Valentina Rozo Angel – författare
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Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2018 se acrecentaba un debate nacional sobre cuál era la cifra correcta de líderes sociales asesinados. Ese año Dejusticia y HRDAG publicamos el primer informe en el que estimamos el universo de líderes sociales asesinados en Colombia y expusimos los motivos por los que es natural que haya distintas cifras. Además, mostramos que seis fuentes de información tenían resultados diferentes, pero que al unirlos podíamos usar un método estadístico conocido como "captura-recaptura" para estimar el subregistro en el universo de líderes sociales asesinados y que la estimación era muy cercana al total documentado por las organizaciones en su conjunto. Un año después publicamos nuestro segundo informe en el que actualizamos los datos a 2018.Cinco años después actualizamos este ejercicio para incluir el periodo de 2019 a 2023 (ver Tabla 2). Para este periodo nos limitamos a tres de las seis organizaciones originales. Aquí mostramos que aunque ha habido una disminución en el asesinato a líderes sociales desde el 2020, los niveles actuales son superiores a los del 2016 o 2017. También, evidenciamos que si bien las organizaciones en su conjunto siguen acercándose al universo, el subregistro en estos años presenta los niveles más altos registrados, aunque con una tendencia a la disminución.En estos tres informes hemos insistido en la importancia de tener múltiples bases de datos que documenten esta problemática para así poder utilizar métodos estadísticos, estimar el universo de líderes asesinados y reconocer el subregistro. Más allá del ejercicio estadístico en sí mismo, consideramos que la estimación permite reconocer que todas las vidas cuentan y que, aunque no podamos tener sus nombres y apellidos, hay líderes o defensores cuyos homicidios no son documentados y merecen ser contados.
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Los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de especial protección y sus derechos deben prevalecer sobre los de las demás personas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, la garantía del derecho a la educación es fundamental, pues aparte de ser primordial para alcanzar el pleno desarrollo personal, es una herramienta para asegurar la igualdad de oportunidades, reconstruir vidas y crear una comunidad en el lugar de llegada.Los esfuerzos que el Gobierno colombiano ha adelantado para garantizar este derecho han permitido que miles de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela hayan ingresado al sistema educativo. Sin embargo, a nivel territorial aún existen circunstancias que limitan el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el acceso de esta población al sistema educativo y su promoción dentro de este. Asimismo, hay factores estructurales que afectan su permanencia en la escuela y que se agravan por situaciones como la ausencia de un estatus migratorio regular, la xenofobia y las diferencias curriculares, que pueden empujarlos a abandonar sus estudios.Con el objetivo de identificar las barreras que en la práctica limitan el acceso, promoción y permanencia de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano, Dejusticia, con el apoyo de Unicef, adelantó una investigación cualitativa que incluyó un diagnóstico en once municipios que han recibido números importantes de niños, niñas y adolescentes migrantes y que tienen diferentes niveles de capacidad institucional.Este documento presenta las barreras identificadas durante la investigación, las cuáles son analizadas en el marco de los estándares del derecho a la educación y de la respuesta del Estado colombiano para garantizarlo. A partir de los hallazgos y el análisis, el texto propone cinco recomendaciones de política pública dirigidas a diferentes instituciones de los niveles nacional y local, que esperamos contribuyan a que el Gobierno avance y consolide los esfuerzos adelantados hasta ahora para la garantía del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes en Colombia.