Bertha Cecilia Rosero Melo – författare

La Interventoría y la Supervisión son un medio de control en la contratación pública, que buscar que el contratista se ciña en la ejecución de lo pactado con el lleno de los requisitos legales, técnicos, económicos, de tiempo y calidad exigida, a fin de que las entidades públicas cumplan con los propósitos que le han sido conferidos desde la propia constitución. En el texto se hace referencia a los principales aspectos que deben observarse al momento de ejercer esta labor, para que de manera eficaz se logre proporcionar a la entidad contratante el acompañamiento necesario y la asesoría técnica para que ésta pueda adoptar de manera oportuna las acciones remediales que fuesen necesarias, entre ellas, resolver reclamaciones de los contratistas, efectuar retenciones en los pagos, autorizar adiciones o mayores cantidades de obra según sea el caso, emitir sanciones por incumplimientos, conminaciones, o el uso de las facultades extraordinarias, entre otros, así como el apoyo en la elaboración del acta de liquidación del contrato. Con la presente obra se busca concientizar que quien ejerce la labor de Interventor o Supervisor tenga muy presente que al contratista hay que exigirle acorde con lo estipulado en los documentos del contrato y la normativa que le es aplicable, no regalarle absolutamente nada, pero tampoco quitarle o negarle lo que efectivamente tiene derecho.

Esta  cuarta edición del libro Contratación Estatal. Manual Teórico – Práctico,  conserva la estructura de las anteriores, explicando de manera sencilla y práctica cada una de las modalidades de selección del contratista y adecúa su contenido con las nuevas normas aplicables a esta materia, como lo es el  Decreto 092 de 2017 por medio del cual se reglamentó la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro – ESAL, así como la Ley 1882 de 2018 por la cual se adicionaron, modificaron y dictaron disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia y el Decreto 392 del 28 de febrero de 2018 por el cual se reglamenta los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en procesos de contratación en favor de personas con discapacidad y con pronunciamientos Jurisprudenciales.Todo esto, con la finalidad de continuar aportando al operador contractual de herramientas que apoyen la labor y eviten incurrir en irregularidades que puedan conllevar a responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y hasta civil por mero desconocimiento de la reglamentación legal aplicable,  buscando en todo caso, el cumplimiento de la normativa y generando conciencia para la selección de contratistas en forma objetiva y transparente, con respecto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, entre muchas otras reglas y condiciones.