Rodrigo Uprimny – författare

En este documento esbozamos una teoría jurídica sobre el deber de "reconocer la dimensión ambiental del campesinado", contenida en el nuevo artículo 64 de la Constitución, en tres pasos. Primero, definimos la "dimensión ambiental del campesinado" como la relación dependiente y vulnerable que tiene la población campesina con su entorno. Señalamos que la condición de ser campesinos depende de mantener una relación con la naturaleza viva, y que si esta se deteriora se afectan gravemente todos los derechos campesinos. Segundo, defendimos que es posible derivar reglas para precisar el contenido del deber de reconocer la dimensión ambiental del campesinado, desde un análisis de las "fallas de reconocimiento". Tercero, escogimos dos "fallas de reconocimiento", desde las cuales derivamos reglas concretas para materializar este nuevo mandato constitucional.

La restitución de tierras despojadas y abandonadas es uno de los esfuerzos más importantes del Estado colombiano, en la búsqueda de una solución duradera a la crisis humanitaria que causó el conflicto armado y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Esta experiencia sin precedentes en nuestro país no solo ha logrado despertar la admiración en la comunidad internacional, sino que comienza a convertirse en un referente obligado para otros países que también han sufrido las consecuencias devastadoras del conflicto.La consolidación de estos resultados requiere un arduo trabajo que permanentemente debe enfrentar nuevos desafíos, más aún en el contexto colombiano donde persiste el conflicto, la impunidad y la fragilidad del Estado en los territorios rurales. Para resolver los retos inherentes a la restitución de tierras es esencial que exista una comprensión adecuada de su marco jurídico y normativo, y pensar en fórmulas de solución a partir de mecanismos, instituciones o procedimientos que la hagan más efectiva.Esta investigación se centró en los problemas jurídicos concretos con efectos directos en los alcances de la restitución de tierras. Por un lado entregamos un análisis sobre las peculiaridades de sus mecanismos y procedimientos, y además examinamos uno de sus retos más complejos: el examen del concepto de buena fe y sus efectos en la resolución de conflictos sobre la tierra. Y se considera la procedencia y el fundamento de las compensaciones tanto para las víctimas de despojo o abandono forzado de tierras como para los "ocupantes secundarios", quienes han sido reconocidos en normas internacionales.Este documento se realizó en el marco de un convenio de cooperación entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Dejusticia, con el fin de promover el análisis y la reflexión sobre los desafíos jurídicos de la implementación de la acción de restitución de tierras.

El encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación "Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia", realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento.

The main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political transitions from war to peace.Discussions on the meaning and scope of concepts such as justice, accountability, and victim satisfaction continue to be fervent topics in specialized circles of what is now known as "the transitional justice field," and in societies suffering from mass violence.Instead of solving the practical and theoretical dilemmas of these interpretative disputes, the experience and knowledge accumulated over the more than three decades that this field has been in existence have served only to deepen the debates and to adapt more of these discussions to new and constantly-changing scenarios and contexts.The main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political transitions from war to peace. There are two reasons for our making this observation.On one hand, given the institutional, legal, and political challenges facing societies that nowadays attempt to take this step, there is a need for the issue to be analyzed.On the other hand, the conclusion reached from an initial analysis is that the academic and practical discussion seems to be trapped into a polarizing discussion between those who defend a legal interpretation of the duty to investigate, prosecute, and punish, which appears to threaten the possibility of achieving negotiated transitions, and those who, in order to prevent that risk, deny or resent the existence or consolidation of such a principle.The central purpose of this book is to initiate a conversation on how to resolve difficult dilemmas. We appreciate that some of the proposals may come across as controversial, but what we are looking for is, precisely, to open up the possibility of thinking in innovative ways about how to confront these challenges.Una discusión similar se da en el libro Justicia para la paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada, en español.

Los mecanismos de justicia transicional y la sociedad necesitan tener acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia utilizados en el marco del conflicto armado.Este acceso contribuirá, por un lado, a hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; por otro, le proporcionará a la ciudadanía una evidencia general del uso de poder por parte de los organismos de inteligencia, que le dejará conocer si ha habido una conducta ilegítima sobre la cual se debe rendir cuenta y cuya repetición debemos evitar. Al mismo tiempo, la transparencia sobre estas conductas le dará razones al Estado para emprender reformas institucionales que garanticen la no repetición.El libro Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo propone alternativas para favorecer el acceso a los archivos de ambas partes, lo que, a su vez, contribuye con la verdad de hechos individuales y sirve como herramienta de confianza, dignidad y transformación.Este texto hace parte de la colección ''Ideas para construir la paz'' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.

In Latin America, trafficking cocaine so it can be sold to someone who wants to use it is more serious than raping a woman or deliberately killing your neighbor. While it may seem incredible, that is the conclusion of a rigorous study of the evolution of criminal legislation in the region, which shows that countries'' judicial systems mete out harsher penalties for trafficking even modest amounts of drugs than for acts as heinous as sexual assault or murder.How have we reached such an unjust and irrational point? In recent decades, especially the 1980s, Latin American countries, influenced by an international prohibitionist model, fell – ironically – into what we might metaphorically call an addiction to punishment. Addiction creates the need to consume more and more drugs, which have less and less effect; ultimately, the problematic user simply consumes drugs to avoid withdrawal. Drug legislation in Latin America seems to have followed a similar path. Countries have an ever-growing need to add crimes and increase the penalties for drug trafficking, supposedly to control an ex- panding illegal market, while this increasingly punitive approach has less and less effect on decreasing the supply and use of illegal drugs.So just as the problematic drug user faced with the declining effects of the drug automatically increases the frequency and amount consumed, public officials, seeing the scant impact of growing punitive repression, increase the dose and frequency. And our countries become addicted to punishment, which explains the disproportionate laws that are discussed and documented in this paper. Over the past 60 years, this evolution has taken place within the context of the so-called "war on drugs." The dominant worldwide policy on "illegal drugs" has been their prohibition, an approach characterized by the use of criminal law as the basic tool for combating all phases of the business (cultivation, production, distribution and trafficking), and in some cases even drug use. With some nuances and significant variation, the legislation in every country in the world contains criminal provisions calling for imprisonment for the distribution and trafficking of controlled substances.

Este libro busca contribuir al difícil debate sobre cómo compatibilizar los imperativos de la justicia y los derechos de las víctimas con las dinámicas propias de una negociación de paz.Parte del supuesto de que las medidas que deberán implementar la sociedad y el Estado colombiano para superación democrática del conflicto armado son múltiples y complejas. Incluyen procesos de transformación democrática sobre el uso y la tenencia de la tierra, apertura de espacios reales de participación política y ciudadana, satisfacción efectiva de los derechos de millones de víctimas y la reintegración de varios miles de combatientes, entre otras medidas. Pero uno de los temas que ha suscitado mayores controversias y dudas es la manera de compatibilizar la búsqueda de la paz con el deber del Estado de sancionar las graves violaciones de los derechos humanos.Este trabajo intenta ponderar ambos imperativos en lo que los autores han denominado como una justicia para la paz. Por esta entendemos la búsqueda de una paz que sea justa y sensible a los derechos de las víctimas; pero igualmente una concepción de la justicia y de los derechos de las víctimas que permita una paz negociada, que es una paz éticamente superior a aquella que sea conseguida a través de la victoria militar. Así como no es viable ni jurídica ni políticamente un proceso de paz que arrase con los derechos de las víctimas, tampoco es viable jurídicamente una conceptualización de los derechos de las víctimas que imposibilite un proceso de paz, pues no solo la paz es un presupuesto material para el goce efectivo de nuestros derechos humanos, sino que, en la Constitución de 1991, es un derecho de obligatorio cumplimiento.

Este libro pretende ser el diagnóstico más completo sobre las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia realizado hasta hoy en Colombia. En las conclusiones, el libro repiensa las prioridades del sistema de justicia, no solo para ajustarlas mejor a las necesidades jurídicas de los colombianos y a su forma de resolverlas, sino también para redirigir los recursos a superar las falencias e insuficiencias más importantes.Para mejorar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones es necesario tener en cuenta cuatro asuntos: la magnitud y las características de las necesidades jurídicas, cuáles de estas se encuentran satisfechas o no, y los factores que facilitan o dificultan dicha satisfacción.Integramos varias investigaciones realizadas en Dejusticia en los últimos años. Primero, una encuesta, aplicada en las principales catorce ciudades del país, acerca de las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia de la población general, la población en extrema pobreza y las personas en situación de discapacidad. Segundo, mostramos los resultados de una profundización cualitativa acerca de los conflictos y los obstáculos de acceso a la justicia de las mujeres, los afrocolombianos, las personas con discapacidad, las víctimas del conflicto, las personas LGTBI y de aquellos que viven en situación de pobreza.El análisis arroja un panorama que no es positivo. El sistema de justicia descrito en este libro no tramita la mayoría de necesidades jurídicas que sufren los colombianos. Pero, de manera más grave, contiene múltiples barreras que afectan de forma desproporcionada a las personas de grupos desaventajados. En ocasiones, el sistema desconoce abierta y explícitamente la situación de vulnerabilidad de algunas personas.

La guerra contra las drogas no ha funcionado: a pesar de que cada vez más personas son encarceladas por delitos de drogas, el consumo no se ha reducido, las redes de narcotráfico continúan enriqueciéndose y la violencia asociada a este fenómeno no ha cesado.La política de drogas en Colombia ha centrado sus esfuerzos en perseguir y encarcelar a los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico, personas que mayoritariamente son pobres y ocupan posiciones de vulnerabilidad en la sociedad. En Colombia, hay una tendencia creciente a que las mujeres pobres cabeza de hogar y con pocos recursos para estudiar o conseguir trabajos formales se involucren en los mercados ilegales, siendo encarceladas por desempeñar tareas de baja remuneración y alto riesgo.Esta Guía, por un lado, hace un diagnóstico de la situación de las mujeres vinculadas con delitos de drogas en Colombia y de los impactos de la privación de la libertad sobre sus vidas y las de sus familias y, por otro lado, formula recomendaciones tendientes a mitigar los efectos desproporcionados del encarcelamiento y a evitar que estos continúen existiendo en el futuro.