Lucia Ramirez Bolivar – författare

Migration and Decent Work: Challenges for the Global South takes a journey through nine countries in the global South—from Mexico to India to Argentina to Turkey—to explore the relationship between migration and work from a human rights perspective.Labor insertion is one of the most effective forms of integration because it allows migrants and refugees to enjoy more dignified living conditions, to contribute to the development of host communities, and to build relationships with the local population. But ensuring the right to work is a challenge for countries in the global South that have weak or developing economies and problems with job creation, which can force many people—not just migrants—to engage in precarious work and put themselves at risk of labor exploitation.Under these circumstances, advocating for migrants'' and refugees'' right to work is more urgent than ever. The recognition of decent work as a human right means that states may not pursue economic growth at the expense of the exploitation of migrants and refugees, but instead must seek to ensure opportunities and prosperity for all. In this regard, it is critical to foster discussions, such as the ones featured in this book, that facilitate the sharing of experiences and lessons learned on the labor conditions of migrants and refugees.The authors of the nine chapters in Migration and Decent Work are activists, academics, and members of civil society who have worked on the issue of migration from different angles and who address the challenge of migrants'' labor inclusion from an interdisciplinary and rights-based perspective. Their contributions offer an overview of migrants'' and refugees'' right to work in a range of countries in the global South based on an analysis of local contexts, public policies, and the everyday realities faced by these workers.In addition to offering local and global recommendations for ensuring the right to decent work for migrants and refugees, this book seeks to strengthen the human rights movement through collaboration and the sharing of experiences. The diversity of voices featured here offers a look at migration based on and intended for the global South.La diversidad de voces que reúne ofrece una mirada de la migración desde y para el Sur Global

Colombia es el principal país receptor de población proveniente de Venezuela en la región. Para atender a esta situación, el gobierno ha adelantado distintas acciones que van desde la atención humanitaria hasta la creación de permisos especiales para facilitar la regularización migratoria. Sin embargo, la vocación de permanencia de esta población evidenció la necesidad de avanzar hacia la implementación de políticas de integración socioeconómica, donde la inclusión laboral es un elemento clave.La inclusión laboral permite a las personas migrantes y refugiadas vivir en condiciones más dignas y contribuir al desarrollo de las comunidades de acogida. Sin embargo, garantizar el derecho al trabajo para esta población constituye un reto para un país como Colombia, con altas tasas de desempleo e informalidad. A pesar de los esfuerzos de distintos actores, aún persisten barreras en los procesos de inclusión laboral y desarrollo de emprendimientos, que limitan el acceso a un trabajo decente de las personas migrantes y refugiadas, y su permanencia en este.En este contexto, la investigación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela? presenta un análisis de las barreras que enfrenta esta población para insertarse en el mercado laboral, las cuales son analizadas en el marco de los estándares del derecho al trabajo y de la respuesta del Estado para garantizarlo. A partir de los hallazgos se proponen una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores del sector trabajo que tienen el ánimo de contribuir al avance de la inclusión laboral de la población migrante y refugiada y, en últimas, a garantizarles un trabajo digno.

Cerca de ocho millones de personas han salido de Venezuela en los últimos ocho años a causa de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa este país y el 37% de esta población se encuentra en Colombia, lo que lo convierte en el principal país receptor. Las personas migrantes llegan a Colombia con una serie de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con sus derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la educación, y una vez en Colombia siguen enfrentando barreras para que se les garanticen sus derechos. Estas barreras se agravan en el caso de las personas que han tenido que migrar informalmente y que no pueden acceder a un estatus migratorio regular y estable. Por ejemplo, las personas migrantes en situación irregular no pueden acceder a servicios de salud a excepción de las urgencias.En este contexto, la investigación "Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: entre estándares normativos y barreras prácticas" analiza el alcance del derecho a las atenciones en salud para esta población y formula recomendaciones que contribuyan a ampliar y fortalecer su acceso a los servicios de salud. Para alcanzar el objetivo, este documento ofrece un análisis en dos perspectivas: una normativa y otra práctica, así como una mirada transversal desde la interseccionalidad, que incluye una atención particular a la situación de grupos históricamente discriminados, como las mujeres y los niños, niñas y adolescentes y un enfoque diferencial para la formulación de las recomendaciones.

Las mujeres y las personas LGBTIQ+ (Lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer) enfrentaron diversos tipos de violencias en el conflicto armado, sin embargo, las violencias sexual y por prejuicio las afectaron de manera diferenciada y desproporcionada. A pesar de ello, este tipo de violencias no han sido tan visibles como otras, pues son difíciles de denunciar y las víctimas temen enfrentar estigmatizaciones y revictimizaciones. Ante este escenario, para superar la impunidad frente a estos hechos los actores judiciales se enfrentan al desafío de comprender estas formas de violencia y sus características particulares, para construir estrategias que logren hacerlas visibles, eviten prácticas discriminatorias y revictimizantes y al mismo tiempo se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Somos conscientes de las dificultades de investigar este tipo de violencias, pero consideramos que hay avances y aprendizajes desde la justicia ordinaria que pueden ser ilustrativos. Por eso, en esta cartilla unificamos estos distintos instrumentos y contenidos de tal manera que sean de utilidad para las y los funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz para construir las vías de investigación que atiendan a las particularidades de estas violencias.

En noviembre de 2020, en medio de la emergencia provocada por la pandemia del Covid-19, el huracán Iota conmocionó a los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Durante su paso por Providencia, Iota destruyó el 98% de la infraestructura de la isla, dejando a sus comunidades en una situación de profunda crisis, cuyas secuelas todavía hoy son palpables. Este evento climático extremo impactó en múltiples dimensiones la vida de los habitantes de la isla como en sus medios de subsistencia, sus ecosistemas, la cultura, la seguridad, los servicios de salud y educación, así como sus casas e infraestructura. Esta investigación asume una perspectiva de género y étnica para estudiar los impactos del paso del huracán Iota sobre las mujeres de Providencia, con el fin de proponer claves interpretativas y recomendaciones para afrontar los fenómenos climáticos producto del calentamiento global de una forma más resiliente y desde una perspectiva que ponga en el centro la vida, la dignidad, la perspectiva y saberes de las comunidades ancestrales y nativas al Archipiélago. Utilizando las herramientas teóricas y metodológicas de la ecología política feminista, y centrando las memorias y experiencias de las mujeres de Providencia, este documento busca aportar a la literatura sobre cambio climático y género al proponer guías interpretativas para iluminar las cargas y desigualdades de género que se exacerban en el marco de fenómenos climáticos extremos y de los subsecuentes procesos de reconstrucción.

Los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de especial protección y sus derechos deben prevalecer sobre los de las demás personas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, la garantía del derecho a la educación es fundamental, pues aparte de ser primordial para alcanzar el pleno desarrollo personal, es una herramienta para asegurar la igualdad de oportunidades, reconstruir vidas y crear una comunidad en el lugar de llegada.Los esfuerzos que el Gobierno colombiano ha adelantado para garantizar este derecho han permitido que miles de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela hayan ingresado al sistema educativo. Sin embargo, a nivel territorial aún existen circunstancias que limitan el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el acceso de esta población al sistema educativo y su promoción dentro de este. Asimismo, hay factores estructurales que afectan su permanencia en la escuela y que se agravan por situaciones como la ausencia de un estatus migratorio regular, la xenofobia y las diferencias curriculares, que pueden empujarlos a abandonar sus estudios.Con el objetivo de identificar las barreras que en la práctica limitan el acceso, promoción y permanencia de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano, Dejusticia, con el apoyo de Unicef, adelantó una investigación cualitativa que incluyó un diagnóstico en once municipios que han recibido números importantes de niños, niñas y adolescentes migrantes y que tienen diferentes niveles de capacidad institucional.Este documento presenta las barreras identificadas durante la investigación, las cuáles son analizadas en el marco de los estándares del derecho a la educación y de la respuesta del Estado colombiano para garantizarlo. A partir de los hallazgos y el análisis, el texto propone cinco recomendaciones de política pública dirigidas a diferentes instituciones de los niveles nacional y local, que esperamos contribuyan a que el Gobierno avance y consolide los esfuerzos adelantados hasta ahora para la garantía del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes en Colombia.