Randy Villalba – författare
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Se ha demostrado que en los países donde se ha implementado el impuesto no ha habido pérdidas de puestos en las industrias afectadas ¿Por qué? por la propensión de los consumidores a comprar más de otros productos en el mismo sector. Al final se utilizará la misma mano de obra pero ahora en la producción donde se trasladó el nuevo gasto de los hogares.La alta productividad de la industria colombiana de bebidas le brinda la posibilidad de variar la producción sin tener que reconfigurar su planta de empleados ni incurrir en grandes costes, solo disminuir la capacidad de lo que produce la maquinaria dada la baja intensidad en trabajo, y más bien alta en capital (muy característico de esta industria). Por esto, los empleos fijos para esta industria no han aumentado pero las ventas sí lo han hecho en la última década. Más bien ha aumentado la contratación de personal administrativo y de ventas temporal (que son la mayoría de los trabajadores).Estos últimos son quienes potencialmente podrían ver las afectaciones en el corto plazo. Sin embargo, se han aumentado los esfuerzos en ventas y publicidad, en línea con los planes de reformulación que la misma industria ha anunciado. Esto quiere decir que ya se cuenta con toda la capacidad productiva y lo que quieren es aumentar las ventas vía estrategias publicitarias. Por lo tanto, tampoco se van a ver afectados los empleados temporales de ventas ya que fácilmente podrá ser trasladado su trabajo a los productos no gravados.
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El derecho a la reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos es uno de los pilares de la justicia transicional, y es un principio reconocido ampliamente tanto por la literatura como por estándares de derechos humanos. A pesar de su importancia, los programas administrativos de reparación suelen ser considerados políticas con altos costos y poco efectivas. Aún así, la literatura sobre reparaciones ha dejado de lado la pregunta por la viabilidad financiera de estos programas.Buscando acercarnos a esta pregunta, este texto aporta al análisis sobre la financiación de los programas administrativos de reparación, en particular la reparación de la violencia sexual, a partir de la experiencia colombiana. Así, analizamos cómo se definió la viabilidad financiera de la política de reparaciones creada en 2011, cómo se ha comportado el presupuesto destinado a las reparaciones entre 2012 y 2022, y cuál ha sido el lugar de la reparación por hechos de violencia sexual en este marco.Este estudio nos permite identificar elementos metodológicos, conceptuales y políticos importantes para establecer qué ha funcionado bien y qué ha sido problemático en este proceso. A partir de esto, discutimos factores que deben tenerse en cuenta en distintos contextos para garantizar programas sostenibles que satisfagan los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente los de las sobrevivientes de violencia sexual.