Luis Felipe Cruz Olivera – författare
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PDF, Spanska, 202263 kr
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En medio de la ola regulatoria del cannabis para uso adulto que atraviesan varios países y jurisdicciones, las posibilidades en Colombia para girar hacia este necesario modelo son más viables. En este paper resaltamos la necesidad de incluir las dimensiones tributarias del debate. Será crucial la forma como la regulación movilice recursos para cumplir sus propios objetivos mismos de la regulación - proteger la salud pública y debilitar el narcotráfico - pero también para una regulación que en efecto tenga potenciales reparadores - promoviendo desarrollo rural en las zonas más afectadas, y medidas específicas de reparación a las comunidades que fueron víctimas de la guerra contra la marihuana. A partir de un balance de contexto de la situación colombiana, y de un análisis comparado del marco fiscal de la regulación en otras jurisdicciones, ofrecemos una serie de principios de tributación cannábica para la eventual regulación en Colombia. Estos principios están fundamentados en las Directrices internacionales de política fiscal y derechos humanos y en la aplicación de conceptos sobre justicia social y reparación a un escenario de regulación.
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PDF, Engelska, 202257 kr
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The debate about regulating cannabis for adult use is on the public agenda. In our view, the best policy on marijuana that a State can develop is the regulation of its cultivation, manufacture and use, focused on reducing marijuana''s comparative impact in illegal economies and drug trafficking networks; protecting public health; promoting rural development in prioritized areas; and promoting reparation measures financed with the resources arising from regulation. Drugs are not the devil, but nor are they child''s play. A drug policy that would be respectful of human rights and safeguard public health must lie at an intermediate point between full liberalization and the prohibition currently in place.In this document, based on a comparative analysis of the regulations issued in Uruguay, Canada and the United States and by applying the Principles and Guidelines for Human Rights in Fiscal Policy, we argue for the importance of a fiscal framework based on collecting taxes in the cannabis market and focused on mobilizing the maximum amount of available resources to finance the goals of reducing the illegal market, preserving public health and assisting the populations affected by drug policy, as set forth in the cannabis regulations.
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PDF, Spanska, 202469 kr
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Este texto es una respuesta al debate sobre la necesidad de reformar o no la Constitución para regular el mercado de cannabis o de cualquier sustancia psicoactiva ilícita en Colombia, dada la prohibición al porte y consumo introducida al artículo 49 constitucional en 2009. Luego de analizar los debates legislativos que precedieron a la reforma y la jurisprudencia, se concluye que si se quiere que la regulación del mercado de cualquier sustancia psicoactiva cuente con seguridad jurídica, es necesaria dicha reforma. Aun así, con una dosis de realismo, este documento plantea una regulación legal compatible con la Constitución Política y la jurisprudencia de las altas cortes: los clubes sociales cannábicos (CSC).Para llegar a estas conclusiones, partimos de la despenalización del porte y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y sus efectos. Luego —desde un ejercicio de interpretación historicista— retomamos los debates que antecedieron a la prohibición constitucional del artículo 49, los exámenes de constitucionalidad que tuvo el acto legislativo que reformó la Constitución y la línea jurisprudencial sobre el tratamiento jurídico penal que le ha dado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al porte de sustancias psicoactivas. Con esto se aclaran los efectos de la reforma y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional y penal de las altas cortes bajo esta prohibición. Finalmente, se explica qué son CSC y por qué son una solución viable en el campo político.
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PDF, Spanska, 202486 kr
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El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es una apuesta, surgida del Acuerdo Final de Paz (AFP), para consolidar una transición desde las economías ilegales por parte de miles de "familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito". Los cultivos de hoja de coca han aumentado vertiginosamente y su presencia en zonas de manejo ambiental especial, genera enormes retos al Estado colombiano para adaptar el modelo de desarrollo alternativo y evitar que la política de drogas profundice el deterioro o la degradación de ecosistemas que el Gobierno nacional está obligado a proteger en el marco de la emergencia climática. La protección de ecosistemas estratégicos, donde hoy día hace presencia la economía de la coca, requiere replantear las estrategias jurídicas que lleva a cabo el Gobierno desde la firma de los acuerdos colectivos y familiares de sustitución. Además, genera cambios en la implementación del PNIS como la inclusión de los contratos de uso de suelo y los acuerdos de conservación. Esta investigación propone hacer un seguimiento de las herramientas jurídicas que ha usado el PNIS para armonizar, en la estrategia de sustitución, los derechos humanos de las poblaciones cultivadoras de hoja de coca con la meta de reducción del 30 % de la deforestación proyectada a 2022, relacionadas con el cumplimiento de compromisos del Estado colombiano para la mitigación de los efectos de la emergencia climática.
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PDF, Spanska, 202174 kr
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La marihuana está saliendo del laberinto de la prohibición. Y lo hace gracias a una suma de fuerzas políticas y económicas, compuestas por movimientos cannábicos, empresarios, pacientes y organizaciones de la sociedad civil. En varios países de América Latina se reguló el acceso a la marimba para fines medicinales, lo que despertó intereses económicos que vaticinan una industria que empujará por la regulación para usos recreativos. En este texto exploramos aspectos históricos del cannabis, así como las consecuencias de su prohibición. No dudamos en afirmar que la regulación será el camino a recorrer en las próximas décadas, sin embargo, no hacemos cábalas de cuándo y cómo podría suceder. A partir de una caracterización de lo que hemos denominado los mercados ilegales, grises y legales del cannabis y los actores que están en esos segmentos, hacemos una radiografía de momento para reflexionar sobre lo que debería tener una regulación en materia de comercio justo, salud pública y derechos humanos. Defendemos que la mejor regulación posible será aquella que reconozca de manera particular la historia de la prohibición, sus daños, estigmatizaciones y la potencialidad creativa de lo que hemos denominado los actores del mercado gris, una franja ambigua de personas que comercia con la marihuana sin las formalidades legales pero que no hacen parte de las dinámicas del crimen organizado. Desertar la prohibición no será suficiente para resarcir los daños de la guerra contra las drogas: será también necesario una regulación que respete estándares de DDHH y reclamos históricos de poblaciones vulnerables