Los enfrentamientos violentos, desplazamientos masivos y asesinatos de líderes sociales ocurridos después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) entregaran las armas en varias regiones del país son una prueba de que enfrentar la violencia no solo depende de la implementación de los acuerdos de paz, sino también del fortalecimiento del Estado local.La paz negociada es una condición necesaria, pero insuficiente, para conseguir la paz en general. La otra condición (también necesaria e insuficiente) es la presencia del Estado. En la mitad del territorio nacional hay un Estado que solo existe en la letra de la ley, en el discurso político o en la nómina oficial. Un Estado al que nadie le cree, ni siquiera los funcionarios públicos, o los políticos que viven de él.Mientras no exista un Estado eficaz en los territorios, la violencia —incluso la violencia política— seguirá presente. La razón es esta: sin eso (un Estado eficaz) todos los demás atributos del Estado, en particular la legitimidad, se vienen al piso. La eficacia y la legitimidad del Estado son cosas distintas: puede haber instituciones eficaces que no son legítimas y viceversa.Pero eso solo pasa en la teoría jurídica; en la práctica, en cambio, ambas cosas se consiguen juntas y también se pierden juntas. Un Estado que se impone por medio de la fuerza, sin conseguir la adhesión de la población, termina por perder la capacidad que tenía para imponerse. Y un Estado legítimo que no logra imponer el orden o someter a las organizaciones ilegales termina con una población que le pierde el respeto.

¿Qué entienden los docentes de educación superior por el concepto de incumplimiento? ¿Cuáles son sus principales faltas? Esta investigación con 605 profesores de Antioquia, parte de esas preguntas.En la universidad, los estudiantes se forman no solo para ser buenos profesionales sino también buenos ciudadanos. Y en ese proceso, la integridad académica y la cultura ciudadana de los docentes es clave. La deshonestidad de los profesores es un lastre para la educación de los estudiantes, y la integridad académica una oportunidad para dejar una huella entre quienes se forman en el aula.Este libro presenta una radiografía de la percepción que tienen los docentes universitarios del departamento de Antioquia sobre integridad académica, el incumplimiento y sus niveles, la confianza en la ciudadanía y en los funcionarios públicos, las normas básicas de un Estado de derecho y su orientación religiosa y política.

Este texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país.

El abandono institucional no es cuestión de algunos casos excepcionales; no son solo comunidades perdidas en la geografía nacional. Según cálculos que se muestran en este libro, las zonas de apartheid institucional ocupan más del 50% del territorio nacional y en ellas viven más de seis millones de personas. El Estado central tiene, frente a estos territorios y frente a estas poblaciones, una deuda histórica que debe empeñarse en pagar y que desde el punto de vista constitucional representa una violación sistemática y flagrante de los derechos ciudadanos, similar (posiblemente peor) a aquellas que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido como "estado de cosas inconstitucional".En este libro se defiende la idea de que las personas que viven en esos territorios tienen un derecho al amparo institucional; es decir un derecho a tener Estado. No a cualquier Estado, por supuesto, sino a un estado social que los proteja en su dignidad y sus derechos.

En Colombia la Constitución, los discursos públicos y en general las instituciones dan la impresión de que tenemos una sociedad mucho más abierta, móvil y maleable de lo que realmente existe. Basta con mirar las genealogías de la sociedad colombiana para ver la facilidad con la cual el estatus social de las familias se reproduce de padres a hijos desde tiempos inmemoriales.El sistema educativo podría ser un mecanismo de atenuación de esas desigualdades. Pero no lo es. El sistema educativo no sólo educa mejor a las clases altas, sino que las educa por separado. Los ricos no sólo reciben una educación de mejor calidad sino también una educación exclusiva. En Colombia cada clase social se educa, en términos generales, por aparte. La oferta de la educación pública es deficiente, y la clase alta busca, a través de la educación privada, mejores estándares educativos que puede pagar para que ello sea posible.En este libro se muestra, a través de una investigación empírica basada en el análisis de los resultados del examen de Estado, cómo la educación básica en Colombia se parece a un sistema de segregación, un sistema de separados y desiguales, que viola el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades consagrada en la Constitución.

El principal hallazgo de este libro es que las casas de justicia en Colombia constituyen una importante idea para mejorar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables económicamente, pero que es un modelo inacabado en la medida en que no se ha reflexionado lo suficiente, de manera que las casas de justicia puedan entenderse verdaderamente como un programa y no simplemente como un conjunto desarticulado de edificaciones en las cuales se prestan servicios de justicia. Así, la finalidad de esta investigación es hacer un diagnóstico del Programa Nacional de Casas de Justicia y realizar algunas recomendaciones de política pública que potencien sus virtudes y mejoren el acceso a la justicia. Para ello revisamos la literatura comparada sobre programas similares que se han implementado en otros países y los estudios que se han hecho en Colombia; realizamos entrevistas a distintas personas conocedoras de las casas de justicia, bien sea porque han estudiado académicamente el programa o porque tienen alguna relación a nivel laboral con las mismas; e hicimos observación y visitas a ocho casas de justicia.

Este libro recoge lo esencial de los textos sobre justicia elaborados durante la última década en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia.Los textos seleccionados fueron escritos por más de una docena de investigadores de Dejusticia. La selección fue hecha de tal manera que el libro pueda dar una visión lo más amplia y profunda posible de las investigaciones, los análisis y las propuestas hechas en Dejusticia desde su fundación. Para lograr este propósito fue necesario editar los textos, extractando las partes que contienen las ideas esenciales de cada uno de ellos.

Los enfrentamientos violentos, desplazamientos masivos y asesinatos de líderes sociales ocurridos después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) entregaran las armas en varias regiones del país son una prueba de que enfrentar la violencia no solo depende de la implementación de los acuerdos de paz, sino también del fortalecimiento del Estado local.La paz negociada es una condición necesaria, pero insuficiente, para conseguir la paz en general. La otra condición (también necesaria e insuficiente) es la presencia del Estado. En la mitad del territorio nacional hay un Estado que solo existe en la letra de la ley, en el discurso político o en la nómina oficial. Un Estado al que nadie le cree, ni siquiera los funcionarios públicos, o los políticos que viven de él.Mientras no exista un Estado eficaz en los territorios, la violencia —incluso la violencia política— seguirá presente. La razón es esta: sin eso (un Estado eficaz) todos los demás atributos del Estado, en particular la legitimidad, se vienen al piso. La eficacia y la legitimidad del Estado son cosas distintas: puede haber instituciones eficaces que no son legítimas y viceversa.Pero eso solo pasa en la teoría jurídica; en la práctica, en cambio, ambas cosas se consiguen juntas y también se pierden juntas. Un Estado que se impone por medio de la fuerza, sin conseguir la adhesión de la población, termina por perder la capacidad que tenía para imponerse. Y un Estado legítimo que no logra imponer el orden o someter a las organizaciones ilegales termina con una población que le pierde el respeto.

¿Qué entienden los docentes de educación superior por el concepto de incumplimiento? ¿Cuáles son sus principales faltas? Esta investigación con 605 profesores de Antioquia, parte de esas preguntas.En la universidad, los estudiantes se forman no solo para ser buenos profesionales sino también buenos ciudadanos. Y en ese proceso, la integridad académica y la cultura ciudadana de los docentes es clave. La deshonestidad de los profesores es un lastre para la educación de los estudiantes, y la integridad académica una oportunidad para dejar una huella entre quienes se forman en el aula.Este libro presenta una radiografía de la percepción que tienen los docentes universitarios del departamento de Antioquia sobre integridad académica, el incumplimiento y sus niveles, la confianza en la ciudadanía y en los funcionarios públicos, las normas básicas de un Estado de derecho y su orientación religiosa y política.

Este texto muestra cómo, además de la desproporción normativa que tiene la penalización de las drogas en Colombia – que otras investigaciones de Dejusticia ya han hecho evidente -, la manera como el Estado aplica y hace efectivas esas normas es discriminatoria. A una desproporción normativa se suma, entonces, una discriminación fáctica. Y peor aún, esta discriminación es doble: por un lado, dicha aplicación es selectiva en el territorio, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios, pues tiende a concentrar su eficacia en algunos territorios y no otros y, por el otro, es selectiva en los delitos, pues se concentra en la sanción de unos delitos y no de otros. A partir de este diagnóstico el documento formula algunas recomendaciones generales de política pública, tanto estructurales al sistema de justicia como específicas al problema del narcotráfico en el país.

El abandono institucional no es cuestión de algunos casos excepcionales; no son solo comunidades perdidas en la geografía nacional. Según cálculos que se muestran en este libro, las zonas de apartheid institucional ocupan más del 50% del territorio nacional y en ellas viven más de seis millones de personas. El Estado central tiene, frente a estos territorios y frente a estas poblaciones, una deuda histórica que debe empeñarse en pagar y que desde el punto de vista constitucional representa una violación sistemática y flagrante de los derechos ciudadanos, similar (posiblemente peor) a aquellas que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido como "estado de cosas inconstitucional".En este libro se defiende la idea de que las personas que viven en esos territorios tienen un derecho al amparo institucional; es decir un derecho a tener Estado. No a cualquier Estado, por supuesto, sino a un estado social que los proteja en su dignidad y sus derechos.

En Colombia la Constitución, los discursos públicos y en general las instituciones dan la impresión de que tenemos una sociedad mucho más abierta, móvil y maleable de lo que realmente existe. Basta con mirar las genealogías de la sociedad colombiana para ver la facilidad con la cual el estatus social de las familias se reproduce de padres a hijos desde tiempos inmemoriales.El sistema educativo podría ser un mecanismo de atenuación de esas desigualdades. Pero no lo es. El sistema educativo no sólo educa mejor a las clases altas, sino que las educa por separado. Los ricos no sólo reciben una educación de mejor calidad sino también una educación exclusiva. En Colombia cada clase social se educa, en términos generales, por aparte. La oferta de la educación pública es deficiente, y la clase alta busca, a través de la educación privada, mejores estándares educativos que puede pagar para que ello sea posible.En este libro se muestra, a través de una investigación empírica basada en el análisis de los resultados del examen de Estado, cómo la educación básica en Colombia se parece a un sistema de segregación, un sistema de separados y desiguales, que viola el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades consagrada en la Constitución.

El principal hallazgo de este libro es que las casas de justicia en Colombia constituyen una importante idea para mejorar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables económicamente, pero que es un modelo inacabado en la medida en que no se ha reflexionado lo suficiente, de manera que las casas de justicia puedan entenderse verdaderamente como un programa y no simplemente como un conjunto desarticulado de edificaciones en las cuales se prestan servicios de justicia. Así, la finalidad de esta investigación es hacer un diagnóstico del Programa Nacional de Casas de Justicia y realizar algunas recomendaciones de política pública que potencien sus virtudes y mejoren el acceso a la justicia. Para ello revisamos la literatura comparada sobre programas similares que se han implementado en otros países y los estudios que se han hecho en Colombia; realizamos entrevistas a distintas personas conocedoras de las casas de justicia, bien sea porque han estudiado académicamente el programa o porque tienen alguna relación a nivel laboral con las mismas; e hicimos observación y visitas a ocho casas de justicia.

Este libro recoge lo esencial de los textos sobre justicia elaborados durante la última década en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia.Los textos seleccionados fueron escritos por más de una docena de investigadores de Dejusticia. La selección fue hecha de tal manera que el libro pueda dar una visión lo más amplia y profunda posible de las investigaciones, los análisis y las propuestas hechas en Dejusticia desde su fundación. Para lograr este propósito fue necesario editar los textos, extractando las partes que contienen las ideas esenciales de cada uno de ellos.