Carlos Arturo Gomez Pavajeau – författare

Mi Dogmática del Derecho Disciplinario en un cuarto de siglo de investigaciones, conferencias, escritos, discusiones, propuestas y contrapropuestas se renueva a propósito de las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021, que han tratado de darle un nuevo impulso en su conceptualización como una ciencia autónoma e independiente. Sui generis y única en el mundo de la cultura jurídica universal de occidente, pero un cisma ha sacudido sus bases hasta el momento estables, representada por la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro vs. Colombia, ante lo cual se ha reaccionado con la última ley mencionada y la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, mismas que bien podría decirse decantan y solidifican una visión autóctona y germinalmente pensada por el Libertador Simón Bolívar desde, al menos formalmente, el Discurso de Angostura de 1819 en la cual tuvo origen el rechazo de un Control Interno Disciplinario fundado en la "potestad doméstica" de la Administración y, el planteamiento de un poder especial y especializado del Estado al lado de los tradicionales poderes públicos. Tal hecho nos impulsa a nuevas investigaciones y novedosas propuestas para evitar el caos generado por la irresponsable visión del gobierno de turno, apoyado por un séquito de áulicos que se miran a sí mismos como beneficiarios de sus nefastas consecuencias, lo que parece ser el único propósito de acabar una institución bicentenaria y una rama del Derecho que, es quizás, lo único que tenemos para mostrarle al derecho comparado como aporte sistemático y completo

Los estudios reunidos en este libro tocan con el alma del derecho disciplinario, con aquella categoría del derecho público llamada a explicar, fundar y legitimar diferentes expresiones del derecho sancionador administrativo del Estado, tanto en el ámbito de los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas como de amplios sectores de lo privado, en cuya orbita injiere el llamado Estado social.El primer ensayo busca profundizar en los orígenes de la relación especial de sujeción, con lo cual se pone de presente cómo esta categoría resulta aplicable no sólo a los servidores públicos, sino también a particulares vinculados con un servicio público y a actividades injeridas por el Estado, abriendo horizontes de desarrollo, puesto que la doctrina más difundida sobre su nacimiento vincula la figura exclusivamente con el funcionariado.El segundo estudio fue publicado inicialmente por el Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, apareciendo ahora corregido y revisado.El tercer estudio, fue publicado en la misma casa editorial mencionada, pero ahora se presenta una nueva edición aumentada y puesta al día con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.El primer ensayo busca profundizar en los orígenes de la relación especial de sujeción, con lo cual se pone de presente cómo esta categoría resulta aplicable no sólo a los servidores públicos, sino también a particulares vinculados con un servicio público y a actividades injeridas por el Estado, abriendo horizontes de desarrollo, puesto que la doctrina más difundida sobre su nacimiento vincula la figura exclusivamente con el funcionariado.El segundo estudio fue publicado inicialmente por el Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, apareciendo ahora corregido y revisado.El tercer estudio, fue publicado en la misma casa editorial mencionada, pero ahora se presenta una nueva edición aumentada y puesta al día con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.El segundo estudio fue publicado inicialmente por el Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, apareciendo ahora corregido y revisado.El tercer estudio, fue publicado en la misma casa editorial mencionada, pero ahora se presenta una nueva edición aumentada y puesta al día con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.El tercer estudio, fue publicado en la misma casa editorial mencionada, pero ahora se presenta una nueva edición aumentada y puesta al día con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Se dice, con alcance de experiencia objetiva, que la historia debe conocerse para que no se repita. El derecho penal actual se bate en una encrucijada, puesto que sus bases liberales parecen horadarse cada vez más, lo cual ya no toca solo temas como la favorabilidad, la estricta tipicidad y problemas de inversión de la presunción de inocencia, sino algo todavía más nefasto, que desdibujaría el paradigma que separa la Edad Media de la Modernidad: una extraña y rara moralización del injusto, impecablemente presentada desde una perspectiva técnico-jurídica, de una sutileza invocadora y provocadora, en tanto facilita en grado sumo la prueba de la responsabilidad, pero vacía de contenido sustancial desde la perspectiva del Estado constitucional de derecho, en tanto se revela como una huida del bien jurídico. Si bien para el efecto se utilizan criterios válidos desde la perspectiva social, aunque discutibles, no es extraño que nuevamente la discusión se permee de elementos propios de confesiones religiosas de un conservadurismo extremo, pues en río revuelto ganancia de pescadores para los oportunistas, por tanto esto demanda que la academia recuerde a quienes se están formando en las lides penales las tragedias sufridas en otros tiempos. Aquí encontrará el lector elementos críticos que muestran los peligros de mezclar derecho penal con moral y política demagógica, olvidando que sólo aquél resulta controlable si se mantiene dentro de rigurosos parámetros anclados en principios, valores objetivos y derechos constitucionales fundamentales, esto es, dentro de un ámbito de la política constitucional.Si bien para el efecto se utilizan criterios válidos desde la perspectiva social, aunque discutibles, no es extraño que nuevamente la discusión se permee de elementos propios de confesiones religiosas de un conservadurismo extremo, pues en río revuelto ganancia de pescadores para los oportunistas, por tanto esto demanda que la academia recuerde a quienes se están formando en las lides penales las tragedias sufridas en otros tiempos. Aquí encontrará el lector elementos críticos que muestran los peligros de mezclar derecho penal con moral y política demagógica, olvidando que sólo aquél resulta controlable si se mantiene dentro de rigurosos parámetros anclados en principios, valores objetivos y derechos constitucionales fundamentales, esto es, dentro de un ámbito de la política constitucional.

La prueba de la culpabilidad, por supuesto también la de su exclusión, es el reto más alto que tienen los investigadores, fiscales y jueces penales ante sus deberes oficiales, como también la defensa, el representante de la víctima y el Ministerio Público para lo que les compete en el ejercicio de su rol. En las anteriores ediciones hemos venido proponiendo que la mejor manera de superar tan importante escollo es tratar de estudiar y enarbolar una constelación de indicadores de cada uno de los componentes de la culpabilidad, catálogo abierto y flexible, dispuesto a la práctica. En otras palabras, desarrollar una dogmática de la prueba en su dinamismo real y para la praxis judicial, lo que entedemos coincide con lo que en otras latitudes se ha dado en llamar probática jurídica.

La neurociencia está revolucionando absolutamente todo en la vida moderna, desde el propio ámbito de las ciencias de la naturaleza como el contrario de las ciencias sociales, impactando de tal forma que los cimientos de éstas se sacuden y los cismas campean por doquier, produciéndose la revisión de conceptos milenarios que han sustentado instituciones que parecían inconmovibles.Tal lo que sucede, particularmente en el derecho, muy especialmente en el derecho penal, donde el concepto de libertad, y por supuesto de la responsabilidad fundada en la culpabilidad, parece sucumbir ante el advenimiento de un nuevo determinismo neurocientífico, amén de cambios significativamente cualitativos y cuantitativos en su sistema probatorio.

Trascendental trabajo ha realizado Carlos Arturo Gómez Pavajeau, actual Viceprocurador General de la Nación, en esta obra titulada Dogmática del derecho disciplinario, en aras de afianzar el derecho disciplinario como una especialidad jurídica, con una estructura propia, acorde con los principios consagrados en nuestra Constitución Política, fuente primaria y directa de la aplicación del derecho, apartándose definitivamente de las distintas tendencias que lo ubican unas como una especie del derecho penal y otras en conexión con el derecho administrativo.Consecuente con ello es que el autor sienta las bases y crea una dogmática propia del derecho disciplinario fundamentada en los principios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, inherentes a la nueva disciplina que ha logrado edificar.Tras un recuento histórico de las diversas tendencias y la evolución del derecho penal, y una vez expuestas las disímiles posturas de sus categorías, se presenta este trabajo con una metodología diferente a través de la cual se pretende definir la naturaleza jurídica del derecho disciplinario, buscando otorgarle identidad y concreción propias a la falta disciplinaria y a las categorías dogmáticas que igualmente la deben integrar. Todo esto con el fin de darle alcance de ciencia a este derecho, de manera independiente y autónoma, supeditando los principios de oportunidad y conveniencia, consubstanciales al mismo, a la vigencia del principio de legalidad, así como a postulados importantísimos del derecho penal.

Con esta edición queremos ponernos al día en el tema de la evolución de la interpretación constitucional, tanto por lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestra Corte Constitucional como por lo dicho sobre esto en la escuela genovesa, exposición muy cercana al texto de nuestra Carta Política.La interpretación constitucional contemporánea es el mejor ejemplo de los desarrollos prácticos y reales de la jurisprudencia de valores, razón por la que agregamos un nuevo capítulo sobre el tema, necesario para el entendimiento de la dogmática como ciencia del derecho.

El libro sobre justicia transicional, coordinado por el doctor Carlos Arturo Gómez Pavajeau, cuyos capítulos fueron escritos por estudiantes de la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, es un valioso material de estudio y consulta porque aborda diversos temas de actualidad y discusión en la justicia transicional, algunos de los cuales son analizados desde perspectivas netamente jurídicas y otros  teniendo en cuenta elementos sociológicos, psicológicos y filosóficos, con lo que se enriquece de manera sustancial el contenido del libro. Debe ponerse de relieve que los estudiantes de maestría que desarrollaron los diversos temas que se exponen en la obra realizaron un destacable trabajo de investigación que les permitió llegar a interesantes propuestas en temas sustanciales y procesales, tales como: 1) un novedoso concepto de culpabilidad que propone que al momento de analizar esta categoría dogmática se tenga en cuenta la responsabilidad que le resulta imputable al Estado por no haber realizado de manera correcta su función y haber propiciado condiciones de violencia; 2) el planteamiento de aplicación de principio de oportunidad para campesinos pequeños cultivadores de coca, como solución para definirles la situación jurídica; 3) los enfoques de diversidad de género en el proceso penal, los cuales proponen tener en cuenta la calidad de las víctimas al momento de la reparación, distinguiendo si se trata de mujeres, niños, ancianos, discapacitados, comunidades étnicas, raciales o LGTBI; 4) responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del conflicto armado por razón del papel protagónico que tuvieron en él; 5) restitución de tierras y tratamiento de terceros de buena fe -segundos ocupantes-; 6) amnistías e indultos para miembros de la fuerza pública; 7) fines de la pena y sanciones aplicables en la Jurisdicción Especial para la Paz; 8) participación en política de excombatientes; 9) máximos responsables y 10) tratamiento de los inimputables.

El concepto de dignidad humana no viene definido jurídicamente y, como concepto jurídico indeterminado, debe buscarse su sentido en la antropología filosófica, en tanto disciplina que reflexiona sobre lo que es el hombre a partir de los aportes de la medicina, la antropología, la psiquiatría, la psicología, la fisiología, etc. Hoy, la neurociencia cumple un papel revolucionario en el estudio del ser humano, imponiendo metodológicamente a toda disciplina su saber, desarrollando el ideal interdisciplinario, o mejor transdisciplinario, por lo que bien podemos hablar de neuroantropología filosófica. MICHAEL KUHAR (El cerebro del adicto) afirma que "comprender el cerebro y el comportamiento humano es un requisito básico para establecer metas objetivas para'' el mejoramiento personal y social", sentencia que se constituye en una verdad inconcusa para el derecho penal y disciplinario. Con este trabajo queremos cumplir una aproximación al tema, pues mucho camino queda por recorrer, al menos mostrar cómo, de alguna forma, los cultores de lo jurídico y por supuesto la Administración de Justicia vivimos de espaldas a los aportes que otras disciplinas hacen al conocimiento del ser humano y su comportamiento. No se trata de un nuevo naturalismo ni de una recidiva en la antropología positiva lombrosiana, por el contrario, nos movemos en el más puro humanismo, aquel sugerido por los artículos 1 y 70 de nuestra Carta Política.

Contiene este libro la compilación de estudios presentados por el autor, en representación del Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario en los diez años ''de vigencia de su existencia, en su intercambio de conocimientos en los eventos organizados por la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario. Dichos estudios apuntan a la esencia de las temáticas fundamentales propuestas por el Derecho colombiano, su evolución y desarrollo, los aspectos paradigmáticos de orden constitucional que han permitido y facilitado el estado actual del conocimiento y, sobre todo, la visión de aquellos dentro de las estrategias de lucha contra la corrupción. Este libro se constituye en la base fundamental para el entendimiento de lo que es el Derecho Disciplinario colombiano, por lo que su contenido evolutivo lo seguirán aportando los estudios presentados ante la comunidad internacional, como ejercicio para el conocimiento y discusión del Derecho comparado entre los países miembros de la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario.

Este libro contiene la reflexión de más de veinticinco años sobre el tema, auscultando lo que se ha dicho por nuestros nacionales y por el Derecho comparado, con especial seguimiento a la jurisprudencia de la Corte  Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la Corte  Suprema de Justicia. Algunos piensan que con su contenido se ha aprehendido y reflexionado de manera exhaustiva, completa y profunda sobre las aristas filosóficas, políticas, sociales y jurídicas del principio de la antijuridicidad material, o de lesividad u ofensividad, como prefieren otros; también se ha procurado, dado lo abstracto que resultan los principios, aterrizarlo al plano dogmático y por supuesto a la praxis judicial, especialmente con el estudio de las categorías aristotélicas -tema ampliado aquí significativamente- y los llamados subprincipios de pertenencia de la antijuridicidad material. Pero, por supuesto, la reflexión tuvo un punto de partida, y se encuentra muy lejos el de llegada, de manera que son muchos los puntos todavía por tratar con respuestas satisfactorias, como se puede apreciar respecto del contenido sustancial de la antijuridicidad en los llamados delitos cumulativos vinculados con bienes jurídicos de naturaleza colectiva o, si se piensa en la actualidad y el futuro, en delitos que van más allá de lo individual, social y estatal, con perfiles y alcances globales, en los cuales estos estrechos márgenes son insuficientes para aprehenderlos, como sucede con el genocidio por traslado de niños de un grupo cultural a otro o por embarazo forzoso de miembros del grupo enemigo, la manipulación genética, la clonación, el maltrato animal y muchos otros que tienen como elemento común el "sentimiento y conciencia de humanidad", nuevas fronteras objeto de exploración futura.

Los administrativistas trabajan arduamente en la recuperación de la importancia del "poder disciplinario" como parte de la naturaleza administrativa del Derecho disciplinario, lo cual hace vaticinar que la calidad del discurso jurídico en la materia aumentará cuantitativa y cualitativamente. La Carta Política establece subespecies de Derecho disciplinario administrativo, judicial y político, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el Derecho disciplinario, cualquiera que fuere su modalidad, es uno mismo, y el derecho interno se ve compelido a consagrar instituciones que devienen de tratados sobre derechos humanos o de lucha contra la corrupción, ámbitos ante los cuales una visión doméstica del poder disciplinario resultaría demasiado corta para su explicación, como también mostraría ingente debilidad frente a la protección de garantías y aseguramiento de eficacia y eficiencia en la lucha contra la corrupción. En Colombia, una visión meramente administrativista resultaría recortada o se dificultaría explicar adecuada y apropiadamente su inserción en un mundo cada vez más globalizado. Seguimos apostando por un Derecho disciplinario autónomo e independiente, capaz de explicar todas sus manifestaciones.

Esta obra analiza, desde el punto de vista de la jurisprudencia, la doctrina oficial y la práctica, el sistema sancionador tributario colombiano y da cuenta de los vacíos así como de las tensiones constitucionales de este sistema. Así mismo, plantea reflexiones y soluciones a las problemáticas de la regulación. Se incluye no solo el régimen tributario, sino que abarca el cambiario, el aduanero, los precios de transferencia y la Unidad Especial de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).

Este libro es fruto de un proyecto conjunto de investigación entre los Departamentos de Derecho Penal y Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Su objeto de estudio se centra en los aspectos constitucionales que, producto de los nuevos desarrollos jurisprudenciales y doctrinales, deberían tener en cuenta los operadores jurídicos al momento de resolver los casos judiciales y administrativos en materia penal y disciplinaria. La obra pretende, entre otras cosas, constituir una guía interpretativa de fácil acceso y comprensión para estos operadores que se enfrentan al decantado fenómeno de la constitucionalización de derecho, pero que aún tienen interrogantes acerca de su comprensión. en este sentido, se constituye un "decálogo" académico basado en diez axiomas o silogismos que, a la luz del derecho constitucional, deberían regir la labro jurisdiccional penal y disciplinaria.Este propósito no obsta para que la presente obra pueda ser consultada y estudiada por estudiantes y profesionales del derecho, puesto que también tiene la finalidad de proveer una sencilla aproximación al referido objeto de estudio y brindar una sistematización al respecto.

Lecciones de derecho penal. Parte especial está formado por una pluralidad de estudios elaborados por profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia que con total autonomía conceptual acometen el análisis sintético de los temas fundamentales de dicha área del conocimiento. Esta obra fue promovida por el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia y pretende, primordialmente, brindar a nuestros lectores, en especial a los estudiantes de la Facultad de Derecho de esta alma máter, un manual de consulta básica que abarca el examen de la mayoría de los tipos penales consagrados en la parte especial de la ley penal colombiana, no solo desde el punto de vista de su estructura y contenido, sino también -y en particular-con énfasis en los aspectos más polémicos de cada uno de ellos, con sustento en desarrollos doctrinales, jurisprudenciales y legales que se han dado en esta materia. En consecuencia, esta obra constituye un elemento de suma utilidad para el desempeño de estudiantes, funcionarios judiciales, abogados, litigantes y, en general, los estudiosos del tema.

Este trabajo contiene un diálogo crítico de varios años frente a la reforma que se ha efectuado, por el momento suspendida en su vigencia, respecto del Derecho disciplinario público. Tal suspensión (dos años) se constituye en una valiosa oportunidad para que el estado promueva estudios sobre su impacto y conveniencia, tanto teórica como práctica, ante lo cual sorprende su enmudecimiento. La corrupción y las violaciones a los derechos humanos es asunto rutinario en los países del tercer mundo, y por tanto, si se reconoce por medio de los tratados internacionales y por la jurisprudencia de los tribunales de la misma naturaleza que el Derecho disciplinario es un instrumento apto e importante para su intervención, sorprende la ligereza con la que se manejó en Colombia el tema. Aquí reside el testimonio de quien no se calló ante cantos de sirena y menos se conformó con actitudes genuflexas, dejando constancia de los graves errores cometidos, por lo que esta publicación es un salvamento de voto histórico a una reforma profundamente equivocada.

El derecho penal y la criminología son áreas de estudio en constante crecimiento y desarrollo, en las que nuevas preguntas se presentan con regularidad, y su interacción con otras disciplinas genera temas de discusión que deben ser abordados desde la academia; cuestiones prácticas y teóricas exploradas con el fin de encontrar respuestas y ofrecer opiniones desde distintos enfoques a los nuevos problemas del derecho penal. El derecho penal se enfrenta a posturas doctrinales modernas que desafían sus concepciones tradicionales; el derecho penal internacional y la justicia transicional se relacionan con el derecho penal doméstico para afrontar situaciones nuevas; la criminología pone a prueba la consistencia del derecho penal, y el actual contexto colombiano constituye un escenario especialmente favorable para que nuevos problemas afloren y soluciones prácticas y originales sean propuestas. Temas actuales en derecho penal es una obra colectiva de investigación que compila escritos variados acerca de estos cuastionamientos, en los que presenta el estado de la discusión y ofrece alternativas desde los más diversos enfoques teóricos. En esta edición se proponen para estudio asuntos relacionados con: el derecho procesal, como el principio de oportunidad y la prescripción de la acción penal; el derecho constitucional, en lo que tiene que ver con la ilicitud del decreto excepcional de pruebas de oficio en el proceso penal colombiano; la justicia restaurativa dentro del marco de la justicia juvenil; y el derecho penal internacional, como la discusión en torno a la responsabilidad penal de antiguos niños soldados.

El principio de oportunidad, inherente a la naturaleza del sistema acusatorio, ya estaba presente en la historia del proceso penal colombiano a partir de institutos consagrados en la Carta Política de 1886, lo que comporta entender que no podemos aceptar que sea un mecanismo importado, sin más ni más, de otras latitudes ajenas a nuestra cultura. A la par, se hace necesario derrumbar mitos que se han construido artificial y falsamente en su entorno, como que es una excepción o que comporta intolerables grados de impunidad, si se quieren mejorar las cifras de su aplicación, hoy prácticamente irrisorias, por no decir inexistentes desde el punto de vista estadístico. Este trabajo se ocupa de dicho caso y atiende además sus aspectos sustanciales y procesales, de tal manera que nuestra generación actual y las futuras capten la importancia y significación de tan buen instrumento, que no solo aporta a la eficacia, eficiencia y celeridad procesal, sino también a la justicia material en los casos concretos en los que se haga imperioso y necesario cumplir con el mandato constitucional de la justicia social.

La evolución jurisprudencial, tanto en materia penal como constitucional, sigue comportándose muy dinámicamente, por lo que se hacía necesario poner al día, con el cierre del año 2019, la materia y su tratamiento por los tribunales de justicia. Igualmente, desde el punto de vista doctrinal en materia de fundamentación filosófica y política, hemos realizado nuevas reflexiones y citado algunos autores que comportan un apoyo crucial en el pensamiento que hemos venido sosteniendo por más de veinticinco años.

Los administrativistas trabajan arduamente en la recuperaciónde la importancia del "poder disciplinario'' como parte de la naturalezaadministrativa del Derecho Disciplinario, lo cual hace vaticinar que la calidaddel discurso jurídico en la materia aumentara cuantitativa y cualitativamente. La Carta Política establece subespecies de DerechoDisciplinario administrativo, judicial y político, la jurisprudenciaconstitucional ha señalado que el Derecho Disciplinario, cualquiera que fueresu modalidad, es uno mismo, y el derecho interno se ve compelido a consagrarinstituciones que vienen tratados sobre derechos humanos o de lucha contra la corrupción,ámbitos ante los cuales una visión doméstica del poder disciplinario resultaríademasiado corta para su explicación, como también mostraría ingente debilidadfrente a la protección de garantías y aseguramiento de eficacia y eficiencia enla lucha contra la corrupción.En Colombia, una visión meramente administrativa resultaríarecortada o se dificultaría explicar adecuada y apropiadamente su inserción enun mundo cada vez más globalizado. Seguimos apostando por un DerechoDisciplinario autónomo e independiente, capaz de explicar todas susmanifestaciones.

Esta nueva edición, en esta Casa de Estudios, prosigue la línea trazada en las ediciones anteriores, especialmente en lo expuesto en la segunda, aparecida en el año 2017. No obstante, tiene una especial particularidad. Dada la interdependencia con el derecho penal de los mayores de edad, y también su especialidad, hemos construido un A-Z de principios y subprincipios rectores que determinan y guían las decisiones que deben ser tomadas en materia del derecho penal de la adolescencia. La redacción de la Ley 1098 de 2006 tiene una muy interesante particularidad, puesto que se hace desde la perspectiva de las normas principios y no de las normas reglas, aspecto que hace de su correcta interpretación el éxito de la aplicación de una legislación tan sensible como determinante para el futuro de una sociedad moderna. Los principios y subprincipios se incardinan de tal manera que unos parecen repetir o reiterar lo que ya otro u otros ha señalado. Empero, no se trata de detectar allí contradicciones o antinomias normativas, sino una imposición de ejercicios de armonización y sincronización en su aplicación. El norte se orienta, principalmente, hacia los artículos 1, 2, 4, 93 y 94 de la Carta Política y el Orden Público Internacional de los Derechos Humanos. Por demás, se actualiza el texto con las normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia que han tenido discusión en el entretanto de la segunda edición y de esta actualización. Particularmente es importante señalar que este tomo se refiere al principio de oportunidad en sentido estricto, pero no es menos cierto que dentro de tal conceptualización también cabe una definición en sentido amplio, en la cual se recogen múltiples mecanismos alternativos de solución de conflictos que tienen como denominador común la voluntad de las partes involucradas en los mismos, lo que no es más que un desarrollo del derecho procesal consensual, como lo ha establecido la Corte Constitucional en su Sentencia T-142 de 2019, luego de estudiar los antecedentes normativos y jurisprudenciales de los consabidos instrumentos: Con fundamento en lo anterior, es dado concluir del Acto Legislativo 03 de 2002, por el cual se modifican los artículos 116 y 250 de la Constitución  Política , las siguientes particularidades: (i) se trata de un principio que se aplica mediante figuras procesales tales como las preclusiones que profiere la Fiscalía cuando hay conciliación, por indemnización integral, desistimiento, transacción o bien aplicándolo en la sentencia anticipada o audiencia especial; (ii) constituye "un mecanismo apto para canalizar la selectividad espontánea de todo sistema penal"; (iii) permite simplificar, acelerar y hacer más eficiente la administración de justicia penal, descongestionándola de la pequeña y mediana criminalidades; y (iv) bajo la estricta regulación legal, se le permitiría a la Fiscalía, en determinadas circunstancias, prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en la conducta punible.

La séptima edición de nuestra Dogmática del derechodisciplinario llega en una etapa crucial de la evolución de la disciplina enColombia, ante las tribulaciones estatales de poner o no en vigencia el llamadoCódigo General Disciplinario, por lo que cabe preguntarse se se trata de unadesafortunada involución ante los significativos avances que la materia halogrado en Colombia, donde se ha convertido en modelo para emular en el derechocomparado. Aquí se trata de tal dilema, no obstante que la edición se hizo detal forma que puede ser leída sin dificultad alguna a la luz de la Ley 734 de2002 o del Código General Disciplinario, en el evento de sancionarse o no porel señor Presidente de la Republica el por ahora proyecto de ley aprobado porel Congreso. La discusión está abierta y planteada con una sólida argumentacióny dura sinceridad; la historia se encargará de establecer si nos equivocamos oacertamos en nuestros juicios y valoraciones, disculpándonos de antemano si algúncolega se siente mortificado por las alimentaciones que se hacen en el texto,pero la ciencia persigue la verdad aun en contra de las emociones que puedadespertar.

El mundo hoy se encuentra globalizado. Tal vez, si algotiene mayor ecumenicidad en él, es la temática fundamental de su existencia:los derechos humanos. Esto muestra una parado¬ja universal, pero también-local, que es imprescindible atenderla si no se quiere dislocar lo global. Eseentramado inexorable conlleva a otra paradoja: ¿cómo integrar lo internacionalcon lo nacional sin que lo uno y otro se auto deslegitimen?El primer aspecto es la actual y reconocidaconstitucionalización del derecho, en especial del derecho penal, que sin dudase encuentra en el núcleo duro de los derechos humanos, tal como lo demuestranlas discusiones más álgidas, sobresalientes y características de la actualidad,las cuales resultan inseparables. Pero toda sociedad y cultura tienen susiden¬tidades propias. De allí que se parta de un mínimo de garantías que debenreconocerse a nivel internacional, mismo que puede ser mejorado internamente,de manera que la im¬plementación de un acuerdo tiene que partir del principiopro homine o pro libertate, de conformidad con los artículos 5 del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos, y 29 de la Convención Americanade Derechos Humanos, en armonía con los artículos 1, 2,4,9,85,86,93 y 228 de laCarta Política. Este libro, de alguna manera, pretende como programa recorrerese camino.

Los Acuerdos de Paz de La Habana marcarán el destino inmedia­to de nuestra patria. Solo la paz y la convivencia pueden asegurar un futuro mejor y permanente y sistemática práctica. Después de la crisis de la Covid -19 el mundo no será igual, las desavenencias y la guerra entre personas y su entorno quedaron obsoletas. Si entre nosotros y las demás sociedades del mundo no nos entendemos, el panorama será sombrío.Así como con la actual pandemia se ha revelado de nuevo que la única fórmula de salvación estriba en la solidaridad y el altruismo, también para la consecución de la paz y la convivencia duradera esa fórmula puede servirnos de aliciente y remedio, única manera de romper el círculo vicioso del egoísmo y el sacrificio de la dig­nidad de todas las personas.La Universidad debe contribuir a tan elevado y digno propó­sito. Nuestro aporte está en la opinión calificada, y nada mejor que verterla en estos estudios, contribución de los alumnos de la Maestría en Derecho Penal y Criminología, promoción 2019- 2020, quienes han vivido en carne propia aquellas situaciones que la civilización y la humanidad deben superar, si no quieren su­cumbir, echando mano de la solidaridad y el altruismo. También la paz y la convivencia son asuntos suyos.

Los órganos cuasi jurisdiccional y jurisdiccional del Sistema Intera­mericano de Derechos Humanos ha cuestionado permanentemente el tratamiento dispensado a la Detención Preventiva, profiriendo re­soluciones y sentencia tan claras como duras, pero sin que las cosas parecieran cambiar.En Colombia de manera constante y permanente, al menos desde pasados a la segunda mitad de los años 1980, asistimos a reformas al sistema carcelario y de medidas cautelares, sin que ello se refleje en lo más mínimo en una reducción estadística de los detenidos y mucho menos en la laceración causada al sentimiento de humani­dad, donde la legislación cambia pero el pensamiento de los jueces pareciera que no.De ese estado de cosas, que parece un atascadero de aguas mo­vedizas, solo es posible salir a través de un Control de Convencio­nalidad serio y consecuente, a lo cual se encuentran vinculadas y obligadas todas y absolutamente todas las autoridades judiciales. Es el principio del comienzo del cambio y la única esperanza.

Colombia transita por una época histórica y su ordenjurídico ha sufrido relevantes transformaciones que buscan de alguna maneracorregir los desajustes sociales que por mucho tiempo imperaron creandoinequidad y propiciando conflictos socia­les, los cuales se degradaron en unalucha armada en cuyo seno todavía se degrada más la situación de violenciagenera­lizada, lo que trasciende a la perturbación de lo económico y político ycoloca a la sociedad en una guerra civil no declarada por más de medio siglo deatrocidades y vejámenes de parte y parte entre los contendientes, cuyos efectosse extienden a la población civil sin distingos y contemplaciones. . Ante dicha situación, pues no hay mal que dure cien años nicuerpo que lo resista según el adagio popular, se llevó a cabo un importanteproceso de paz que en el mundo entero es mirado con buenos ojos, pero que ennuestro interior polí­tico continúa creando desavenencia y amenaza conreactivar la llama de la violencia, pues la polarización de opiniones en tornoal tema pareciera tomar partido por la solución del ago­tamiento físico de unoy otro como mecanismo irracional para dirimirlo por fuera de lainstitucionalidad.Estos estudios, aporte de los alumnos de la Maestría en Dere­choPenal de la Universidad Externado, pretenden contribuir a la despolarización dela opinión jurídica, suministrando cri­terios para entender que la solución nopuede darse en un marco de operaciones matemáticas cuyo sistema de razona­mientoes puramente lógico-formal, sino que debe apuntarse por lo sustancial como unaforma de entender al Preámbulo constitucional cuando proclama la necesidad dela búsqueda de la justicia social, lo cual resulta consustancial e inherente ala comprensión de la Justicia Transicional.

La inminente entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019,previs­ta para mediados del año 2021, ha incrementado las discusiones en lacomunidad jurídica del derecho disciplinario. He seguido muy de cerca la construcción del eufemísticamentellamado Código General Disciplinario, del cual he opinado con independencia ycon toda libertad crítica, dejando sentados mis criterios en un primer libroque lleva el mismo nombre del pre­sente, sin que los mismos hayan sidoconsiderados en lo más mínimo, pues todo indica que quién lideró el nuevoCódigo no quisiera saber nada de lo que concierne a estas letras.Es mi constancia histórica de algo que se construyó como unacortina de humo para paliar unas críticas hoy reveladas como ciertas por lasentencia de julio 8 de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,con la cual se demostró que había alternativas de concebir el derechodisciplinario y no camisas de fuerza que conllevaron a un particularísimointérpre­te a actuar como "instrumento mediático" de un hombre deatrás o, mejor, de un código de atrás.

Esta colección, en forma de tratado, pretende desarrollarsistemática, contextual y axiológicamente el Derecho Disciplinario colombianoen su integridad. El Derecho Disciplinario es uno solo, cualquiera que sea sunaturaleza; de allí que su sistematización se hace en forma general ysustancial; se contextualizan en diferentes tomos las materias desarrolladas ensu particular contexto y presididas por una misma axiología, que respete ladiversidad de manifestaciones.Se trata de una investigación de largo aliento, con lacoautoría de representativos discípulos, todos formados en la Especializacionen Derecho Disciplinario de la Universidad Externado de Colombia, con quienesse propone realizar la temática en toda su intensidad y extensividad como unaCiencia Jurídica Dogmática autónoma e independiente, única en el DerechoComparado por su peculiaridad de ser una especie del Derecho Sancionador o iuspuniendi, diferente al Derecho Sancionador Administrativo, AdministrativoPenal, Penal Administrativo o Derecho Contravencional General, como preferimosllamar a esta diferente especie, dentro de la cual no se encuentra comprendidoel Derecho Disciplinario como subespecie.

La justicia transicional es una modalidad de la justicia consensual, y por supuesto, su característica más definitoria es el principio dialógico, inquietud hoy de primer orden sobre la cual los estudiantes de la Maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia –promoción 2020-2021– han querido discernir y disertar como aporte a la juridicidad colombiana, muy especialmente al sistema de Justicia Especial para la Paz (jep).En sentencia interpretativa del Tribunal para la Paz se afirma que la hermenéutica de las normas de la jep debe conducir a "reconfiguraciones operativas […] a la Jurisdicción Especial, de modo que esta se mantenga a tono con la mejor concepción jurídica que demanden las normas y las exigencias de justicia material y búsqueda de la verdad que históricamente deba enfrentar y solventar", sentencia interpretativa que "no se limitan a resolver casos específicos pendientes de respuesta, sino que estos y los interrogantes que se formulan les sirven de base para identificar patrones y esquemas hermenéuticos indispensables para unificar y avanzar una jurisprudencia que permita establecer, dentro del marco legal, la mejor solución posible a los problemas y desafíos de la justicia transicional", por lo que "obliga a aplicar a todas las actuaciones un criterio de eficacia, tanto sustantiva como procedimental". De allí que todos sus operadores jurídicos "están sujetos a introducir, validar y privilegiar prácticas que, más allá de los requerimientos tradicionales de la economía procesal, permitan en el menor tiempo agotar las finalidades superiores de la justicia transicional"