El aborto no es un aspecto exclusivo de la modernidad. Y aunque no se cuente con datos estadísticos fiables, de la actualidad o del pasado, se trata de un fenómeno que ha sido, es y seguirá siendo parte de la vida de las mujeres. No obstante, su catalogación en tanto un problema, como un asunto que puede o debe ser tratado como público, como un objeto de intervención o control del Estado, desde una perspectiva garantista o prohibicionista, es más reciente. En este orden de ideas, por un lado, el aborto hace parte de la realidad de las dinámicas reproductivas de las sociedades. Pero, por otro lado, se constituye desde la cultura romana, y luego con la llegada del cristianismo, en un asunto de debate y prohibición en su versión inducida (Mayo Abad, 2002). Lo anterior quiere decir que el aborto, y de forma más precisa, la postura frente a su práctica y los derechos que tienen las mujeres de tomar decisiones frente al asunto y, por lo tanto, la regulación que frente a él emite el Estado, son una construcción social. No se trata de un hecho inamovible y perpetuo. Por el contrario, su interpretación cambia en el tiempo y en el espacio en función de las fuerzas que interactúan para alterar su delimitación que, por siglos, ha sido objeto de disputas.
