internacional. Es así como, con el transcurrir del tiempo, el derecho internacional y el derecho constitucional se han vuelto herramientas útiles para interpretar el derecho administrativo, para repensar su alcance, su estructura y su funcionamiento. Estas nuevas formas de comprender el derecho administrativo han irradiado todos y cada uno de los temas que comprende este último; en particular respecto de una de sus vértebras, la contratación estatal. En tal sentido es necesario recordar que el contrato estatal, pese a su origen prístino en el derecho privado, fue concebido como una herramienta para alcanzar los fines esenciales del Estado y, por tanto, para materializar los presupuestos constitucionales del Estado social de derecho. Es así como el contrato estatal ha sido determinante a la hora de avanzar en la satisfacción de las necesidades sociales, consolidándose en torno a principios del derecho público, a la par que al principio de la autonomía de la voluntad del derecho privado. Ahora bien, pese a que el contrato estatal siempre ha sido una herramienta particularmente útil para el ejercicio de las actividades de la Administración y la consecución de los fines esenciales del Estado, la evolución (social, económica, institucional y tecnológica) ha obligado a empezar a repensar si la contratación estatal es lo suficientemente eficiente para conseguir su cometido. Es así como ya no basta con entender el contrato estatal como un simple instrumento para cumplir las funciones del Estado, por el contrario, ahora es necesario pensar en la contratación pública como un mecanismo estratégico a través del cual también se logran transformaciones positivas y sustanciales dentro de la sociedad y el Estado, que permite la incidencia del gasto público en la economía nacional y que propicia el crecimiento de los países.