Margarita Martinez – författare

Arte y emprendimiento: por nuevas formas de aprender es una compilación de reflexiones de la comunidad de la Universidad del Rosario, que explora la conexión entre el arte y el emprendimiento como estrategia pedagógica innovadora. La obra refleja un enfoque educativo que va más allá de la transferencia de conocimientos y, en cambio, transforma aulas en laboratorios de experimentación. La iniciativa "El arte de emprender" busca desarrollar personalidades emprendedoras, al combinar habilidades creativas y ejecutivas, promover una comprensión integral del entorno y fomentar proyectos emprendedores innovadores. Destaca la importancia de las emociones en el emprendimiento y presenta testimonios de profesores, estudiantes y emprendedores que han encontrado su propósito mediante la combinación de estos dos saberes. Así, este libro se constituye en una valiosa contribución al campo educativo, al mostrar cómo el arte y el emprendimiento son capaces de potenciar la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes, marcando un hito en la transformación educativa de la Universidad del Rosario y promoviendo metodologías innovadoras en el futuro.

Este libro plantea algunas reflexiones jurídicas sobre la importancia del secreto profesional por parte de las y los profesionales de la salud, en los casos de mujeres que acuden a los centros de salud en busca de ayuda luego de haber interrumpido su embarazo de manera clandestina, poniendo en peligro su salud e incluso su vida.Estas reflexiones surgen de la tensión que se presenta entre el derecho a la intimidad de las mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones derivadas de abortos incompletos o inseguros, y la obligación de denuncia de los médicos/as y enfermeros/as cuando están ante la posible presencia de un delito.¿Se justifica la violación del secreto profesional en estos casos? A cuál dimensión de la tensión se le debe dar prioridad, al deber de denuncia de las y los profesionales de la salud, o al derecho a la intimidad de las mujeres? ¿Cuáles son las consecuencias dentro del proceso penal de usar información que se obtiene violando el secreto profesional? ¿Qué impactos tiene esto sobre el derecho a la intimidad? ¿Cómo se ha resuelto esta tensión en el derecho comparado y en los sistemas de protección de derechos humanos? El presente texto se propone responder estas preguntas.

Este documento plantea una reflexión sobre algunos de los retos más complejos y apremiantes, que la implementación del Acuerdo de paz enfrenta en materia de derechos de las mujeres y de aplicación del enfoque de género en las políticas destinadas al mundo rural.Entre 2008 y 2017, la Fiscalía General de la Nación (FGN) registró 36.881 casos de violencia sexual ocurridos en los 170 municipios rurales priorizados para la aplicación del Acuerdo de paz en Colombia. Además de que estos municipios han mantenido tasas críticas de ocurrencia de este delito durante el periodo de tiempo señalado, la Defensoría del Pueblo, en su sistema de alertas tempranas, también ha llamado la atención sobre el alto riesgo de violencia sexual que se ha presentado en algunas de estas zonas del país desde el momento del cese al fuego promovido en el marco del proceso de paz.¿Se encuentra el Estado preparado para atender en salud y de manera integral a las víctimas de violencia sexual en estos territorios que históricamente han tenido precaria presencia institucional? ¿Cuál es la capacidad institucional de estos municipios para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a aquellas mujeres víctimas que solicitan acceder a este derecho? ¿Qué factores se deben tener en cuenta para prevenir que los índices críticos de violencia sexual se sigan manteniendo o aumenten en estos territorios?El presente documento tiene por objetivo abordar estas preguntas, al evaluar cómo ha sido la aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en los 170 municipios priorizados para la implementación de la reforma rural integral (RRI) del Acuerdo de paz; nos concentraremos, particularmente, en las posibilidades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en estas zonas del país.

Este texto que Dejusticia lanza en colaboración con Fensuagro, sobre la experiencia de las mujeres cultivadoras de coca en la región Andinoamazónica, busca explorar los retos que les impone la vida rural, las estructuras de género, el conflicto armado y la criminalización, a estas mujeres.Durante más de 30 años, la estrategia de los gobiernos para controlar el tamaño de la extensión de cultivos de uso ilícito ha sido la represión contra los eslabones primarios de la cadena de productiva de la coca: el campesinado. En nombre de la salud pública se han asperjado con agrotóxicos los territorios que habitan las protagonistas de esta historia, sin que estas estrategias hayan aportado efectivamente a la solución del problema de las drogas declaradas ilícitas. Por el contrario, ha contribuido a la estigmatización del cultivo de coca.Además de resaltar el fracaso del prohibicionismo, el texto recoge las voces de las mujeres cultivadoras de coca de los departamentos del Putmayo, Cauca y Nariño, y sus condiciones de vida, trayectorias y experiencias personales. El esfuerzo se centró en mostrar cómo a pesar de las difíciles condiciones del contexto, a través de su liderazgo y participación comunitaria, las mujeres han construido un territorio donde el Estado colombiano permanece ausente, y no ha atendido las necesidades básicas de la población.

A partir de los relatos de 35 lideresas, indagamos sobre la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en los Montes de María, una región con precariedad institucional, históricamente azotada por el conflicto armado y donde la maternidad es un mandato social y comunitario.El mensaje de los derechos sexuales y reproductivos aún no llega por completo a Montes de María. Se quedó a la mitad del camino. En esta región, con la memoria de una guerra atroz, y donde la institucionalidad ha sido precaria, la infraestructura en salud no es suficiente para ofrecer procedimientos, medicamentos o servicios de calidad. Eso se traduce en que muchas mujeres deban viajar a municipios o ciudades aledañas para realizarse exámenes, interrumpir su embarazo o acceder a anticonceptivos.De igual forma, el arraigo de los roles de género en la región incide negativamente en la garantía de estos derechos. La maternidad es una expectativa que familias y comunidades imponen sobre las mujeres, lo que hace que sean valoradas únicamente por su rol de madres y reproductoras. Este mandato les niega la autonomía para decidir sobre sus cuerpos, su reproducción y su sexualidad.Bajo este imaginario, los profesionales de la salud, así como las comunidades, condenan públicamente la interrupción del embarazo, la ligadura de trompas e incluso factores que están más allá de la decisión de las mujeres, como la esterilidad.Esta combinación de elementos, entre otros, da paso a una larga vulneración de derechos fundamentales que, si bien, afecta a toda la población montemariana, tiene efectos desproporcionados sobre las mujeres de la región. La intimidad, la autonomía reproductiva, la educación sexual, la interrupción voluntaria del embarazo o la atención a víctimas de violencia sexual son solo algunos derechos fundamentales que actualmente se ven amenazados.En este libro nos aproximamos a la situación de Montes de María desde la voz de las mujeres lideresas de la región, con el fin de conocer sus experiencias, resistencias y relatos. Solo al escuchar a las mujeres de la región será posible plantear nuevas posibilidades para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, y pensar en las ventajas que ofrecen nuevos escenarios de transición, tales como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que actualmente se desarrollan en la región.

In this book, we offer an examination of and recommendations for women''s participation in Colombia''s peace processes, with an eye toward strengthening spaces for participation and, in doing so, ensuring that the peace accord is ultimately translated into long-term social pacts that are inclusive and committed to justice and equity.

Colombia''s response to the country''s drug problem has been based on the repression of the weakest links in the drug chain—namely consumers and small farmers—which has led to disproportionate rates of imprisonment and has involved a heavy focus on forced crop eradication. Not only has such an approach failed to effectively control the cocaine market, but it has also unleashed harmful side effects in terms of security, social development, and human rights as they concern communities in coca-growing areas. Moreover, although scholars and practitioners have analyzed Colombia''s drug problem from a variety of perspectives, these efforts have tended to overlook women''s experiences.This report explores the ways that rural norms, gender structures, the armed conflict, and illegal markets have played out in the lives of women coca growers in Colombia''s Andes-Amazon region, an area distinguished by the presence of illegal armed groups, violence, poverty, and weak state institutions. In this region of Colombia, coca cultivation has offered an important source of income for rural families, which in turn has affected women''s roles in society and has placed them in a vulnerable position vis- à-vis armed actors.The Andes-Amazon region is an area where the country''s war on drugs and its armed conflict converged and unmasked the gender structures dominating the countryside. These structures affected rural women in various ways: through everyday violence, the fumigation of illicit and licit crops alike, and women''s stigmatization due to their involvement in an illegal trade. But coca was also a source of livelihood that helped them attain economic independence and gave them the ability to improve their well-being and that of their families.The recent peace accord signed between the Colombian government and the country''s main guerrilla group represents a historic opportunity to learn from past mistakes in terms of the illicit crop problem and the social and political demands of coca-growing communities. Against this backdrop, it is time to recognize the contributions that women coca growers have made in both the public and the private spheres toward the construction of a peaceful countryside in the most remote and forgotten regions of the country.

La participación de las mujeres en los procesos de paz en Colombia ha sido mínima. Además, las mujeres han encontrado numerosos obstáculos en el momento de incidir en el Estado y de posicionar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en las instituciones. ¿Por qué la persistencia de estos obstáculos? ¿Por qué es indispensable que las mujeres participen?Negociando desde los márgenes es una apuesta por recuperar las memorias de las mujeres que, a través de diferentes estrategias y formas de incidencia, han logrado impactar en los procesos de paz. Gracias a la presión ejercida por estas mujeres, el actual proceso de paz cuenta con una Subcomisión de Género e incorporó este enfoque como transversal en los acuerdos. La participación de las mujeres está más que justificada si se tiene en cuenta que las mujeres representan un 51,2% de la población colombiana, además de ser mayoritariamente víctima diferenciada del conflicto armado.A partir del análisis del papel de las mujeres en los distintos procesos de paz que han tenido lugar en colombia desde 1982 hasta el actual, este texto expone los desafíos a los que se enfrentan las instituciones al garantizar la participación de las mujeres en el presente. Así, en último lugar y a modo de conclusión, encontramos las recomendaciones a corto, medio y largo plazo para garantizar unos mínimos básicos y unos mínimos justos en la participación política de las mujeres.El libro hace parte de la colección ''Ideas para construir la paz'' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.

Uno de los propósitos centrales de este texto es superar, en un primer intento, el vacío de información acerca de la IVE y el conflicto armado, y de las barreras que las mujeres enfrentan cuando quieren solicitar el procedimiento en esos escenarios.

La guerra contra las drogas no ha funcionado: a pesar de que cada vez más personas son encarceladas por delitos de drogas, el consumo no se ha reducido, las redes de narcotráfico continúan enriqueciéndose y la violencia asociada a este fenómeno no ha cesado.La política de drogas en Colombia ha centrado sus esfuerzos en perseguir y encarcelar a los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico, personas que mayoritariamente son pobres y ocupan posiciones de vulnerabilidad en la sociedad. En Colombia, hay una tendencia creciente a que las mujeres pobres cabeza de hogar y con pocos recursos para estudiar o conseguir trabajos formales se involucren en los mercados ilegales, siendo encarceladas por desempeñar tareas de baja remuneración y alto riesgo.Esta Guía, por un lado, hace un diagnóstico de la situación de las mujeres vinculadas con delitos de drogas en Colombia y de los impactos de la privación de la libertad sobre sus vidas y las de sus familias y, por otro lado, formula recomendaciones tendientes a mitigar los efectos desproporcionados del encarcelamiento y a evitar que estos continúen existiendo en el futuro.

The war on drugs has been a failure: even though more people have been incarcerated, accused of drug crimes, the consumption of substances hasn''t reduced, the narcotic traffic keeps growing and the violence associated to it has increased.The drug policy in Colombia has focused on criminalizing and imprisoning the lowest-ranking members of the drug trade, who are mainly poor people that occupy a marginal relationship with the business and with society. And there is a particular tendency for single mothers, who haven''t been able to find a formal job, to get involved in the illegal drug trade networks, developing high-risk tasks which are poorly remunerated.This document, on the one hand, makes a diagnosis about the situation of women linked with drug crimes in Colombia and the impact that has in their lives and families. On the other hand, It also offers public policy recommendations aimed at mitigating incarceration''s disproportionate effects on these women, with an eye toward preventing such effects in the future.