Este texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país.

El abandono institucional no es cuestión de algunos casos excepcionales; no son solo comunidades perdidas en la geografía nacional. Según cálculos que se muestran en este libro, las zonas de apartheid institucional ocupan más del 50% del territorio nacional y en ellas viven más de seis millones de personas. El Estado central tiene, frente a estos territorios y frente a estas poblaciones, una deuda histórica que debe empeñarse en pagar y que desde el punto de vista constitucional representa una violación sistemática y flagrante de los derechos ciudadanos, similar (posiblemente peor) a aquellas que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido como "estado de cosas inconstitucional".En este libro se defiende la idea de que las personas que viven en esos territorios tienen un derecho al amparo institucional; es decir un derecho a tener Estado. No a cualquier Estado, por supuesto, sino a un estado social que los proteja en su dignidad y sus derechos.

En Colombia la Constitución, los discursos públicos y en general las instituciones dan la impresión de que tenemos una sociedad mucho más abierta, móvil y maleable de lo que realmente existe. Basta con mirar las genealogías de la sociedad colombiana para ver la facilidad con la cual el estatus social de las familias se reproduce de padres a hijos desde tiempos inmemoriales.El sistema educativo podría ser un mecanismo de atenuación de esas desigualdades. Pero no lo es. El sistema educativo no sólo educa mejor a las clases altas, sino que las educa por separado. Los ricos no sólo reciben una educación de mejor calidad sino también una educación exclusiva. En Colombia cada clase social se educa, en términos generales, por aparte. La oferta de la educación pública es deficiente, y la clase alta busca, a través de la educación privada, mejores estándares educativos que puede pagar para que ello sea posible.En este libro se muestra, a través de una investigación empírica basada en el análisis de los resultados del examen de Estado, cómo la educación básica en Colombia se parece a un sistema de segregación, un sistema de separados y desiguales, que viola el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades consagrada en la Constitución.

Este texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país.

El abandono institucional no es cuestión de algunos casos excepcionales; no son solo comunidades perdidas en la geografía nacional. Según cálculos que se muestran en este libro, las zonas de apartheid institucional ocupan más del 50% del territorio nacional y en ellas viven más de seis millones de personas. El Estado central tiene, frente a estos territorios y frente a estas poblaciones, una deuda histórica que debe empeñarse en pagar y que desde el punto de vista constitucional representa una violación sistemática y flagrante de los derechos ciudadanos, similar (posiblemente peor) a aquellas que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido como "estado de cosas inconstitucional".En este libro se defiende la idea de que las personas que viven en esos territorios tienen un derecho al amparo institucional; es decir un derecho a tener Estado. No a cualquier Estado, por supuesto, sino a un estado social que los proteja en su dignidad y sus derechos.

En Colombia la Constitución, los discursos públicos y en general las instituciones dan la impresión de que tenemos una sociedad mucho más abierta, móvil y maleable de lo que realmente existe. Basta con mirar las genealogías de la sociedad colombiana para ver la facilidad con la cual el estatus social de las familias se reproduce de padres a hijos desde tiempos inmemoriales.El sistema educativo podría ser un mecanismo de atenuación de esas desigualdades. Pero no lo es. El sistema educativo no sólo educa mejor a las clases altas, sino que las educa por separado. Los ricos no sólo reciben una educación de mejor calidad sino también una educación exclusiva. En Colombia cada clase social se educa, en términos generales, por aparte. La oferta de la educación pública es deficiente, y la clase alta busca, a través de la educación privada, mejores estándares educativos que puede pagar para que ello sea posible.En este libro se muestra, a través de una investigación empírica basada en el análisis de los resultados del examen de Estado, cómo la educación básica en Colombia se parece a un sistema de segregación, un sistema de separados y desiguales, que viola el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades consagrada en la Constitución.