Edgar Solano Gonzalez – författare

En Colombia, a partir de la promulgación del nuevo texto constitucional se refuerza el valor normativo de la Constitución con la creación de la Corte Constitucional como cabeza de la jurisdicción constitucional (arts. 241 al 245 de la Constitución)1. La Corte cumple la función de asegurar la integridad y supremacía de la Constitución, mediante el control abstracto y objetivo de la constitucionalidad de la ley, esto es, un juicio lógico a través del cual el juez constitucional establece si una disposición legal es conforme o no con el texto constitucional. Por otra parte, el artículo 4º de la Constitución consagra el principio de la primacía de la Constitución sobre las restantes normas del ordenamiento jurídico, y la base de la excepción de inconstitucionalidad así: "La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades".

Un ejército capaz de generar desde su interior procesos de transformación autónomos es un ejército consciente de la trascendencia de su función y comprometido con la efectividad de los postulados constitucionales que delimitan su actuación: ese es el Ejército Nacional de Colombia, una institución capaz de repensarse, de orientar sus estrategias para adaptarse a contextos cambiantes, manteniendo incólumnes los principios democráticos que determinan su existencia.

El presente volumen ofrece nueve estudios sobre la construcción histórica del conflicto en Colombia. Una vez firmados los Acuerdos de Paz es necesario abordar las dificultades del pos conflicto; el regreso de los combatientes a sus hogares y su consiguiente integración a la vida nacional. Los trabajos examinan la desafiante temática asociada a la ejecución de los convenios sobre No Repetición y sobre Verdad, Justicia y Reparación, sin olvidar las medidas adoptadas para asegurar la inclusión laboral y económica de los soldados y policías que se encuentran en situación de discapacidad. El libro brinda, además un útil rastreo estadístico de la situación de las comunidades étnicas en las zonas colombianas de mayor conflicto armado. El libro en una contribución más de la colección Ejército, Institucionalidad y Sociedad al amplio repertorio de trabajos de investigación auspiciada por el Ejército para fortalecer el análisis de las consecuencias del conflicto armado en el país. Estos aportes, emprendidos con independencia académica, fueron realizados por estudiosos que prestan labores de asesoría en el Comité de Altos Estudios para el Fortalecimiento Institucional delEjército (CAEFI) del Ejército Nacional.

Desterrar para siempre el fantasma del siniestro e inhumano fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales es uno de los mayores desafíos que el Ejército Nacional tiene en este momento. Por siglos esa institución ha sido la depositaria de la más genuina confianza pública y ahora, más que nunca, debe legitimar el papel custodio de las organizaciones que han dado lugar al Estado Social de derecho del país. Cumplir con eficacia esta tarea honradndo la dignidad de sus miembros y el carácter republicano de su función exige comprender -con profundidad y objetividad- el alcance e implicaciones de este tipo de conductas que van mucho más allá de las consecuencias penales. Para ello, es preciso trasegar un camino que la institución castrense definió en los albores mismos de la justicia transicional de nuestros días; la escucha activa de las victimas, la atención consciente y reflexiva de las voces plurales provenientes de las academia que nutren el debate y la búsqueda de soluciones a los problemas de momento. Esta es la razón de ser y el propósito de los análisis brindados por el libro titulado Garantía de no repetición : una contribución a la justicia transicional. La compilación de estas propuestas provenientes de reconocidos analistas ofrece elementos de juicio de gran significado para que el Ejército se apropie, evalué y tome conciencia de los peligros de futuras ocurrencias de crímenes execrables. Como se desprende de la lectura de los textos, los temas de investigación se abordan desde diferentes perspectivas teóricas, y se aportan conclusiones en muchos casos disímiles. El objetivo que los animó nunca fue el de adoptar una postura institucional sobre la materia, y menos todavía construir una narrativa absoluta y unívoca en materia penal o anticipar decisiones en asuntos de justicia. Por el contrario, su finalidad primigenia fue acopiar elementos diversos que dan cuenta de sus explicaciones, de su dinámica y de sus implicaciones con el fin de tomar conciencia y responsabilidad ante un suceso de profundo pesar para la Fuerza.

Los paradigmas del relacionamiento entre las instituciones militares y la sociedad evolucionan a un ritmo impulsado por las demandas de más y mejor democracia a lo largo de todo el mundo. Esa dinámica, que podría catalogarse como un proceso de democratización de las funciones de seguridad y defensa, pasa por el análisis de un amplio grupo de variables que, sin abandonar las cuestiones clásicas relativas a la institucionalidad y a los medios para el cumplimiento de las misiones derivadas del ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, abren paso a perspectivas inaplazables, centradas en los ciudadanos que portan el uniforme en tanto miembros iguales de la comunidad política. En esta oportunidad, el Comité de Altos Estudios para el Fortalecimiento Institucional del Ejército -CAEFI- desarrolló investigaciones que, haciendo eco de la independencia que le es característica, se centraron en reflexiones inéditas sobre el mandato constitucional de formación democrática de los miembros de la Fuerza Pública, a propósito de las cuales se profundiza, quizá igualmente por vez primera, respecto de la vigencia y alcance de algunos de los derechos fundamentales de sus miembros, en una propuesta consecuente con los mandatos de libertad, igualdad y dignidad en que se asienta el Estado colombiano. Los textos que conforman este volumen ofrecen una amplia gama de aproximaciones a las cuestiones iusfundamentales que subyacen a la opción de ser parte de la Fuerza Pública en Colombia, analizadas desde los mandatos constitucionales, los desarrollos jurisprudenciales y la más autorizada doctrina en la materia, a partir de un propósito que, lejos de construir verdades incuestionables, invita a la observación rigurosa y a la controversia argumentada.

La expresión estructural evoca aquello que es importante en relación con un andamiaje o construcción; en el caso del texto que aquí se presenta alude en efecto a materias que son esenciales en el proceso permanente y gradual de elaboración y realización del ideal regulativo de la Fuerza Pública en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Bajo esta perspectiva, el lector encontrará que el Ejército de Colombia es una organización en permanente transformación, y que en el "abanico" de asuntos que provocan su interés destacan aquellos que generan tensiones relevantes en el cumplimiento de su misión constitucional. La primera parte de los escritos de este volumen, explora la razón de ser de los deberes que tiene el Estado relativos a la protección del medioambiente y, de forma inédita, se ocupa de las acciones concretas de protección que deben desplegar las Fuerzas Militares y hacer propuestas de uso específico de las funciones de conducción de la guerra en esta tarea. Igualmente, se aborda la pertinencia del principio de precaución para contribuir a evitar los daños ambientales, bajo el reconocimiento de la potencialidad dañina del accionar militar y, en consecuencia, del deber superior de reflexión, en cabeza de la Fuerza, al momento de preparación, planeación, ejecución y evaluación de las operaciones militares. Otra cuestión cardinal, y especialmente sensible en relación con la legitimidad de la Fuerza Pública, vista desde la perspectiva más tradicional del concepto, es la asociada al ejercicio de una de las funciones de conducción de la guerra: la inteligencia. En un momento en que aún están vigentes los titulares periodísticos que cuestionan el posible uso indebido de este tipo de capacidad estratégica, la institución militar ha propiciado el análisis reposado y estricto sobre los límites normativos con especial atención a su condición de medio para la garantía de los fines esenciales del Estado de libertad y de convivencia pacífica, al tiempo que se reconoce el importante riesgo que su uso desviado puede implicar para la vigencia de derechos fundamentales.

La creación de un grupo de investigación de Derecho Internacional Humanitario supone un doble reto. Por un lado, la dificultad de recoger las diferentes visiones con respecto al papel del Estado en escenarios de conflicto armado. Por otro, la consciencia de que la búsqueda de teorizaciones alrededor del conflicto armado se cimienta sobre las pérdidas y profundos dolores de las víctimas. Este grupo de investigación conformado por Édgar Solano González, Manuela Losada Chavarro, María Camila Medina García y María Alejandra Osorio Alvis ha podido asumir ese reto con el apoyo incondicional del doctor Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional. Esta obra colectiva es el resultado del interés de la comunidad académica y jurídica que de manera desinteresada aceptó nuestro llamado a construir Estado desde la perspectiva teórica del conflicto armado. Gracias a las autoras y los autores que participaron en estos libros podemos entregar un producto que espera fortalecer la dogmática del derecho internacional humanitario en Colombia y Latinoamérica. Así mismo, queremos manifestar un agradecimiento especial a los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que nos apoyaron en la configuración de los temas a desarrollar en la obra colectiva en Derecho Internacional Humanitario: a José Serralvo, Mariana Chacón Lozano, Angie Rodríguez Martínez, Andrea Camacho Rincón y Mario Correa González. Sin su interés y su motivación permanente, este grupo no habría tenido el mismo impulso. Finalmente, queremos agradecerle a la doctora Magdalena Correa Henao por haber acompañado este grupo en sus inicios

La creación de un grupo de investigación de derecho internacional humanitario supone un doble reto. Por un lado, la dificultad de recoger las diferentes visiones con respecto al papel del Estado en escenarios de conflicto armado. Por otro, la consciencia de que la búsqueda de teorizaciones sobre el conflicto armado se cimienta sobre las pérdidas y profundos dolores de las víctimas. Este grupo de investigación conformado por Édgar Solano González, Manuela Losada Chavarro, María Camila Medina García y María Alejandra Osorio Alvis ha podido asumir ese reto con el apoyo incondicional del doctor Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional. Esta obra colectiva es el resultado del interés de la comunidad académica y jurídica que de manera desinteresada aceptó nuestro llamado a construir Estado desde la perspectiva teórica del conflicto armado. Gracias a las autoras y los autores que participaron en estos libros podemos entregar un producto que espera fortalecer la dogmática del derecho internacional humanitario en Colombia y Latinoamérica