Paula Valencia Cortes – författare
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En la JEP hay tensiones entre el ejercicio de participación de las víctimas, sus demandas de más participación, lo que es posible para dicha entidad, y los efectos restaurativos que emergen de la confluencia de estos aspectos. En este asunto hay un nudo difícil de resolver: lograr los fines restaurativos de la JEP requiere de la participación de las víctimas, pero, para algunas de ellas, el logro de los efectos restaurativos requiere profundizar la participación en un escenario que debe cumplir, principalmente, funciones jurisdiccionales. Si bien no pretendemos dar respuesta a esta dificultad, consideramos que al identificar de manera puntual los diversos factores que inciden en la participación se hacen visibles componentes sobre los cuales pueden recaer acciones más puntuales para buscar mayor equilibrio entre los fines restaurativos, la participación de las víctimas y las posibilidades de la JEP. Para llevar a cabo este trabajo realizamos 30 entrevistas semiestructuradas a funcionarios de la JEP, víctimas y representantes de víctimas para identificar tanto los factores que impactan la participación, como sus percepciones sobre los efectos restaurativos de esta.
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Las mujeres y las personas LGBTIQ+ (Lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer) enfrentaron diversos tipos de violencias en el conflicto armado, sin embargo, las violencias sexual y por prejuicio las afectaron de manera diferenciada y desproporcionada. A pesar de ello, este tipo de violencias no han sido tan visibles como otras, pues son difíciles de denunciar y las víctimas temen enfrentar estigmatizaciones y revictimizaciones. Ante este escenario, para superar la impunidad frente a estos hechos los actores judiciales se enfrentan al desafío de comprender estas formas de violencia y sus características particulares, para construir estrategias que logren hacerlas visibles, eviten prácticas discriminatorias y revictimizantes y al mismo tiempo se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Somos conscientes de las dificultades de investigar este tipo de violencias, pero consideramos que hay avances y aprendizajes desde la justicia ordinaria que pueden ser ilustrativos. Por eso, en esta cartilla unificamos estos distintos instrumentos y contenidos de tal manera que sean de utilidad para las y los funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz para construir las vías de investigación que atiendan a las particularidades de estas violencias.
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El Acuerdo de Paz de 2016 creó un modelo de justicia transicional dentro del que se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta está a cargo de la rendición de cuentas judicial, de imponer las sanciones a quienes fueran identificados como máximos responsables, y de otorgar otros tratamientos de justicia, como amnistías y renuncias a la persecución penal, a quienes no tuvieran dicha condición y además cumplieran con una serie de requisitos agrupados en lo que se denominó como régimen de condicionalidad. No obstante, pese a múltiples esfuerzos por parte de la JEP por poner en marcha los diferentes componentes de su mandato, la definición de la situación jurídica de quienes no son máximos responsables, pero participaron en los crímenes más graves y representativos está rezagada. Esta situación no garantiza la seguridad jurídica de los comparecientes, impide la satisfacción de los derechos de las víctimas y pone en riesgo las condiciones para la reintegración social de quienes cometieron crímenes en el marco del conflicto. En vista de esta situación, este documento busca comprender el estado de las decisiones sobre la situación jurídica de quienes no son máximos responsables en crímenes no amnistiables, entender dónde radican las principales dificultades y, a partir de ello, proponer algunos elementos para avanzar en una discusión pública que permita superar el retraso en el cumplimiento de este componente del mandato de la JEP.
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Las mujeres buscadoras han sido fundamentales para visibilizar la magnitud de la desaparicion forzada en el pais e impulsar avances normativos e institucionales. Sin embargo, su labor continua siendo poco reconocida y no cuenta con garantias adecuadas. Como resultado enfrentan multiples cargas: ademas de la ausencia de sus seres queridos, asumen el papel de sostenimiento economico de sus hogares, lideran procesos de busqueda y deben sobrellevar los vacios en la respuesta estatal. Este informe busca visibilizar los impactos que la desaparicion forzada y la busqueda de desaparecidos generan en los derechos sociales y economicos de las mujeres buscadoras, en particular en su estabilidad economica, su salud fisica y mental, sus oportunidades educativas y su vida social y comunitaria. Asimismo, recoge y sistematiza las recomendaciones que las propias buscadoras formularon en un espacio de intercambio y discusion que llevamos a cabo en marzo de 2025, para que las medidas de reparacion y atencion respondan de forma integral a sus necesidades y reivindicaciones. Estas recomendaciones son relevantes para la implementacion y reglamentacion de las normas que ordenan medidas de reparacion y que buscan dignificar la labor de las mujeres buscadoras.
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El documento presenta la oferta institucional del Estado colombiano para garantizar los derechos economicos y sociales de las victimas del conflicto armado, conforme a la Ley 1448 de 2011 y su reforma por parte de la Ley 2421 de 2024. Describe los principales programas y rutas de acceso en educacion, salud, trabajo, vivienda y mecanismos para victimas de desaparicion forzada. Entre otros, en educacion, se contemplan la gratuidad en colegios oficiales, apoyos para permanencia, alfabetizacion y acceso preferente a educacion superior mediante cupos especiales, creditos condonables del ICETEX y programas del SENA. En salud, el Programa de Atencion Psicosocial y Salud Integral (PAPSIVI) ofrece acompanamiento psicosocial y atencion medica integral con enfoque diferencial. En trabajo e ingresos, se destacan las rutas del Servicio Publico de Empleo, el SENA y el acompanamiento estatal para invertir indemnizaciones en proyectos productivos. En vivienda, las victimas tienen acceso prioritario a subsidios, programas de mejoramiento y al programa distrital "e;Mi Casa Bogota"e;, con distintos componentes de apoyo financiero y habitacional. Finalmente, se explican los mecanismos juridicos para las familias de personas desaparecidas: la declaracion de ausencia por desaparicion, que permite la administracion provisional de bienes, y la declaracion de muerte presunta, que habilita la sucesion patrimonial y el acceso a prestaciones. El texto busca facilitar el conocimiento y acceso de las victimas y funcionarios a esta oferta estatal como parte del proceso de reparacion integral.