El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es una apuesta, surgida del Acuerdo Final de Paz (AFP), para consolidar una transición desde las economías ilegales por parte de miles de "familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito". Los cultivos de hoja de coca han aumentado vertiginosamente y su presencia en zonas de manejo ambiental especial, genera enormes retos al Estado colombiano para adaptar el modelo de desarrollo alternativo y evitar que la política de drogas profundice el deterioro o la degradación de ecosistemas que el Gobierno nacional está obligado a proteger en el marco de la emergencia climática. La protección de ecosistemas estratégicos, donde hoy día hace presencia la economía de la coca, requiere replantear las estrategias jurídicas que lleva a cabo el Gobierno desde la firma de los acuerdos colectivos y familiares de sustitución. Además, genera cambios en la implementación del PNIS como la inclusión de los contratos de uso de suelo y los acuerdos de conservación. Esta investigación propone hacer un seguimiento de las herramientas jurídicas que ha usado el PNIS para armonizar, en la estrategia de sustitución, los derechos humanos de las poblaciones cultivadoras de hoja de coca con la meta de reducción del 30 % de la deforestación proyectada a 2022, relacionadas con el cumplimiento de compromisos del Estado colombiano para la mitigación de los efectos de la emergencia climática.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es una apuesta, surgida del Acuerdo Final de Paz (AFP), para consolidar una transición desde las economías ilegales por parte de miles de "familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito". Los cultivos de hoja de coca han aumentado vertiginosamente y su presencia en zonas de manejo ambiental especial, genera enormes retos al Estado colombiano para adaptar el modelo de desarrollo alternativo y evitar que la política de drogas profundice el deterioro o la degradación de ecosistemas que el Gobierno nacional está obligado a proteger en el marco de la emergencia climática. La protección de ecosistemas estratégicos, donde hoy día hace presencia la economía de la coca, requiere replantear las estrategias jurídicas que lleva a cabo el Gobierno desde la firma de los acuerdos colectivos y familiares de sustitución. Además, genera cambios en la implementación del PNIS como la inclusión de los contratos de uso de suelo y los acuerdos de conservación. Esta investigación propone hacer un seguimiento de las herramientas jurídicas que ha usado el PNIS para armonizar, en la estrategia de sustitución, los derechos humanos de las poblaciones cultivadoras de hoja de coca con la meta de reducción del 30 % de la deforestación proyectada a 2022, relacionadas con el cumplimiento de compromisos del Estado colombiano para la mitigación de los efectos de la emergencia climática.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es una apuesta, surgida del Acuerdo Final de Paz (AFP), para consolidar una transición desde las economías ilegales por parte de miles de "familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito". Los cultivos de hoja de coca han aumentado vertiginosamente y su presencia en zonas de manejo ambiental especial, genera enormes retos al Estado colombiano para adaptar el modelo de desarrollo alternativo y evitar que la política de drogas profundice el deterioro o la degradación de ecosistemas que el Gobierno nacional está obligado a proteger en el marco de la emergencia climática. La protección de ecosistemas estratégicos, donde hoy día hace presencia la economía de la coca, requiere replantear las estrategias jurídicas que lleva a cabo el Gobierno desde la firma de los acuerdos colectivos y familiares de sustitución. Además, genera cambios en la implementación del PNIS como la inclusión de los contratos de uso de suelo y los acuerdos de conservación. Esta investigación propone hacer un seguimiento de las herramientas jurídicas que ha usado el PNIS para armonizar, en la estrategia de sustitución, los derechos humanos de las poblaciones cultivadoras de hoja de coca con la meta de reducción del 30 % de la deforestación proyectada a 2022, relacionadas con el cumplimiento de compromisos del Estado colombiano para la mitigación de los efectos de la emergencia climática.