Jairo Alberto Martinez Idarraga – författare
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"Aunque pudiera pensarse que entrados en el siglo XXI los derechos de la infancia están plenamente afianzados a nivel mundial, su reconocimiento es algo relativamente reciente y aún no asentado. En la formación y evolución de los sistemas nacionales de justicia juvenil han jugado un papel determinante los instrumentos internacionales, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. En el marco de Iberoamérica, los 22 países que conforman la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos (COMJIB) procedieron a su rápida ratificación y, salvo Argentina y Cuba, todos se han dotado de un marco normativo en materia de justicia juvenil post Convención. Pero esa aceptación jurídica de la Convención, ratificada por todos e incluso incorporada a sus constituciones de forma expresa por muchos, no siempre se corresponde con una aceptación material, una recepción real, en cuanto no es aplicada, y prueba de ello son los informes periódicos del Comité de Derechos del Niño, donde ningún país sale indemne. En esta obra se analizan, desde diversas ópticas, algunos aspectos generales de la justicia juvenil en Iberoamérica, así como aspectos concretos de 10 países de la región, a través de expertos referentes en la materia."
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La Salud Penitenciaria o Salud en las Prisiones es una tematica emergente que suscita interes, infortunadamente, en muy pocos actores del sector salud y mucho menos en la poblacion general; incluso podria afirmarse que queda restringida solamente a las autoridades gubernamentales responsables del manejo del sistema penitenciario y carcelario y a organismos internacionales de ayuda humanitaria. La razon, probablemente, este conectada con el desden que suscita hablar de los derechos de la Poblacion Privada de la Libertad PPL, puesto que, en el pensamiento erroneo de una buena parte del colectivo, estos seres humanos no merecen atencion especial, pues el olvido y el trato rudo, a veces inhumano, es parte del castigo por haber transgredido la ley. En Colombia las condiciones de vida de la PPL han sido tan precarias y su manejo tan infortunado que la Corte Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia T-388 de 2013, declara el Sistema Penitenciario y Carcelario como un estado de cosas inconstitucional.