Jaime Orlando Santofimio Gamboa – författare

Han transcurrido seis años desde la primera edición de esta obra y veinte de haber presentado la última edición de los tomos I a IV del Tratado de Derecho Administrativo, acrecentado en el 2017 con el tomo V sobre derecho de víctimas y responsabilidad del Estado, sea esta, en consecuencia, la oportunidad de dar un paso adicional en la labor de consolidación de la doctrina del derecho administrativo de mi patria de la mano de las grandes y cambiantes concepciones del derecho público que lo impactan inexorablemente. En esta ocasión he procurado actualizar sus contenidos de cara, no solo, a las novedosas y profundas teorías jurídicas y políticas que se han surgido en los últimos años, sino también, a los incesantes cambios legislativos, y a la creciente labor de los jueces y tribunales nacionales e internacionales que enriquecen permanentemente con sus precedentes el derecho aplicable a quienes ejercen la función pública administrativa bajo el amparo del Estado constitucional.

Este libro comprende el estudio y el análisis de las distintas teorías económicas. Se maneja una secuencia clara con su antecesor titulado Fundamentos de la Economía de Mercado. Aquí, pues, se estudian, entre otras, las teorías del mercantilismo y fisiocracia, economía clásica, economía marxista. Así, pretende resaltar los aspectos históricos de mayor relevancia.

Por medio del presente estudio se busca presentar el instrumento garante de las acciones populares, como uno de los mecanismos que goza de la más alta significación en la reciente evolución del derecho administrativo, teniendo en cuenta que desde sus fundamentos se parte de la ruptura del viejo derecho esencialmente individualista, llevándonos a incursionar por el sendero del reconocimiento, aceptación, defensa y garantía de los derechos e intereses colectivos y difusos. En esta dirección, la acción popular se ha desarrollado y consolidado en los últimos años como un precioso instrumento garante, fundamentalmente, de los derechos de solidaridad, fundados y sustentados en el concepto de interés público general, otorgándole, por lo tanto, al derecho administrativo un contenido y objeto material diverso al del simple derecho individual, poseedor de instrumentos procesales estructurados en dirección exclusiva a la defensa de los mismos que se concretan, por ejemplo, en la moderna configuración de instituciones como la protección cautelar en el ámbito del contencioso colectivo.

El presente estudio tiene por objeto determinar el alcance que el concepto de precedente administrativo ha adquirido en el ámbito de el sistema de derecho positivo. Con ello se busca esclarecer si realmente el denominado precedente administrativo configura un elemento autónomo, con dinámica y efectos jurídicos propios, directos y vinculantes en la construcción del sistema, o si por el contrario, el mismo configura un simple elemento coadyuvante o de colaboración para la consolidación, en la base del sistema, de elementos sustanciales del mismo, como lo son la Constitución Política, la ley y el acto administrativo. En este sentido, y de manera concreta, se buscan respuestas adecuadas y precisas en relación con la fuerza que puede tener el concepto de precedente administrativo respecto de la actividad de quienes ejercen la función pública administrativa en todos los órdenes.

El presente trabajo aborda el tema de los procedimientos administrativos desde la perspectiva constitucional; esto es, desde las bases mismas de nuestro ordenamiento jurídico, en estrecha correspondencia con el bloque de constitucionalidad, destacando su relación no sólo con las cláusulas del Estado social de derecho y del Estado democrático, sino también con los tratados y demás directrices propias del Derecho internacional (que el Estado está obligado a cumplir y res petar). Para deducir de ellas los principios estructuradores de la disciplina y el papel que cumplen en aras de la plena realización de las finalidades de nuestro modelo de ordenamiento jurídico. Los anteriores planteamientos conceptuales se vinculan con el concepto de "sociedad de la información y las comunicaciones" en la medida en que configuran el más preciado conjunto de instrumentos que permiten hacer viables las finalidades que justifican nuestra existencia como Estado constitucional. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones generan impactos sustanciales en el contenido mismo de nuestro objeto y misión, de tal forma que derechos como los de la información y la comunicación pasan a vertebrar la disciplina, consolidando una sociedad estrechamente integrada a través del acceso y uso de las herramientas propias de las tecnologías, generando las más impredecibles interacciones entre sociedad y Estado, y orientando la administración blica y los administrados por senderos de indiscutible profundización en sus relaciones.Los anteriores planteamientos conceptuales se vinculan con el concepto de "sociedad de la información y las comunicaciones" en la medida en que configuran el más preciado conjunto de instrumentos que permiten hacer viables las finalidades que justifican nuestra existencia como Estado constitucional. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones generan impactos sustanciales en el contenido mismo de nuestro objeto y misión, de tal forma que derechos como los de la información y la comunicación pasan a vertebrar la disciplina, consolidando una sociedad estrechamente integrada a través del acceso y uso de las herramientas propias de las tecnologías, generando las más impredecibles interacciones entre sociedad y Estado, y orientando la administración blica y los administrados por senderos de indiscutible profundización en sus relaciones.Las tecnologías de la información y de las comunicaciones generan impactos sustanciales en el contenido mismo de nuestro objeto y misión, de tal forma que derechos como los de la información y la comunicación pasan a vertebrar la disciplina, consolidando una sociedad estrechamente integrada a través del acceso y uso de las herramientas propias de las tecnologías, generando las más impredecibles interacciones entre sociedad y Estado, y orientando la administración blica y los administrados por senderos de indiscutible profundización en sus relaciones.

Problema jurídico. La administración pública cuando ejerce sus potestades públicas (puissance publique) siempre está revestida de una "cierta" discrecionalidad. No obstante, la anterior premisa debe examinarse desde la perspectiva del carácter "absoluto" o no de la discrecionalidad, y de la necesidad de encontrar la delimitación de la misma, especialmente cuando se trata del ejercicio del "ius puniendi" materializado en la actividad administrativa sancionadora. Es allí cuando debe establecerse si la administración pública está llamada a ajustar su potestad sancionadora en función del principio de proporcionalidad, y especialmente de la ponderación como subprincipio esencial para la delimitación no solo en la adecuación de la infracción, sino en la determinación de la sanción que proceda en cada evento.

Este texto aborda el derecho administrativo desde la perspectiva de su objeto, a partir del conocimiento de la administración pública como sujeto estelar en el cumplimiento de las finalidades y compromisos del Estado. Así mismo, contiene las principales escuelas y corrientes doctrinales que han dominado la conceptualización de la administración pública y el derecho administrativo, destacando cómo cada una de ellas ha cumplido en el devenir de las instituciones su papel histórico, aportando elementos significativos para las elaboraciones académicas contemporáneas. Como complemento, presenta una aproximación a los elementos históricos que rodearon la formación del derecho administrativo colombiano, demostrando la clara influencia que obtuvo el derecho español e indiano; e igualmente a la tardía imposición del derecho administrativo francés a partir de la segunda década del siglo XX. Como complemento, presenta una aproximación a los elementos históricos que rodearon la formación del derecho administrativo colombiano, demostrando la clara influencia que obtuvo el derecho español e indiano; e igualmente a la tardía imposición del derecho administrativo francés a partir de la segunda década del siglo XX.

Tomando como referencia los escritos y las ideas de Eberhard Schmidt -Assmann, los dieciséis autores de esta obra colectiva de países como Francia, México, Uruguay, Ecuador, Perú, España, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Nicaragua y Colombia fundamentaron sus contribuciones al derecho administrativo. Estos estudiosos de la reforma y modernización del derecho administrativo analizan los elementos y características del modelo tradicional de esta rama del derecho e incorporan el análisis de nuevos planeamientos de reforma: el postulado de la ciencia de la dirección, la constitucionalización del derecho administrativo y la orientación de la parte especial de este.

El de convencionalidad es un concepto amplio, omnicomprensivo, complejo y en proceso de consolidación en el ámbito del derecho, que involucra , dada su configuración, un claro e inobjetable elemento amplificador del ordenamiento jurídico vigente en cada Estado, no solo por el hecho de la pertenencia de estos a la comunidad internacional, sino también, y adicionalmente, por estar ligados a ella, por medio de instrumentos jurídicos vinculantes, como pueden ser, entre otros, los tratados, convenios, protocolos y acuerdos internacionales de todo orden.La investigación que nos ocupa aborda una de las problemáticas de la mayor trascendencia para la coexistencia entre la comunidad internacional y sus países miembros, como es el de la permanencia y garantía de respeto profundo a los derechos humanos. Pretende identificar los estándares derivados de los principios, valores y normas del derecho internacional, que, articulados con los ordenamientos jurídicos de los países miembros de la comunidad internacional, les brindan a las personas los mínimos necesarios en relación con la preservación material de sus derechos subjetivos y colectivos.

La integración en la sistemática del derecho administrativo de los cambios habidos en las tareas administrativas ha de hacerse mediante una serie de pasos intermedios, condicionados más por la imaginación y la plausibilidad que por rígidas deducciones dogmáticas. Eberhard Schmidt-AssmannLa construcción de un régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en todo ordenamiento jurídico no ha sido, no es, ni será completada sin que pueda indagarse constantemente el alcance del instituto de la responsabilidad, de los valores que este representa en el actual modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, y de la esencia que persigue la sociedad moderna donde dicha herramienta no puede quedar reducida a su vocación económica, sino que debe adaptarse a realidades dinámicas y complejas. En ese sentido, el tratamiento del primer e incuestionable elemento del instituto de la responsabilidad como es el daño enfrenta retos cruciales al momento de su definición, delimitación y comprensión. La comprensión del principio de precaución y su influencia en la determinación de los eventos en los que se produce un daño en escenarios de incertidumbre invita a considerar la amenaza- como un estadio que, sin desconocer la consumación o concreción material y antijurídica del daño, merece ser estudiada, valorada y discutida para determinar cómo puede influenciar el análisis en ámbitos como la prestación del servicio o actividad médica, el control, vigilancia y seguimiento de productos, bienes o servicios, o la producción de fenómenos contaminantes en las sociedades modernas, entre otros.

Esta obra colectiva explora distintas coordenadas de las transformaciones contemporáneas que ha experimentado el derecho administrativo en los últimos años. En ella se exponen los principales cambios políticos, económicos, sociales y culturales que han redefinido su identidad como disciplina, su aptitud para gobernar la actividad de la Administración pública y su interacción con los particulares. La amplitud y diversidad de las temáticas desarrolladas por los autores y compiladas en esta obra colectiva son una muestra de las realidades propias de los cambios dinámicos y continuos que el devenir les impone al derecho administrativo y a sus instituciones, las cuales ofrecen a la comunidad académica y profesional nuevas perspectivas para su estudio, reflexión y ejercicio de manera coherente con la identidad de esta disciplina jurídica.

El de convencionalidad es un concepto amplio, omnicomprensivo, complejo y en proceso de consolidación en el ámbito del derecho, que involucra, dada su configuración, un claro e inobjetable elemento amplificador del ordenamiento jurídico vigente en cada Estado, no solo por el hecho de la pertenencia de estos a la comunidad internacional, sino también por estar ligados a ella, por medio de instrumentos jurídicos vinculantes, como pueden ser, entre otros, los tratados, convenios, protocolos y acuerdos internacionales de todo orden. El solo hecho de la pertenencia a la comunidad de Estados significa la afirmación de los principios generales del derecho de toda la comunidad civilizada y en la que se han asentado los ordenamientos jurídicos, y la defensa y cumplimiento de las obligaciones internacionalmente imperativas (jus cogens), que producen efectos ergo omnes, sea que se encuentren positivizadas o no. La investigación que nos ocupa aborda una de las problemáticas de la mayor trascendencia para la coexistencia entre la comunidad internacional y sus países miembros, como es la de la permanencia y garantía de respeto profundo a los derechos humanos. Pretende identificar los estándares derivados de los principios, valores y normas del derecho internacional, que, articulados con los ordenamientos jurídicos de los países miembros de la comunidad internacional, les brindan a las personas los mínimos necesarios en relación con la preservación material de sus derechos subjetivos y colectivos. Conforme a los postulados del derecho internacional, se han venido construyendo, desde hace ya muchos años, las bases de un régimen jurídico único, con valores, principios y normas que se materializan en permanentes decisiones de los organismos internacionales, y de todas las autoridades en el interior de los Estados, protectoras y garantes de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho de Gentes y demás bienes derivados del Derecho Internacional Consuetudinario.