El presente trabajo de tesis pretende abordar el tema del agotamiento de recursos internos en la jurisdicción del Estado Colombiano, frente al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (en adelante "el Sistema Interamericano"), partiendo del estudio de tres casos de violación de derechos humanos, tramitados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión o la Comisión IDH"), en contra del Estado colombiano. En principio se determinará cuál es el tratamiento que da la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención") al tema del agotamiento de los recursos internos, y cuál ha sido la posición dominante tanto en la jurisprudencia de la Corte IDH como de la Comisión IDH, para luego realizar un análisis del debate acerca del agotamiento de los recursos internos, planteado en los casos de masacre de Mapiripán, Hernando Osorio Correa y la granja Ituango. Esta investigación pretende realizar el análisis de casos en los cuales se da una clara oposición de criterios entre la Comisión IDH y el Estado colombiano, en cuanto a la aplicación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos, y evaluar, en cada caso concreto, si las diferentes instancias y recursos judiciales con que cuenta Colombia, son efectivos para garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Política de 1991, como en la Convención Americana, de la cual Colombia es signataria desde 1969.

El presente trabajo de tesis pretende abordar el tema del agotamiento de recursos internos en la jurisdicción del Estado Colombiano, frente al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (en adelante "el Sistema Interamericano"), partiendo del estudio de tres casos de violación de derechos humanos, tramitados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión o la Comisión IDH"), en contra del Estado colombiano. En principio se determinará cuál es el tratamiento que da la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención") al tema del agotamiento de los recursos internos, y cuál ha sido la posición dominante tanto en la jurisprudencia de la Corte IDH como de la Comisión IDH, para luego realizar un análisis del debate acerca del agotamiento de los recursos internos, planteado en los casos de masacre de Mapiripán, Hernando Osorio Correa y la granja Ituango. Esta investigación pretende realizar el análisis de casos en los cuales se da una clara oposición de criterios entre la Comisión IDH y el Estado colombiano, en cuanto a la aplicación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos, y evaluar, en cada caso concreto, si las diferentes instancias y recursos judiciales con que cuenta Colombia, son efectivos para garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Política de 1991, como en la Convención Americana, de la cual Colombia es signataria desde 1969.

El presente trabajo de tesis pretende abordar el tema del agotamiento de recursos internos en la jurisdicción del Estado Colombiano, frente al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (en adelante "el Sistema Interamericano"), partiendo del estudio de tres casos de violación de derechos humanos, tramitados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión o la Comisión IDH"), en contra del Estado colombiano. En principio se determinará cuál es el tratamiento que da la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención") al tema del agotamiento de los recursos internos, y cuál ha sido la posición dominante tanto en la jurisprudencia de la Corte IDH como de la Comisión IDH, para luego realizar un análisis del debate acerca del agotamiento de los recursos internos, planteado en los casos de masacre de Mapiripán, Hernando Osorio Correa y la granja Ituango. Esta investigación pretende realizar el análisis de casos en los cuales se da una clara oposición de criterios entre la Comisión IDH y el Estado colombiano, en cuanto a la aplicación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos, y evaluar, en cada caso concreto, si las diferentes instancias y recursos judiciales con que cuenta Colombia, son efectivos para garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Política de 1991, como en la Convención Americana, de la cual Colombia es signataria desde 1969.