Julian Gutierrez Martinez – författare

En Colombia, el incremento de siniestros viales impacta desproporcionadamente a niños, niñas y adolescentes. Aunque la pandemia de COVID-19 generó una disminución temporal en estos eventos, la reactivación que la siguió ha provocado un aumento alarmante de estos eventos, exacerbado por el uso intensivo de vehículos privados y por conductas de conducción peligrosas.Este documento tiene dos objetivos esenciales: informar y sensibilizar sobre la grave situación de siniestralidad vial que afecta a la infancia, por un lado, y promover la incorporación de sistemas de retención infantil (SRI) como un componente crucial de las políticas nacionales de seguridad vial, por otro. Mediante un análisis detallado de estadísticas tanto nacionales como internacionales, el texto demuestra la imperiosa necesidad de adoptar medidas específicas de protección y además explora los desafíos asociados a su implementación, subrayando la importancia que tiene la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.Así, este documento no solo aborda una crisis de salud pública, sino que también plantea un marco para mejorar las políticas de seguridad vial, integrándolas a un contexto más amplio de salud pública y derechos humanos. Adicionalmente, se inscribe en los esfuerzos hechos por Dejusticia para tratar la seguridad vial como un asunto clave de salud pública y fomentar políticas que efectivamente reduzcan esta problemática.

Este documento analiza el comercio de armas menos letales en Colombia, sus implicaciones en los derechos humanos y la falta de transparencia en los procesos de adquisición. A su vez, revisa la expansión global de este mercado, haciendo un especial énfasis en América Latina, donde el uso desproporcionado —y en ocasiones letal— de estas armas ha vulnerado los derechos fundamentales de los manifestantes, produciendo traumas oculares y muertes. En Colombia, concretamente durante el paro nacional de 2021, se registraron al menos 103 casos de trauma ocular.La información sobre la comercialización de estas armas es opaca, escasa y difícil de obtener, lo que limita la capacidad de la sociedad civil para ejercer veeduría. Este texto busca aportar a llenar este vacío y hacer un llamado a la necesidad de regular exhaustivamente dicho comercio, con el fin de proteger los derechos humanos. Además, se destaca la responsabilidad tanto del Estado como de las empresas fabricantes e intermediarias de garantizar el uso adecuado y respetuoso de las armas, los elementos, los dispositivos y las municiones menos letales. Para esto, la investigación recurrió a diversas fuentes (investigaciones periodísticas, solicitudes de información, consultas a la plataforma de contratación estatal, entre otras), buscando construir un panorama sobre el comercio de estas armas. A partir de esto, concluimos que es necesario hacer más investigación y que haya más transparencia en este ámbito.

Esta investigación analiza el proceso de transición energética en La Guajira y examina si sus cargas y beneficios se distribuyen de manera justa. Con un enfoque sociojurídico y anfibio, que combina la etnografía y la investigación-acción participativa, este documento describe las desigualdades estructurales que afectan las comunidades Wayuu, explica sociológicamente cómo las prácticas de las empresas y el Estado reproducen estas desigualdades, y propone un análisis crítico desde las justicias distributiva y procedural. Al dialogar con las voces del territorio, se subrayan varias continuidades entre las "viejas y nuevas empresas" y su relacionamiento con el Estado, resaltando que esta transición se manifiesta como un ''extractivismo verde''. Este enfoque crítico revela cómo las soluciones para la crisis climática pueden replicar dinámicas de enclave, coloniales y extractivistas, concentrando beneficios en actores corporativos y cargando a las comunidades con las consecuencias. El estudio concluye que la transición energética, si bien es vital para enfrentar el cambio climático, puede perpetuar desigualdades históricas si no se aborda desde acuerdos claros con enfoque transformador, repensando los modelos de participación y beneficio, buscando la justicia epistémica e intergeneracional, para que estas comunidades sean protagonistas de un proceso profundamente equitativo y restaurativo.

Este libro analiza tres casos de litigios en materia de justicia ambiental y cambio climático, con enfoque de derechos humanos, en los que ha participado Dejusticia: (i) la acción de tutela que presentó la comunidad raizal de Providencia, en el archipiélago de San Andrés Islas, por el desastre natural debido al paso del huracán Iota; (ii) la sentencia que logró el pueblo de Orika en Islas del Rosario, en el Caribe Colombiano, y que ha dado lugar a la protección de su territorio colectivo y a la preservación de su ecosistema marítimo —maritorio—, el cual es especialmente vulnerable frente a los efectos del cambio climático; y (iii) el caso de la tutela para la protección de la Amazonía ante la afectación que implica la deforestación a los derechos de las generaciones - presentes y futuras - frente a los impactos del cambio climático.El libro está escrito por quiénes han participado directamente en la planificación, desarrollo e implementación de los litigios. Esto permite ver distintas perspectivas del quehacer litigioso desde el punto de vista de sus participantes. Y también muestra cómo surgieron algunos de los aspectos estratégicos más relevantes en la lucha ambiental frente a la crisis climática.Confiamos en que el libro funcione como un caleidoscopio que refleje las diversas dimensiones de algunos problemas que, si bien parecen distintos, coinciden en su objetivo por lograr justicia ambiental y climática desde una perspectiva de derechos humanos.

El mercadeo y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados tiene serios impactos para la salud global, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Aunque varios organismos internacionales recomiendan limitar dicha influencia, surge el debate sobre si dichas restricciones están legal y constitucionalmente justificadas en Colombia. Este documento intenta responder a este debate presentando los argumentos jurídicos de derecho internacional y constitucional que justifican esta medida. De tal forma, se exploran cuatro dimensiones del fenómeno: primero, el porqué es una preocupación central para la salud pública y los derechos humanos; segundo, cuáles son las recomendaciones internacionales más autorizadas en la materia; tercero, cuál es el marco de derechos humanos y de derecho constitucional colombiano que justifican el deber del Estado de regular estas prácticas; y cuarto, cómo dicha regulación es perfectamente coherente con el ordenamiento constitucional colombiano, en tanto que no limita la libertad de empresa, ni el derecho a la libre expresión y no es una práctica paternalista. Este documento concluye que la regulación del mercadeo y publicidad de estos productos está plenamente justificada atendiendo a las múltiples obligaciones internacionales y constitucionales en relación con los derechos de los niños y niñas a la alimentación, salud y su protección frente a los impactos de la industria. Sin embargo, persiste la ausencia de regulación pública y la confianza en mecanismos de autorregulación de la industria, los cuales se han mostrado ineficaces y no ajustados a estándares internacionales en materia de derechos humanos