Angie Paola Botero – författare

Este documento pretende examinar los resultados del proceso de restitución de tierras, haciendo énfasis en su articulación con las políticas de vivienda y generación de ingresos, componentes centrales que la restitución y el retorno requieren para garantizar a las víctimas restituidas condiciones de vida digna en términos de habitabilidad y sostenibilidad económica.Así lo ha reconocido la Corte Constitucional, órgano que en múltiples sentencias ha señalado que es deber del Estado otorgar a las víctimas un trato especial, preferente y prioritario, puntualmente en lo que respecta al derecho fundamental a la vivienda digna y a la implementación de políticas dirigidas a generar condiciones de sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que el delito del desplazamiento supone el abandono forzado del lugar de residencia y la pérdida de condiciones para autosostenerse.En consecuencia, este documento parte de la tesis según la cual la sostenibilidad del proceso de restitución depende de la implementación, articulación y complementariedad de esta política con otros esfuerzos dirigidos a fomentar condiciones para el retorno de las víctimas y su reintegración a la vida productiva en el campo, sin los cuales no sería posible garantizar el retorno en condiciones dignas y duraderas y lograr un desarrollo económico e inclusión social democrática.Este texto hace parte de la colección ''Ideas para construir la paz'' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.

Las herramientas pedagógicas presentadas a continuación buscan servir como una compilación rápida de consulta que permita a los funcionarios tener a su alcance una guía de cómo asumir algunos de los retos más usuales en su trabajo diario.Entre 2012 y 2013 aproximadamente 7.073.897 hectáreas de tierras fueron objeto de despojo y abandono en Colombia, según la Primera Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la Contraloría General de la Republica. Esta situación ha afectado la integridad física y el proyecto de vida de las víctimas, ha disminuido el crecimiento anual de la economía agropecuaria, ha destruido lazos comunitarios, y ha dificultado la consolidación del Estado de derecho, la democracia y la paz.El objetivo de la restitución de tierras no es otro que la consolidación de un verdadero Estado de derecho, y una democracia bajo la idea de que no es legítimo o aceptable reactivar la economía agraria ignorando la ilegalidad que la fundamenta.Ahora bien, este proceso de restitución ha enfrentado enormes dificultades. La guerra continúa y muchos de los poderes que han estado detrás del despojo siguen dominando en muchas regiones. Los desafíos de seguridad son entonces enormes, no solo para las víctimas sino también para los funcionarios y funcionarias que implementan la política de restitución. Además, existen problemas jurídicos muy serios y difíciles.Los materiales de formación buscan hacer un aporte modesto, pero importante, a este proceso de reconstrucción de confianza ciudadana en las instituciones, mediante la formulación de metodologías de acción que permitan enfrentar estos desafíos jurídicos y técnicos. El objetivo principal es presentar a los funcionarios responsables de tramitar las peticiones de restitución de tierras, una serie de herramientas que permitan facilitar su trabajo en el terreno.