Ivan Otero Suarez – författare

Las últimas décadas del siglo XX representan un periodo de transformación global en la actividad judicial. La inter- nacionalización y globalización del derecho, así como la era de la informática, cambiaron la forma en cómo los jueces y sobre todo las Cortes Constitucionales, se comunican entre sí, resuelven sus casos y construyen su jurisprudencia. Gracias al fácil acceso en las distintas bases de datos de contenido jurídico, como también a los porta- les electrónicos judiciales donde empezaban a publicarse las sentencias, los jueces pasaron de estar parcialmente aislados en sus propios ordenamientos, a estar mayor- mente interconectados. Esta interconexión generó la producción del fenómeno denominado como uso voluntario de derecho foráneo en sede judicial, el cual ha sido estudiado por el derecho constitucional comparado a través de distintas teorías. En la presente obra, se ha escogido la de la migración de ideas constitucionales para analizar su materialización en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, producto de la incorporación de doctrinas jurisprudenciales foráneas, en lo que res- pecta a los límites al poder de reforma constitucional; el objeto del control de constitucionalidad; y la extensión de las fuentes de derecho como instrumento de integración normativa y parámetro de control de constitucionalidad.

El libro que ahora se presenta a la comunidad académica tiene como objetivo principal aportar al análisis y a la discusión que sobre un tema trascendental para el mundo jurídico colombiano deben hacerse, en tanto aborda un elemento fundacional de nuestra organización jurídico-política, como es el carácter de Estado social que nuestra Constitución consagra a lo largo de su texto, y que utiliza como principio definitorio en el artículo 1.°.El Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia hizo una apuesta que no se vislumbraba fácil, pero que consideramos era el único camino adecuado para abordar este tema: evaluar y valorar el desarrollo y la concreción real que en situaciones precisas o respecto de grupos específicos han tenido algunos de los DESC, reconocidos en nuestro orden constitucional, luego de casi 30 años de haber iniciado su vigencia la Constitución de 1991. Apuesta que, así expresada, merece alguna explicación. El presente tomo aborda los DESC tomando como referencia derechos concretos o grupos poblacionales, y realiza una aproximación a las dificultades que actores o comunidades concretos han tenido con ocasión de su defensa. Con ello esperamos contribuir en alguna medida a mejorar la situación evidenciada en materia de los DESC, ahora, 28 años después de haber entrado en vigor la Constitución de 1991.