Mónica-Liliana Ibagón-Ibagón – författare

Los instrumentos de actuación consensuales, bajo los cuales se encuentran los contratos estatales, adquieren un significado creciente como una forma destacada de cooperación en la relación entre particulares y el Estado. Las tareas administrativas no son realizadas (o no de la forma aspirada) mediante el instrumento soberano unilateral de la ley y de los medios de administración soberana accesorios de la ley. El contrato estatal es un instrumento de realización de los derechos fundamentales. Los contratos estatales fomentan, con fundamento en el consenso y la cooperación, la aceptación de las decisiones y la paz jurídica. Los contratos posibilitan el uso del know-how privado por parte de la administración pública, ante las escasas fuentes personales y financieras delEstado. Además, los contratos estatales contribuyen a un ejercicio de las tareas públicas de forma concreta y ajustada al caso específico, así como una reacción flexible y económica del Estado a los conflictos e intereses de la sociedad, cada vez más cambiantes. Por otro lado, dichos contratos contribuyen a la efectividad de las decisiones, al mejoramiento de la eficiencia del cumplimiento de tareas públicas y a evitar la pérdida de legitimación; así como al aseguramiento de las condiciones financieras de las actuaciones estatales. Los contratos estatales tienen elementos de democracia directa porque el ciudadano es incluido en el proceso de toma de decisiones, en especial en la determinación de las consecuencias jurídicas; con ello, participa y se hace corresponsable

La jurisprudencia del Consejo de Estado en materia contractual no ha sido muy estable, pues ha definido la caracterización de las diversas instituciones contractuales a partir de fallos puntuales sobre los cuales ha vuelto con posterioridad. Por su parte, el legislador suele reaccionar con más emotividad y premura que reflexión, amoldando la normatividad a las tendencias del momento, sin conciencia de la fragilidad y temporalidad de las nociones modificadas, que pronto son revaluadas por la misma jurisprudencia. La regulación positiva se apoya así, en ocasiones, en concepciones abandonadas. Lejos de ser un problema teórico abstracto, la inestabilidad tiene repercusiones prácticas enormes que dejan al operador jurídico, llámese Administración, proponente, contratista, órgano de control o juez, en gran incertidumbre sobre el régimen concreto que debe retener y aplicar. Temas como la subsanabilidad de las ofertas, el perfeccionamiento de los contratos, las autorizaciones constitucionales para contratar, los plazos de liquidación de los contratos, la nulidad de estos derivada de problemas de planeación, o el sentido de las restituciones mutuas fruto de la anulación de contratos ilustran a la vez la dificultad de retener ideas claras sobre ellos y las graves consecuencias de la incertidumbre conceptual.