Laura Gabriela Gutierrez – författare

La restitución de tierras despojadas y abandonadas es uno de los esfuerzos más importantes del Estado colombiano, en la búsqueda de una solución duradera a la crisis humanitaria que causó el conflicto armado y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Esta experiencia sin precedentes en nuestro país no solo ha logrado despertar la admiración en la comunidad internacional, sino que comienza a convertirse en un referente obligado para otros países que también han sufrido las consecuencias devastadoras del conflicto.La consolidación de estos resultados requiere un arduo trabajo que permanentemente debe enfrentar nuevos desafíos, más aún en el contexto colombiano donde persiste el conflicto, la impunidad y la fragilidad del Estado en los territorios rurales. Para resolver los retos inherentes a la restitución de tierras es esencial que exista una comprensión adecuada de su marco jurídico y normativo, y pensar en fórmulas de solución a partir de mecanismos, instituciones o procedimientos que la hagan más efectiva.Esta investigación se centró en los problemas jurídicos concretos con efectos directos en los alcances de la restitución de tierras. Por un lado entregamos un análisis sobre las peculiaridades de sus mecanismos y procedimientos, y además examinamos uno de sus retos más complejos: el examen del concepto de buena fe y sus efectos en la resolución de conflictos sobre la tierra. Y se considera la procedencia y el fundamento de las compensaciones tanto para las víctimas de despojo o abandono forzado de tierras como para los "ocupantes secundarios", quienes han sido reconocidos en normas internacionales.Este documento se realizó en el marco de un convenio de cooperación entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Dejusticia, con el fin de promover el análisis y la reflexión sobre los desafíos jurídicos de la implementación de la acción de restitución de tierras.

Este documento pretende examinar los resultados del proceso de restitución de tierras, haciendo énfasis en su articulación con las políticas de vivienda y generación de ingresos, componentes centrales que la restitución y el retorno requieren para garantizar a las víctimas restituidas condiciones de vida digna en términos de habitabilidad y sostenibilidad económica.Así lo ha reconocido la Corte Constitucional, órgano que en múltiples sentencias ha señalado que es deber del Estado otorgar a las víctimas un trato especial, preferente y prioritario, puntualmente en lo que respecta al derecho fundamental a la vivienda digna y a la implementación de políticas dirigidas a generar condiciones de sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que el delito del desplazamiento supone el abandono forzado del lugar de residencia y la pérdida de condiciones para autosostenerse.En consecuencia, este documento parte de la tesis según la cual la sostenibilidad del proceso de restitución depende de la implementación, articulación y complementariedad de esta política con otros esfuerzos dirigidos a fomentar condiciones para el retorno de las víctimas y su reintegración a la vida productiva en el campo, sin los cuales no sería posible garantizar el retorno en condiciones dignas y duraderas y lograr un desarrollo económico e inclusión social democrática.Este texto hace parte de la colección ''Ideas para construir la paz'' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.