Patrick Ball – författare
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Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2018 se acrecentaba un debate nacional sobre cuál era la cifra correcta de líderes sociales asesinados. Ese año Dejusticia y HRDAG publicamos el primer informe en el que estimamos el universo de líderes sociales asesinados en Colombia y expusimos los motivos por los que es natural que haya distintas cifras. Además, mostramos que seis fuentes de información tenían resultados diferentes, pero que al unirlos podíamos usar un método estadístico conocido como "captura-recaptura" para estimar el subregistro en el universo de líderes sociales asesinados y que la estimación era muy cercana al total documentado por las organizaciones en su conjunto. Un año después publicamos nuestro segundo informe en el que actualizamos los datos a 2018.Cinco años después actualizamos este ejercicio para incluir el periodo de 2019 a 2023 (ver Tabla 2). Para este periodo nos limitamos a tres de las seis organizaciones originales. Aquí mostramos que aunque ha habido una disminución en el asesinato a líderes sociales desde el 2020, los niveles actuales son superiores a los del 2016 o 2017. También, evidenciamos que si bien las organizaciones en su conjunto siguen acercándose al universo, el subregistro en estos años presenta los niveles más altos registrados, aunque con una tendencia a la disminución.En estos tres informes hemos insistido en la importancia de tener múltiples bases de datos que documenten esta problemática para así poder utilizar métodos estadísticos, estimar el universo de líderes asesinados y reconocer el subregistro. Más allá del ejercicio estadístico en sí mismo, consideramos que la estimación permite reconocer que todas las vidas cuentan y que, aunque no podamos tener sus nombres y apellidos, hay líderes o defensores cuyos homicidios no son documentados y merecen ser contados.
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Este análisis de Dejusticia y del Human Rights Data Analysis Group agrupa la información compilada por distintas organizaciones sobre los homicidios de líderes sociales en el país y concluye, a través de un método estadístico, que la problemática tiene una magnitud mayor a la que se reporta.Se realizó la estimación con el insumo de las cifras de seis distintas instituciones que hacen un seguimiento a la evolución de la temática en Colombia. Se tomaron los datos de las organizaciones de la sociedad civil: Somos Defensores, Indepaz y Cumbre Agraria, así como del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Defensoría del Pueblo y la organización internacional Front Line Defenders. Y a partir de ellos, se estimó el número total de líderes asesinados en 2016 y 2017 por medio de una metodología que permite incluir aquellos casos que nunca fueron documentados.La metodología es conocida como método bayesiano no paramétrico de clase latente y captura-recaptura (LCMCR por sus siglas en inglés). El modelo toma uno a uno los asesinatos reportados por las organizaciones, y con base en el análisis de la cantidad de casos coincidentes entre ellas, estima los homicidios que nunca fueron documentados. Al aplicar el método se pudo constatar que existe un subconteo en los asesinatos a líderes sociales en el país, incluso por parte de las organizaciones que más realizaron reportes.Contrario al argumento tradicional de que la disparidad de las cifras genera incertidumbre, si se toma el trabajo de cada una de las organizaciones y se analiza en conjunto el panorama que presentan, los resultados permiten una aproximación más cercana a la realidad. Esta consolidación de información hace posible la realización de estudios como éste, que amplían el panorama de análisis de la situación. Sin embargo, aunque la suma del trabajo de las organizaciones es cercana a la realidad, en su conjunto continúa habiendo un subconteo. De hecho, la diferencia entre el reporte de las organizaciones y el total de líderes sociales asesinados aumentó entre 2016 y 2017.El documento demuestra que la violencia contra líderes sociales es mayor a la que reportan las organizaciones y además, la violencia letal sí aumentó entre 2016 y 2017, probablemente en 10% o más, por lo que resulta urgente que se tomen medidas eficaces para dar fin a esta problemática, para lo cual, a su vez, es necesario escuchar los pedidos de las organizaciones de líderes sociales.