Alejandro Rodriguez Llach – författare

Este documento es un primer intento de consolidación de información relevante sobre la financiación de los puntos más protagónicos del Acuerdo Final de Paz (AFP): la Reforma Rural Integral y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Para lograr esto, el documento explora - con un énfasis especial en el punto 1- las distintas fuentes de financiación, distribución de recursos y asignaciones presupuestales de los años que lleva la implementación del Acuerdo, considerando al mismo tiempo la capacidad fiscal del Estado colombiano y la economía política de las políticas fiscales en el país. Adicionalmente, se presentan detalles de la gobernanza de los recursos destinados a la implementación del AFP, con el objetivo de ofrecer mayor claridad sobre los mecanismos existentes con los que se cuentan para garantizar recursos fiscales suficientes a los objetivos propuestos en las políticas de justicia transicional que incluyen aspectos socioeconómicos.De este modo, se analizan tendencias en las asignaciones presupuestales a nivel de sector y entidad, y se comparan los resultados entre estas dimensiones del AFP para poder llegar a conclusiones preliminares sobre el estado actual de la financiación y los retos que existen para poder ofrecer suficientes recursos para una implementación exitosa.

La alianza entre grupos religiosos y grupos conservadores se ha valido de la instrumentalización del concepto de laicidad y ha puesto en cuestión su utilidad en América Latina. En varias orillas de la región, la laicidad se ha convertido en una categoría maleable, de la cual los sectores de derecha, religiosos y no religiosos, hacen uso para movilizar su agenda. Este concepto, sin embargo, encierra aún posibilidades para la defensa de minorías oprimidas y de la heterogeneidad religiosa. Las ideas de que todos los credos están igualmente protegidos, que el Estado debe abstenerse de intervenir en las creencias de las personas y colectividades, y que la visión de una institución religiosa no debe dominar el actuar estatal hoy están en amenaza y necesitan de acciones que las amparen.Quien lea este libro encontrará nueve capítulos que narran experiencias previas de resistencia para la defensa de la laicidad y de lucha en contra del avance de grupos conservadores y religiosos. Igualmente, también encontrará estrategias analíticas para pensar críticamente la idea de laicidad, y utilizarla para mostrar puntos de encuentro entre las luchas progresistas y las creencias religiosas. A su vez, este libro cuenta con reflexiones que advierten cómo la movilización legal conservadora ha reconfigurado el concepto de laicidad, generando retrocesos en foros legales y haciendo evidente la naturaleza moldeable del término y su consecuente uso estratégico.

En este libro ofrecemos una propuesta, teórica y práctica, para lograr una renta básica feminista en Colombia. En un intento por reconciliar lo ideal y lo posible, queremos poner en discusión algunas ideas para atenuar las desigualdades de largo aliento, muchas de ellas profundizadas por las crisis que hemos vivido en los últimos años. En el capítulo 1 presentamos una radiografía de la desigualdad y la pobreza en Colombia, observando en detalle cómo estas categorías atraviesan la experiencia vital de las mujeres y clausuran muchas de sus posibilidades de tener un ingreso y un trabajo dignos, de acceder a educación, de tener momentos de descanso y autocuidado o de tomar decisiones sobre su bienestar y su futuro. En el capítulo 2 examinamos algunas ideas alrededor de la renta básica y defendemos la necesidad de una renta básica con orientación feminista, una que pone los lazos de cuidado, el reconocimiento del trabajo reproductivo y el sostenimiento de la vida del 99% como norte de la política social. Finalmente, en el capítulo 3 proponemos algunas vías para hacer realidad, en un contexto austero y contradictorio como el actual, una renta básica guiada por principios feministas. Además, hacemos énfasis en la necesidad de que la renta básica no sea una política aislada y solitaria, sino que sea parte de un sistema amplio de bienestar que atienda las necesidades de las mujeres, especialmente de las más vulnerables. En un panorama de crisis que se extiende y se intensifica, la renta básica deja de verse como una utopía para convertirse en una solución necesaria para los apremios de nuestra época.

En medio de la ola regulatoria del cannabis para uso adulto que atraviesan varios países y jurisdicciones, las posibilidades en Colombia para girar hacia este necesario modelo son más viables. En este paper resaltamos la necesidad de incluir las dimensiones tributarias del debate. Será crucial la forma como la regulación movilice recursos para cumplir sus propios objetivos mismos de la regulación - proteger la salud pública y debilitar el narcotráfico - pero también para una regulación que en efecto tenga potenciales reparadores - promoviendo desarrollo rural en las zonas más afectadas, y medidas específicas de reparación a las comunidades que fueron víctimas de la guerra contra la marihuana. A partir de un balance de contexto de la situación colombiana, y de un análisis comparado del marco fiscal de la regulación en otras jurisdicciones, ofrecemos una serie de principios de tributación cannábica para la eventual regulación en Colombia. Estos principios están fundamentados en las Directrices internacionales de política fiscal y derechos humanos y en la aplicación de conceptos sobre justicia social y reparación a un escenario de regulación.

The debate about regulating cannabis for adult use is on the public agenda. In our view, the best policy on marijuana that a State can develop is the regulation of its cultivation, manufacture and use, focused on reducing marijuana''s comparative impact in illegal economies and drug trafficking networks; protecting public health; promoting rural development in prioritized areas; and promoting reparation measures financed with the resources arising from regulation. Drugs are not the devil, but nor are they child''s play. A drug policy that would be respectful of human rights and safeguard public health must lie at an intermediate point between full liberalization and the prohibition currently in place.In this document, based on a comparative analysis of the regulations issued in Uruguay, Canada and the United States and by applying the Principles and Guidelines for Human Rights in Fiscal Policy, we argue for the importance of a fiscal framework based on collecting taxes in the cannabis market and focused on mobilizing the maximum amount of available resources to finance the goals of reducing the illegal market, preserving public health and assisting the populations affected by drug policy, as set forth in the cannabis regulations.