Lida Buitrago Campos – författare

"En Colombia existen municipios donde más del 50 % de su población es víctima del conflicto armado, lo cual conlleva a que generen pocos ingresos y gran dependencia de los recursos de la nación. Pese a que la Corte Constitucional amplió la vigencia de la Ley 1448 del 2011 sobre las víctimas del conflicto armado del 2021 al 2031, debido a que solo el 10 % de las víctimas se encuentra reparado, es un reto para los municipiossuplir las necesidades de sus habitantes como de la población vulnerable, víctima y reinsertada. El caso de estudio del libro es el municipio de Mocoa, donde la mitad de su población es víctima y el desplazamiento ha originado veintiún asentamientos, sin embargo, los procesos de legalización y titulación demandan recursos que la administración municipal no suple, lo cual limita la reparación. En estas líneas confluyen una mirada desde arriba (Estado) y una mirada desde abajo (las víctimas), como un punto donde se pueda resarcir a las víctimas y llegar a una paz estable y duradera."

En estas páginas se desvela la realidad de las víctimas del conflicto armado en Mocoa, un municipio donde el 50 % de la población se encuentra en esta condición. De los 21 asentamientos identificados en las zonas urbana y rural, se analizaron 6 que presentaban la desarticulación entre la Ley 1448 del 2011 de Víctimas y la Ley 388 del 1997 sobre Ordenamiento Territorial. En el proceso investigativo, que contó con el apoyo de instituciones de cooperación internacional, se presentó la avenida torrencial del 2017 que afectó a cientos de víctimas, muchas de ellas ubicadas sobre la ladera del río, revictimizadas por el desastre natural. Los hallazgos de este trabajo podrían dar luces y recomendaciones al Plan de Ordenamiento del municipio. La reparación a las víctimas plantea nuevas preguntas desde la realidad de los territorios, tanto para cesar la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta con relación a la ampliación de la vigencia de la Ley al año 2031, como con las limitantes en la incorporación de estos asentamientos a las zonas indicadas en el Plan de Ordenamiento Territorial.