Jorge L. Esquirol – författare

The North-South global divide is as much about perception and prejudice as it is about economic disparities. Latin America is no less ruled by hegemonic misrepresentations of its national legal systems. The European image of its laws mostly upholds legal legitimacy and international comity. By contrast, diagnoses of excessive legal formalism, an extraordinary gap between law and action, inappropriate European transplants, elite control, pervasive inefficiencies, and massive corruption call for wholesale law reform. Misrepresented to the level of becoming fictions, these ideas nevertheless have profound influence on US foreign policy, international agency programs, private disputes, and academic research. Jorge L. Esquirol identifies their materialization in global governance - mostly undermining Latin American states in legal geopolitics - and their deployment by private parties in transnational litigation and international arbitration. Bringing unrelenting legal realism to comparative law, this study explores new questions in international relations, focusing on the power dynamics among national legal systems.

The North-South global divide is as much about perception and prejudice as it is about economic disparities. Latin America is no less ruled by hegemonic misrepresentations of its national legal systems. The European image of its laws mostly upholds legal legitimacy and international comity. By contrast, diagnoses of excessive legal formalism, an extraordinary gap between law and action, inappropriate European transplants, elite control, pervasive inefficiencies, and massive corruption call for wholesale law reform. Misrepresented to the level of becoming fictions, these ideas nevertheless have profound influence on US foreign policy, international agency programs, private disputes, and academic research. Jorge L. Esquirol identifies their materialization in global governance - mostly undermining Latin American states in legal geopolitics - and their deployment by private parties in transnational litigation and international arbitration. Bringing unrelenting legal realism to comparative law, this study explores new questions in international relations, focusing on the power dynamics among national legal systems.

The North-South global divide is as much about perception and prejudice as it is about economic disparities. Latin America is no less ruled by hegemonic misrepresentations of its national legal systems. The European image of its laws mostly upholds legal legitimacy and international comity. By contrast, diagnoses of excessive legal formalism, an extraordinary gap between law and action, inappropriate European transplants, elite control, pervasive inefficiencies, and massive corruption call for wholesale law reform. Misrepresented to the level of becoming fictions, these ideas nevertheless have profound influence on US foreign policy, international agency programs, private disputes, and academic research. Jorge L. Esquirol identifies their materialization in global governance - mostly undermining Latin American states in legal geopolitics - and their deployment by private parties in transnational litigation and international arbitration. Bringing unrelenting legal realism to comparative law, this study explores new questions in international relations, focusing on the power dynamics among national legal systems.

La economía política1 del conocimiento jurídico determina cuáles son los productos jurídicos que deben crearse, su valor, los canales para su intercambio y las formas en que deben ser usados.2 Esta economía política está constituida por dos dispositivos que se entrecruzan tanto práctica como analíticamente. Por un lado, tenemos el conjunto de normas que regulan la conducta de los operadores jurídicos; la superestructura de esta economía política.3 Este conjunto de reglas y principios articula los mandatos que deben guiar a los operadores del derecho que están interesados en crear conocimiento jurídico, importarlo o exportarlo, utilizarlo o lograr su reconocimiento. Por el otro lado, están las prácticas y las relaciones de poder dentro de las cuales efectivamente se crea, intercambia, legitima y pone en operación el conocimiento jurídico, la estructura de esta economía política.La relación entre estos dos componentes de la economía política es de doble vía. Están imbricados y se condicionan mutuamente. El dispositivo normativo y simbólico no es simplemente una consecuencia de las relaciones de poder que determinan las prácticas en este campo social. La estructura no es una representación del armazón conceptual que la describe, critica e intenta gobernar. El dispositivo práctico y el conceptual están constantemente interactuando y modificándose mutuamente. Los continuos entrecruzamientos, encuentros y conflictos que caracterizan su existencia determinan sus contornos y formas básicas.

El análisis de la economía política del conocimiento jurídico pone en evidencia que el conocimiento jurídico es una forma de poder que tiene dinámicas propias e importantes implicaciones prácticas. El conjunto de normas y actividades que componen esta economía política determina cuestiones como cuáles son los objetos de estudio que se consideran valiosos en las facultades de derecho; cuáles son los contextos de producción de conocimiento jurídico que se imaginan ricos o pobres; cuál es la dirección que toma el intercambio de productos jurídicos en un mundo globalizado, y cómo se describen los aportes que hacen los países del Norte y del Sur globales a las tradiciones dominantes.

El derecho constitucional latinoamericano ha vivido una profunda transformación durante los últimos veinticinco años. Por un lado, un número importante de países de la región reformaron o promulgaron nuevas constituciones, con el fin de consolidar o ampliar sus democracias liberales.1 Las transformaciones constitucionales realizadas en Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Argentina (1995), Ecuador (1998) y Chile (2005) tuvieron como objetivos, entre otros, relegitimar sus sistemas políticos, plantear un nuevo balance entre las ramas del poder público, ampliar sus cartas de derechos o modernizar sus instituciones políticas y jurídicas.Por otro lado, las nuevas constituciones de Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) tuvieron como objetivo alejarse del modelo liberal que ha sido, históricamente, el horizonte político normativo de la mayoría de los Estados de la región.3 Las constituciones de estos tres países fueron expedidas con el fin de materializar un nuevo modelo político que permitiera atacar de manera eficiente los problemas de pobreza, desigualdad y exclusión que afectan a la mayoría de sus ciudadanos.4 Inspiradas, por lo menos parcialmente, en lo que ha sido llamado el socialismo del siglo XXI, estas constituciones han buscado erigir una democracia radical en estos tres países suramericanos.5 Para alcanzar este objetivo, tales cartas políticas, entre otras cosas, otorgaron poderes extensos a la rama ejecutiva, debilitaron las facultades de control de la rama judicial, promulgaron un número notable de derechos sociales y económicos, reconocieron una gama amplia de derechos a las minorías culturales y transformaron algunas de sus instituciones políticas y jurídicas para hacerlas compatibles con el principio de diversidad cultural.