El mercadeo y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados tiene serios impactos para la salud global, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Aunque varios organismos internacionales recomiendan limitar dicha influencia, surge el debate sobre si dichas restricciones están legal y constitucionalmente justificadas en Colombia. Este documento intenta responder a este debate presentando los argumentos jurídicos de derecho internacional y constitucional que justifican esta medida. De tal forma, se exploran cuatro dimensiones del fenómeno: primero, el porqué es una preocupación central para la salud pública y los derechos humanos; segundo, cuáles son las recomendaciones internacionales más autorizadas en la materia; tercero, cuál es el marco de derechos humanos y de derecho constitucional colombiano que justifican el deber del Estado de regular estas prácticas; y cuarto, cómo dicha regulación es perfectamente coherente con el ordenamiento constitucional colombiano, en tanto que no limita la libertad de empresa, ni el derecho a la libre expresión y no es una práctica paternalista. Este documento concluye que la regulación del mercadeo y publicidad de estos productos está plenamente justificada atendiendo a las múltiples obligaciones internacionales y constitucionales en relación con los derechos de los niños y niñas a la alimentación, salud y su protección frente a los impactos de la industria. Sin embargo, persiste la ausencia de regulación pública y la confianza en mecanismos de autorregulación de la industria, los cuales se han mostrado ineficaces y no ajustados a estándares internacionales en materia de derechos humanos

El mercadeo y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados tiene serios impactos para la salud global, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Aunque varios organismos internacionales recomiendan limitar dicha influencia, surge el debate sobre si dichas restricciones están legal y constitucionalmente justificadas en Colombia. Este documento intenta responder a este debate presentando los argumentos jurídicos de derecho internacional y constitucional que justifican esta medida. De tal forma, se exploran cuatro dimensiones del fenómeno: primero, el porqué es una preocupación central para la salud pública y los derechos humanos; segundo, cuáles son las recomendaciones internacionales más autorizadas en la materia; tercero, cuál es el marco de derechos humanos y de derecho constitucional colombiano que justifican el deber del Estado de regular estas prácticas; y cuarto, cómo dicha regulación es perfectamente coherente con el ordenamiento constitucional colombiano, en tanto que no limita la libertad de empresa, ni el derecho a la libre expresión y no es una práctica paternalista. Este documento concluye que la regulación del mercadeo y publicidad de estos productos está plenamente justificada atendiendo a las múltiples obligaciones internacionales y constitucionales en relación con los derechos de los niños y niñas a la alimentación, salud y su protección frente a los impactos de la industria. Sin embargo, persiste la ausencia de regulación pública y la confianza en mecanismos de autorregulación de la industria, los cuales se han mostrado ineficaces y no ajustados a estándares internacionales en materia de derechos humanos

El mercadeo y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados tiene serios impactos para la salud global, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Aunque varios organismos internacionales recomiendan limitar dicha influencia, surge el debate sobre si dichas restricciones están legal y constitucionalmente justificadas en Colombia. Este documento intenta responder a este debate presentando los argumentos jurídicos de derecho internacional y constitucional que justifican esta medida. De tal forma, se exploran cuatro dimensiones del fenómeno: primero, el porqué es una preocupación central para la salud pública y los derechos humanos; segundo, cuáles son las recomendaciones internacionales más autorizadas en la materia; tercero, cuál es el marco de derechos humanos y de derecho constitucional colombiano que justifican el deber del Estado de regular estas prácticas; y cuarto, cómo dicha regulación es perfectamente coherente con el ordenamiento constitucional colombiano, en tanto que no limita la libertad de empresa, ni el derecho a la libre expresión y no es una práctica paternalista. Este documento concluye que la regulación del mercadeo y publicidad de estos productos está plenamente justificada atendiendo a las múltiples obligaciones internacionales y constitucionales en relación con los derechos de los niños y niñas a la alimentación, salud y su protección frente a los impactos de la industria. Sin embargo, persiste la ausencia de regulación pública y la confianza en mecanismos de autorregulación de la industria, los cuales se han mostrado ineficaces y no ajustados a estándares internacionales en materia de derechos humanos