Diana Guarnizo Peralta – författare

Los siniestros viales se han convertido en uno de los mayores problemas para el país que conlleva graves consecuencias tanto para la economía y la salud, como para la estabilidad de las familias. Entre el periodo de 2005 a 2018 se registraron 90.720 fallecimientos por siniestralidad vial. Ubicando a la siniestralidad vial dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en Colombia durante los últimos 14 años. A lo largo de los años han sido diferentes los esfuerzos tanto normativos como de política pública emprendidos a nivel nacional y local para abordar la problemática de los siniestros viales. Sin embargo, Colombia no ha logrado reducir el número de personas que al año fallecen o presentan alguna lesión en las vías. Por ende, este documento pretende analizar la importancia y legitimidad de una regulación más estricta en seguridad vehicular para Colombia desde una perspectiva constitucional.

Cada año, millones de personas en todo el mundo mueren por causas prevenibles relacionadas con afectaciones a la salud pública, entre ellas, los siniestros de tránsito. Conscientes de la importancia del marco regulatorio en la mejora de las condiciones de movilidad, el Decenio de Acción para la Seguridad Vial recomendó la adopción de estándares en seguridad vehicular como uno de los pilares fundamentales. Sin embargo, la incorporación de estándares regulatorios más claros en materia de seguridad vehicular trae también nuevas preguntas para Colombia. La finalidad de este documento es, entonces, analizar, de manera sencilla y práctica, las implicaciones que traería para Colombia la incorporación de estándares internacionales en seguridad vehicular y cómo se armonizan estos con los compromisos adquiridos por el país en el marco de los acuerdos comerciales e inversión.

La situación de sobrepeso y obesidad es uno de los asuntos más urgentes en la agenda de salud global. América Latina es una de las regiones que reportan un alto consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados en el mundo, lo que hace a su población más vulnerable frente a enfermedades no transmisibles (ENTs). Con el fin de promover ambientes alimentarios y hábitos de consumo más saludables, la OMS y OPS han recomendado a los Estados que adopten un conjunto de medidas dentro de las que se encuentra la adopción de un etiquetado nutricional de advertencia basado en la mejor evidencia científica disponible.Distintos países de la región como Chile, México y Perú han adoptado el modelo de sellos de advertencia octagonal, el cual ha mostrado, además, su efectividad. Sin embargo, su adopción en estos y otros países de la región no ha sido fácil. La industria de ultraprocesados comestibles se ha opuesto a este modelo con argumentos que van desde lo económico, lo político y, también, lo jurídico. Frecuentemente ha argumentado que esta medida vulnera los acuerdos internacionales en materia económica pese a que la normativa internacional permite excepciones legítimas en favor de la salud pública.Esta publicación busca aportar al debate sobre la adopción de un etiquetado nutricional desde dos perspectivas. De una lado, desde una perspectiva legal, los autores reflexionan sobre los principales argumentos que se exponen en contra de esta medida de salud pública y aportan argumentos del derecho internacional para contestarlos; de otro lado, desde una perspectiva vivencial, los autores ofrecen un recuento de cómo lograron impulsar esta política de salud pública en sus países y cómo sortearon la oposición a esta. El libro es una reflexión desde el Sur Global hacia el mundo, sobre el etiquetado frontal de advertencia: una de las políticas de prevención de obesidad más importantes de los últimos años. Un libro para académicos, activistas y estudiosos de las interacciones entre salud pública, derecho y comercio internacional.

Se ha demostrado que en los países donde se ha implementado el impuesto no ha habido pérdidas de puestos en las industrias afectadas ¿Por qué? por la propensión de los consumidores a comprar más de otros productos en el mismo sector. Al final se utilizará la misma mano de obra pero ahora en la producción donde se trasladó el nuevo gasto de los hogares.La alta productividad de la industria colombiana de bebidas le brinda la posibilidad de variar la producción sin tener que reconfigurar su planta de empleados ni incurrir en grandes costes, solo disminuir la capacidad de lo que produce la maquinaria dada la baja intensidad en trabajo, y más bien alta en capital (muy característico de esta industria). Por esto, los empleos fijos para esta industria no han aumentado pero las ventas sí lo han hecho en la última década. Más bien ha aumentado la contratación de personal administrativo y de ventas temporal (que son la mayoría de los trabajadores).Estos últimos son quienes potencialmente podrían ver las afectaciones en el corto plazo. Sin embargo, se han aumentado los esfuerzos en ventas y publicidad, en línea con los planes de reformulación que la misma industria ha anunciado. Esto quiere decir que ya se cuenta con toda la capacidad productiva y lo que quieren es aumentar las ventas vía estrategias publicitarias. Por lo tanto, tampoco se van a ver afectados los empleados temporales de ventas ya que fácilmente podrá ser trasladado su trabajo a los productos no gravados.

En Colombia, el incremento de siniestros viales impacta desproporcionadamente a niños, niñas y adolescentes. Aunque la pandemia de COVID-19 generó una disminución temporal en estos eventos, la reactivación que la siguió ha provocado un aumento alarmante de estos eventos, exacerbado por el uso intensivo de vehículos privados y por conductas de conducción peligrosas.Este documento tiene dos objetivos esenciales: informar y sensibilizar sobre la grave situación de siniestralidad vial que afecta a la infancia, por un lado, y promover la incorporación de sistemas de retención infantil (SRI) como un componente crucial de las políticas nacionales de seguridad vial, por otro. Mediante un análisis detallado de estadísticas tanto nacionales como internacionales, el texto demuestra la imperiosa necesidad de adoptar medidas específicas de protección y además explora los desafíos asociados a su implementación, subrayando la importancia que tiene la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.Así, este documento no solo aborda una crisis de salud pública, sino que también plantea un marco para mejorar las políticas de seguridad vial, integrándolas a un contexto más amplio de salud pública y derechos humanos. Adicionalmente, se inscribe en los esfuerzos hechos por Dejusticia para tratar la seguridad vial como un asunto clave de salud pública y fomentar políticas que efectivamente reduzcan esta problemática.

The global burden of overweight and obesity is a pressing public health concern. Latin America, in particular, has high rates of consumption of sugary drinks and ultra-processed foods, making its population particularly vulnerable to non-communicable diseases (NCDs). To promote healthier eating environments and habits, the World Health Organization (WHO) and the Pan American Health Organization (PAHO) have recommended that countries adopt a set of measures, including front-of-package warning labels based on the best available scientific evidence.Several countries in the region, such as Chile, Mexico, and Peru, have adopted the octagonal warning label model, which has demonstrated its effectiveness. However, the adoption of these and other similar policies has faced significant challenges. The ultra-processed food industry has opposed these measures, citing economic, political, and legal concerns. In particular, they have frequently argued that such policies violate international trade agreements, despite the fact that international law allows for legitimate exceptions in favor of public health.This publication contributes to the debate on the adoption of front-of-package nutrition labeling from two perspectives. First, from a legal standpoint, the authors examine the main arguments against this public health measure and provide counterarguments based on international law. Second, from a lived experience perspective, the authors recount how they successfully advocated for this public health policy in their respective countries and overcame opposition.The book offers a perspective from the Global South on front-of-package warning labels, one of the most important obesity prevention policies in recent years. It is aimed at academics, activists, and scholars interested in the intersections of public health, law, and international trade.

El consumo de tabaco, alcohol y productos ultraprocesados está relacionado con el incremento de enfermedades no transmisibles, las cuales son responsables del 62% de las muertes en Colombia. La OMS recomienda desincentivar el consumo de estos productos por medio de políticas de prevención. Sin embargo, la adopción de estas políticas no ha sido rápida y muchas siguen sin adoptarse debido, en parte, a las acciones que estas industrias han desplegado en el debate público. ¿Cuáles son las tácticas utilizadas por estas tres industrias para interferir en las políticas de prevención de enfermedades en el país? ¿Es posible encontrar tácticas similares de acción entre estas industrias? El resultado de esta investigación es un catálogo amplio y variado de acciones con las que estas industrias, haciendo uso de estrategias replicables, buscan interferir, de manera directa e indirecta, en la construcción de la política pública. Dentro de dichas acciones se encuentra el cabildeo, el mercadeo agresivo, los acuerdos de autorregulación, entre otras. Argumentamos que, aunque son prácticas perfectamente legales, estas tácticas resultan lesivas al debate democrático.Esta publicación busca contribuir al debate sobre determinantes comerciales de la salud.Esta dirigida a salubristas, hacedores de política y personas interesadas en conocer cómo las industrias de productos no saludables intentan, y en algunas ocasiones logran, moldear las políticas públicas de prevención en salud en el país.

Esta investigación analiza el proceso de transición energética en La Guajira y examina si sus cargas y beneficios se distribuyen de manera justa. Con un enfoque sociojurídico y anfibio, que combina la etnografía y la investigación-acción participativa, este documento describe las desigualdades estructurales que afectan las comunidades Wayuu, explica sociológicamente cómo las prácticas de las empresas y el Estado reproducen estas desigualdades, y propone un análisis crítico desde las justicias distributiva y procedural. Al dialogar con las voces del territorio, se subrayan varias continuidades entre las "viejas y nuevas empresas" y su relacionamiento con el Estado, resaltando que esta transición se manifiesta como un ''extractivismo verde''. Este enfoque crítico revela cómo las soluciones para la crisis climática pueden replicar dinámicas de enclave, coloniales y extractivistas, concentrando beneficios en actores corporativos y cargando a las comunidades con las consecuencias. El estudio concluye que la transición energética, si bien es vital para enfrentar el cambio climático, puede perpetuar desigualdades históricas si no se aborda desde acuerdos claros con enfoque transformador, repensando los modelos de participación y beneficio, buscando la justicia epistémica e intergeneracional, para que estas comunidades sean protagonistas de un proceso profundamente equitativo y restaurativo.

America Latina ha liderado en la adopcion e implementacion de politicas de etiquetado frontal de advertencia en el mundo. En la actualidad al menos diez paises de esta region ya cuentan con etiquetados frontales y se discute su adopcion en Centroamerica, Africa y algunos paises del Sudeste Asiatico. Una medida que ha sido recomendada por la OMS y la OPS como adecuada para promover ambientes alimentarios mas saludables, mejorar los habitos de consumo y reducir la obesidad. Este libro busca profundizar en los argumentos legales, tanto de derechos humanos como de derecho economico que sustentan esta medida, al tiempo que documentar el proceso de adopcion de esta politica de salud publica en ocho paises Latinoamericanos: Mexico, Ecuador, Peru, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia. Tres anos despues de la primera edicion de este libro, las politicas de etiquetado se han seguido extendiendo y consolidando en America Latina mostrando la necesidad de ampliar el analisis de paises estudiados. Esta segunda edicion incluye, entonces, una revision de los capitulos de la primera edicion asi como dos capitulos nuevos con lo que busca ser una obra de referencia para todos aquellos que quieran explorar como ha sido la adopcion de politicas de etiquetado en la region y cuales sus principales desafios legales. Fiel al objetivo original, el libro busca aportar al debate sobre etiquetado nutricional conectando ambitos de discusion que no siempre se encuentran. De un lado, conecta argumentos de derechos humanos y salud publica con analisis propios del derecho economico para mostrar que la adopcion de este tipo de medidas puede armonizarse a la luz de cuerpos legales diversos. De otro lado, sigue la apuesta de conectar la experiencia del activismo y la practica legal con los debates academicos con el fin de ofrecer un conocimiento que parte de la experiencia practica pero que profundiza en la reflexion teorica.

El Acto Legislativo 01 de 2025 marco un hito para Colombia: reformo el articulo 65 de la Constitucion Politica para incluir el derecho humano a la alimentacion adecuada, un avance celebrado por muchos sectores. Aunque la reforma avanza en su reconocimiento constitucional, falta mucho para que este marco se transforme en leyes, politicas y reglamentos que contribuyan efectivamente a la alimentacion en el pais. Dejusticia, en asocio con profesores universitarios de distintas regiones, se unieron en esta obra colectiva, que tiene el objetivo de ahondar en distintas aproximaciones al derecho a la alimentacion; sus dilemas, desafios y oportunidades. Asi, buscamos "e;sembrar"e; ideas que les permitan a legisladores, hacedores de politica y academicos un adecuado desarrollo legal que contribuya a garantizar este derecho humano. El libro se divide en tres secciones. La primera explora criticamente la vision del alimento como mercancia, defendida principalmente por acuerdos comerciales internacionales. La segunda resalta los valores del alimento mas alla de lo nutricional, enfocandose en el trabajo local y colectivo, el valor de las semillas nativas, la alimentacion saludable en contextos universitarios y el rol de las mujeres en proyectos agroecologicos. La tercera invita a repensar este derecho en perspectiva biocultural, por medio de la experiencia de comunidades en Montes de Maria y la jurisprudencia comparada.

Through the financial support from the Open Society Foundations, Dejusticia developed a diagnostic research from eight countries, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama and Uruguay, regarding the access to palliative care, the institutional development and the guidelines, and the existing barriers of access to opioid medications – used for pain relief.This document is aimed at medical personnel, civil society organizations, policy makers, and any¬one interested in addressing the issue of palliative care from a human rights perspective. Although for years palliative care was confined to a strictly medical analysis, in recent times the international community and United Nations bodies have recognized palliative care as a human rights issue. This document seeks to demonstrate the many linkages between palliative care and human rights in terms of both the conception and the protection of palliative care.We hope this report serves as a useful tool for the medical community, patients, and patients'' fam¬ilies throughout the American continent who seek legal and human rights arguments to facilitate access to more humane end-of-life care, as well as for litigants and human rights activists who wish to protect and guarantee a life without pain for patients, including during their last days of life.

El mercadeo y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados tiene serios impactos para la salud global, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Aunque varios organismos internacionales recomiendan limitar dicha influencia, surge el debate sobre si dichas restricciones están legal y constitucionalmente justificadas en Colombia. Este documento intenta responder a este debate presentando los argumentos jurídicos de derecho internacional y constitucional que justifican esta medida. De tal forma, se exploran cuatro dimensiones del fenómeno: primero, el porqué es una preocupación central para la salud pública y los derechos humanos; segundo, cuáles son las recomendaciones internacionales más autorizadas en la materia; tercero, cuál es el marco de derechos humanos y de derecho constitucional colombiano que justifican el deber del Estado de regular estas prácticas; y cuarto, cómo dicha regulación es perfectamente coherente con el ordenamiento constitucional colombiano, en tanto que no limita la libertad de empresa, ni el derecho a la libre expresión y no es una práctica paternalista. Este documento concluye que la regulación del mercadeo y publicidad de estos productos está plenamente justificada atendiendo a las múltiples obligaciones internacionales y constitucionales en relación con los derechos de los niños y niñas a la alimentación, salud y su protección frente a los impactos de la industria. Sin embargo, persiste la ausencia de regulación pública y la confianza en mecanismos de autorregulación de la industria, los cuales se han mostrado ineficaces y no ajustados a estándares internacionales en materia de derechos humanos

En Colombia, más del 50 por ciento de la población adulta tiene exceso de peso. Las recomendaciones expertas han hecho un llamado a que se incluya en los regímenes fiscales un tributo al consumo de bebidas azucaradas que desincentive este hábito no saludable. Aunque la medida ha sido respaldada por la academia, parte del sector público, las organizaciones civiles y la población en general, aún no se cuenta con esta medida en el régimen fiscal del país. En este documento hacemos un análisis de los impactos directos e indirectos que tendría un impuesto a las bebidas azucaradas en el país y los retos en su implementación desde una visión económica y de los derechos humanos. Nuestro análisis señala que Colombia necesita una política fiscal que efectivamente aumente el precio relativo de las bebidas azucaradas y use el recaudo para ayudar a los hogares a internalizar la problemática. Dicha política puede llegar a ser progresiva si se implementa de la manera adecuada. En el corto plazo, el recaudo del tributo permitiría que se implementen otras políticas complementarias que incentiven a los colombianos a disminuir su consumo de bebidas azucaradas. En el mediano y largo plazo, a pesar de que caiga el recaudo, la disminución del consumo de bebidas azucaradas impactaría positivamente no sólo la salud de los colombianos, sino la productividad laboral y el bienestar de la población. El documento también señala algunos posibles retos en su implementación y sugiere algunas vías de cómo abordarlos.

Al año fallecen 1.35 millones de personas en el mundo como consecuencia de los siniestros viales. Estos son una de las principales causas de muerte y la primera entre personas de entre 15 y 29 años. A su vez, millones de personas ven afectado su estado de salud por la nociva calidad del aire que se respira, una de cada ocho muertes fueron atribuibles a los efectos de la contaminación atmosférica. Si bien muchos países han tomado medidas para mejorar los marcos regulatorios e institucionales necesarios para apoyar los esfuerzos en estas problemáticas. Hoy en día no todos los vehículos cuentan con las mismas características en seguridad o control de emisiones contaminantes, dado que no todos los países cuentan con la regulación internacional para ello.Estas diferencias, generan efectos directos e indirectos en torno a la protección de los derechos humanos, entre distintos grupos socioeconómicos y entre distintos países, en especial los del sur global. En este documento se abordará, porqué una ausencia de regulación en torno a los vehículos ha supuesto una carga importante para la salud de las personas, que se manifiesta en forma de traumatismos por siniestros viales y enfermedades respiratorias. La seguridad vehicular y la contaminación atmosférica son un asunto de salud de pública que debe ser abordado desde una perspectiva de derechos humanos para proteger y garantizar la vida, salud y medio ambiente de los ciudadanos.

La grave situación de derechos humanos que viven los niños y niñas Wayúu en la Alta y Media Guajira, llevó a que a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas cautelares en 2015 y a que la Corte Constitucional declarara un Estado de Cosas Inconstitucional en 2017. Aunque no hay duda de que La Guajira es uno de los territorios con mayores índices de pobreza y desigualdad del país, poco se conoce sobre la manera en que esta realidad se expresa en los territorios más dispersos del municipio de Uribia y cómo afecta sus condiciones de acceso al agua y el alimento.A partir de un análisis cualitativo de fuentes estadísticas y bibliográficas, como de diferentes datos recolectados en entrevistas semiestructuradas y trabajo en territorio, esta investigación aborda la posible relación entre la desigualdad económico-geográfica y el acceso a agua y alimentos de calidad en los ambientes escolares de Uribia. Su foco se centra en los entornos escolares por ser el lugar donde los niños y niñas Wayúu adquieren gran parte de los alimentos del día y adquieren hábitos alimentarios.Esta investigación hace parte de la serie Desigualdad Económica en Colombia Desde una Perspectiva de Derechos Humanos que impulsa Dejusticia. El documento busca dar luces sobre cómo la desigualdad socioeconómica, entendida aquí como la distribución geográfica de la pobreza en una relación de centro-periferia, se vincula con las condiciones accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad de alimentos y agua potable que tienen poblaciones altamente vulnerables y marginalizadas, como los niños y niñas Wayúu en la alta Guajira.