Problema jurídico. La administración pública cuando ejerce sus potestades públicas (puissance publique) siempre está revestida de una "cierta" discrecionalidad. No obstante, la anterior premisa debe examinarse desde la perspectiva del carácter "absoluto" o no de la discrecionalidad, y de la necesidad de encontrar la delimitación de la misma, especialmente cuando se trata del ejercicio del "ius puniendi" materializado en la actividad administrativa sancionadora. Es allí cuando debe establecerse si la administración pública está llamada a ajustar su potestad sancionadora en función del principio de proporcionalidad, y especialmente de la ponderación como subprincipio esencial para la delimitación no solo en la adecuación de la infracción, sino en la determinación de la sanción que proceda en cada evento.

Problema jurídico. La administración pública cuando ejerce sus potestades públicas (puissance publique) siempre está revestida de una "cierta" discrecionalidad. No obstante, la anterior premisa debe examinarse desde la perspectiva del carácter "absoluto" o no de la discrecionalidad, y de la necesidad de encontrar la delimitación de la misma, especialmente cuando se trata del ejercicio del "ius puniendi" materializado en la actividad administrativa sancionadora. Es allí cuando debe establecerse si la administración pública está llamada a ajustar su potestad sancionadora en función del principio de proporcionalidad, y especialmente de la ponderación como subprincipio esencial para la delimitación no solo en la adecuación de la infracción, sino en la determinación de la sanción que proceda en cada evento.

Problema jurídico. La administración pública cuando ejerce sus potestades públicas (puissance publique) siempre está revestida de una "cierta" discrecionalidad. No obstante, la anterior premisa debe examinarse desde la perspectiva del carácter "absoluto" o no de la discrecionalidad, y de la necesidad de encontrar la delimitación de la misma, especialmente cuando se trata del ejercicio del "ius puniendi" materializado en la actividad administrativa sancionadora. Es allí cuando debe establecerse si la administración pública está llamada a ajustar su potestad sancionadora en función del principio de proporcionalidad, y especialmente de la ponderación como subprincipio esencial para la delimitación no solo en la adecuación de la infracción, sino en la determinación de la sanción que proceda en cada evento.