Maria Jose Leon-Marin – författare
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La participación efectiva ante la Jurisdicción Especial para la Paz es un derecho de las víctimas y una condición de legalidad y legitimidad de los procedimientos de rendición de cuentas penal de actores que cometieron delitos en el marco del conflicto armado. En el caso de terceros civiles, personas que sin pertenecer a ninguno de los bandos en confrontación participaron en el conflicto, el involucramiento de las víctimas en los procesos presenta desafíos especiales. Desde que se enteren de la existencia de los casos hasta su incidencia en la aprobación de los compromisos concretos, claros y programados de cumplimiento del régimen de condicionalidad. En este documento presentamos la aproximación del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad a estos desafíos y postulamos posibles acciones que pueden contribuir a superarlos. Estos hallazgos y recomendaciones están sustentados en una investigación desarrollada durante el 2021 en donde indagamos, a través de un proceso de entrevistas semiestructuradas, por las percepciones sobre participación de víctimas en casos de terceros civiles de las personas que intervienen directamente en los casos: representantes de víctimas, Ministerio Público y personas que integran la JEP.
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El cumplimiento de los compromisos asumidos por quienes deben rendir cuentas ante la JEP es esencial para la legitimidad de los tratamientos especiales que podrían recibir, para la garantía de los derechos de las víctimas y para la reconciliación. La contribución a la reparación de las víctimas es clave en el caso de los actores económicos que pudieron tener responsabilidad en delitos de competencia de la JEP, como en los de los demás comparecientes. En este documento presentamos hallazgos y recomendaciones para avanzar en la construcción de procesos de reparación dialógicos con enfoque restaurativo que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la transición.
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A pesar de un recorte temprano de sus competencias, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue siendo una apuesta novedosa en el mundo para afrontar la responsabilidad corporativa por atrocidades del pasado. Su modelo preminentemente restaurativo con componentes retributivos presenta una alternativa a las distintas aproximaciones que se han hecho en el mundo a la rendición de cuentas de actores económicos y, vale aclarar, a las que se han intentado en Colombia también. Uno de los componentes esenciales del modelo es el compromiso que adquieren los comparecientes, incluidos los actores económicos, de contribuir a la reparación de las víctimas y la restauración del daño para recibir una serie de beneficios penales. Durante más de dos años los y las autoras nos dimos a la tarea de entender cómo estaban funcionando efectivamente los procesos de construcción de compromisos de reparación de actores económicos que han acudido ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Teníamos dos objetivos, que son los mismos que guían este libro. Primero, uno descriptivo, que busca entregar un recuento de cómo funciona, en la teoría y la práctica, el modelo alternativo de rendición de cuentas en que se basa la Jurisdicción Especial para la Paz. Segundo, uno analítico, que pretende aventurar aproximaciones a cómo desarrollar de mejor manera los procesos de construcción de compromisos de reparación por parte de actores económicos en el marco de trámites dialógicos restaurativos.
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El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es una apuesta, surgida del Acuerdo Final de Paz (AFP), para consolidar una transición desde las economías ilegales por parte de miles de "familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito". Los cultivos de hoja de coca han aumentado vertiginosamente y su presencia en zonas de manejo ambiental especial, genera enormes retos al Estado colombiano para adaptar el modelo de desarrollo alternativo y evitar que la política de drogas profundice el deterioro o la degradación de ecosistemas que el Gobierno nacional está obligado a proteger en el marco de la emergencia climática. La protección de ecosistemas estratégicos, donde hoy día hace presencia la economía de la coca, requiere replantear las estrategias jurídicas que lleva a cabo el Gobierno desde la firma de los acuerdos colectivos y familiares de sustitución. Además, genera cambios en la implementación del PNIS como la inclusión de los contratos de uso de suelo y los acuerdos de conservación. Esta investigación propone hacer un seguimiento de las herramientas jurídicas que ha usado el PNIS para armonizar, en la estrategia de sustitución, los derechos humanos de las poblaciones cultivadoras de hoja de coca con la meta de reducción del 30 % de la deforestación proyectada a 2022, relacionadas con el cumplimiento de compromisos del Estado colombiano para la mitigación de los efectos de la emergencia climática.