Esta publicación es el volumen V de la que se ha denominado "La Jurisprudencia Arbitral en Colombia", trabaja que la Universidad inició desde 1988 con el noble propósito de permitirles a árbitros, abogados, estudiantes, Jueces y aun a los usuarios de los mecanismos alternativos de solución de controversias, aproximarse a la realidad del acontecer de los litigios definidos en el escenario arbitral. En esta ocasión el trabajo ha abarcado el examen minucioso de los laudos arbitrales dictados entre los años 2006 y 2011, tanto en Bogotá como en Cali. Barranquilla, Medellín y Bucaramanga.La multiplicación del arbitraje en las grandes ciudades, e inclusive en las intermedias, obliga a los estudiosos a abordar las decisiones que se profieren a lo largo y ancho de la geografía nacional. Si bien las decisiones arbitrales no constituyen jurisprudencia, en el sentido lato de lo que ha de entenderse por fuente formal del derecho, por cuanto ellas no provienen de un órgano del poder público, desde el punto de vista de la doctrina sí representan un valioso aporte a la interpretación y aplicación del derecho, que es necesario poner a disposición de árbitros, jueces, abogados y estudiantes.

El 1 de enero de 2016 empezó a regir para todo el territorio nacional el Código General del Proceso. Dicha implementación fue lograda de manera gradual mediante la expedición de acuerdos por parte del Consejo Superior de la Judicatura, en el campo civil. Sin embargo, con anterioridad a dicha fecha, este estatuto ya empezó a aplicarse como norma supletoria en los procesos contencioso-administrativos y algunos llevados por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Igualmente, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de emitir algunos pronunciamientos alrededor de la constitucionalidad de varias normas contenidas en este Código. Por esta razón la Universidad Externado de Colombia y su Departamento de Derecho Procesal ofrecen esta segunda edición del Código General del Proceso comparado con el Código de Procedimiento Civil. En esta segunda edición, además del ya conocido Código comparado, podrán encontrarse como anexos: la referencia concreta a los pronunciamientos de constitucionalidad realizados por la Corte Constitucional sobre algunas normas del Código General del Proceso; los diversos acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura que dieron implementación al Código General del Proceso; el Decreto 1736 de 2012 y su fe de erratas, por medio de los cuales se introducen algunas modificaciones al Código General del Proceso; la Ley 1561 de 2012, por la que se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones; así como nuevas herramientas de consulta que facilitan la labor de comparación. Al final del texto, el lector podrá encontrar un índice normativo en el cual ubicará de manera más expedita las páginas donde están las normas del Código de Procedimiento Civil, según su artículo equivalente en el Código General del Proceso.

Recurso de anulación de laudos arbitrales, editado por Ramiro Bejarano Guzmán, Aída Patricia Hernández Silva y Pablo Moreno Cruz, es el resultado de una investigación del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. El objetivo de la investigación es el de sumergirse en la lectura exhaustiva de la fuente jurisprudencial relativa al recurso de anulación de los laudos arbitrales para reformular, organizar, clarificar y analizar las tendencias jurisprudenciales [2000-2015). prestando atención, también, a la transición legislativa con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 1563 del año 2012. El material analizado comprende los pronunciamientos jurisprudencia les pro-feridos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la Corte Constitucional y por los Tribunales Superiores de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, los cuales fueron estudiados y clasificados en consideración a cada una de las nueve causales de anulación actualmente previstas en el Estatuto Arbitral [capítulos I-IX). El libro incluye, además, el análisis de los aspectos generales del recurso de anulación decantados por la jurisprudencia (capítulo introductorio) y el análisis de las decisiones que ha proferido la Corte Constitucional en materia de acción de tutela contra laudos arbitrales o providencias que resuelven un recurso de anulación (capítulo X).  Cada uno de los once capítulos está compuesto por un escrito inicial y por un apéndice que contiene los análisis de las decisiones judiciales más representativas sobre la temática del respectivo capítulo. Los restantes análisis jurisprudenciales, que suman más de cuatro mil páginas, fueron compilados en un cd anexo al libro, provisto de un índice analítico.

Como conclusión del proyecto de investigación sobre Acción de tutela y derecho procesal, adelantado por el Grupo de Investigación en Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, el Departamento de Derecho Procesal presenta el libro Aspectos procesales de la acción de tutela, fruto del trabajo de investigación colectiva de los profesores Camilo Valenzuela Bernal, Fredy Toscano López, Grégory Torregrosa Rebolledo, Jaime Augusto Correa Medina, Jorge Ramirez Gómez, Juan Carlos Naizir Sistac, Marcela Rodríguez Mejía, Marcos Quiroz Gutiérrez, Pablo Moreno Cruz y Ramiro Bejarano Guzmán. El presente es un trabajo también crítico sobre las instituciones procesales más frecuentes en el trámite de la acción de tutela. Se trata de un conjunto de artículos que no se limita a la identificación de las disposiciones legales pertinentes, sino que además contiene diversos análisis y reflexiones sobre aspectos controversiales del trámite del recurso de amparo, con base en las providencias más relevantes proferidas por la Corte Constitucional a través de estos últimos 25 años de vigencia de la acción de tutela. La acción de tutela significó para Colombia lo más parecido a una revolución, en el sentido de que con ella se hizo posible a todos los ciudadanos no solo tener un acceso a la justicia del que antes carecían, sino entender la utilidad de contar con una Constitución Política que hubiese reconocido este mecanismo para proteger sus derechos fundamentales. Sin duda, bien puede decirse que gracias a la acción de tutela se inició una nueva y trascendental era que los procesalistas han denominado como una especie de "procesalización del derecho constitucional", mientras los constitucionalistas la reconocen como una especie de "constitucionalización del derecho procesal". Cualquiera sea la denominación, lo cierto es que el "derecho de la tutela" irrumpió en el firmamento jurídico nacional para quedarse. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo procesal despojado de formalismos procesales y de ritualidades a la vieja usanza del derecho procesal, con el propósito de hacerla lo más informal posible para que todos los ciudadanos pudieran acceder a ella y al restablecimiento de los derechos fundamentales amenazados o conculcados por una acción u omisión de una entidad pública o de un particular.

Este libro tiene el objetivo general de estudiar el origen y la razón de ser de la delegación de funciones jurisdiccionales en entidades administrativas, la cual establece el legislador colombiano en virtud del mandato dado por la Constitución de 1991 , y los objetivos específicos de analizar cómo se materializa tal función, en términos procesales, en algunas entidades administrativas. Para conseguir tales objetivos, la obra se divide en dos partes. Una parte general, que de forma crítica revisa las distintas etapas que ha tenido en Colombia la delegación de funciones jurisdiccionales en entidades administrativas y los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema. Y una parte específica, cuyos capítulos estudian los aspectos procesales del ejercicio de funciones jurisdiccionales que llevan a cabo 1) la Superintendencia de Industria y Comercio, 2) la Superintendencia Financiera, 3) la Superintendencia de Sociedades,'' 4) la Superintendencia de Salud y 5) la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

El 1 de enero de 2016 empezó a regir para todo el territorio nacional el Código General del Proceso. Dicha implementación fue lograda de manera gradual mediante la expedición de acuerdos por parte del Consejo Superior de la Judicatura, en el campo civil. Sin embargo, con anterioridad a dicha fecha, este estatuto ya empezó a aplicarse como norma supletoria en los procesos contencioso-administrativos y algunos llevados por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Igualmente, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de emitir algunos pronunciamientos alrededor de la constitucionalidad de varias normas contenidas en este Código.Por esta razón la Universidad Externado de Colombia y su Departamento de Derecho Procesal ofrecen esta segunda edición del Código General del Proceso comparado con el Código de Procedimiento Civil. En esta segunda edición, además del ya conocido Código comparado, podrán encontrarse como anexos: la referencia concreta a los pronunciamientos de constitucionalidad realizados por la Corte Constitucional sobre algunas normas del Código General del Proceso; los diversos acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura que dieron implementación al Código General del Proceso; el Decreto 1736 de 2012 y su fe de erratas, por medio de los cuales se introducen algunas modificaciones al Código General del Proceso; la Ley 1561 de 2012, por la que se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones; así como nuevas herramientas de consulta que facilitan la labor de comparación.Al final del texto, el lector podrá encontrar un índice normativo en el cual ubicará de manera más expedita las páginas donde están las normas del Código de Procedimiento Civil, según su artículo equivalente en el Código General del Proceso.

El Departamento de Derecho Procesal de la UniversidadExternado de Colombia, bajo la dirección del profesor Ramiro Bejarano Guzmán,pone a disposición de la comunidad académica y jurídica en general este libro,en el que se han recogido varios trabajos de investigación con los cuales seabordan, desde distintas perspectivas, múltiples asuntos que se relacionan conlos temas probatorios. En este sentido, el hilo conductor que une todos lostrabajos reunidos fue la preocupación de los autores por analizar y exponeraspectos de interés que resultaran novedosos o problemáticos, teniendopresente, en particular, la puesta en funcionamiento del Código General delProceso a partir del año 2016. Conviene señalar que la metodología empleada porlos autores consiste en la revisión y análisis de textos doctrinales,normativos y jurisprudenciales y en la reflexión crítica de los asuntosproblemáticos que surgen de ellos en cuanto a cada uno de los temas abordados.El libro se compone de veintiún capítulos agrupados en tres partes. En laprimera se tratan temas relacionados con la teoría general de la prueba, elderecho probatorio general y el razonamiento probatorio. En la segunda seaborda el estudio de algunos medios de prueba en particular, teniendo en cuentalas modificaciones introducidas por el Código General del Proceso. Por último,en la tercera parte se analizan ciertos asuntos probatorios en contextos másespecíficos.

Conmemorando los cuarenta años del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. su observatorio constitucional de normas procesales presenta este libro —que forma parte de una colección de cuatro tomos— con el fin de contribuir al entendimiento de las grandes transformaciones que ha sufrido el derecho procesal en el país durante las últimas décadas.A lo largo de los capítulos de esta obra, el lector encontrará análisis y críticas a diversas instituciones del Código General del Proceso de cara a la jurisprudencia constitucional, en especial, en lo referido a la interpretación y constitucionalidad de las normas de dicho estatuto procesal, bajo la premisa de que las disposiciones procesales deben materializar las garantías constitucionales.

Conmemorando los cuarenta años del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, su observatorio constitucional de normas procesales presenta este libro —que forma parte de una colección de cuatro tomos— con el fin de contribuir al entendimiento de las grandes transformaciones que ha sufrido el derecho procesal en el país durante las últimas décadas.A lo largo de los capítulos de esta obra, el lector encontrará un análisis de diversas instituciones procesales civiles. de familia, contencioso administrativas —entre otras— y de la jurisprudencia constitucional, como insumo esencial en la definición de su alcance. Queda claro cómo el influjo de la Constitución Política de 1991 y del papel de la Corte Constitucional marcó un aire renovado —no siempre exento de críticas— que ha moldeado la forma en que se entienden nuestras garantías procesales y las propias disposiciones de los estatutos procesales.

Conmemorando los cuarenta años del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, su observatorio constitucional de normas procesales presenta este libro —que forma parte de una colección de cuatro tomos— con el fin de contribuir al entendimiento de las grandes transformaciones que ha sufrido el derecho procesal en el país durante las últimas décadas.A lo largo de esta obra, el lector encontrará un análisis de las más importantes discusiones que se han suscitado en el ámbito arbitral —nacional e internacional—, poniéndose en evidencia cómo la jurisprudencia constitucional se ha consolidado como el insumo fundamental para definir el alcance de distintas disposiciones arbitrales. Se expone la influencia de la Constitución Política de 1991 y el papel de la Corte Constitucional marcando un aire renovado —no siempre exento de críticas— que ha moldeado la forma en que se entienden nuestras garantías procesales y las propias disposiciones del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional.

Esta publicación es el volumen V de la que se ha denominado "La Jurisprudencia Arbitral en Colombia", trabaja que la Universidad inició desde 1988 con el noble propósito de permitirles a árbitros, abogados, estudiantes, Jueces y aun a los usuarios de los mecanismos alternativos de solución de controversias, aproximarse a la realidad del acontecer de los litigios definidos en el escenario arbitral. En esta ocasión el trabajo ha abarcado el examen minucioso de los laudos arbitrales dictados entre los años 2006 y 2011, tanto en Bogotá como en Cali. Barranquilla, Medellín y Bucaramanga.La multiplicación del arbitraje en las grandes ciudades, e inclusive en las intermedias, obliga a los estudiosos a abordar las decisiones que se profieren a lo largo y ancho de la geografía nacional. Si bien las decisiones arbitrales no constituyen jurisprudencia, en el sentido lato de lo que ha de entenderse por fuente formal del derecho, por cuanto ellas no provienen de un órgano del poder público, desde el punto de vista de la doctrina sí representan un valioso aporte a la interpretación y aplicación del derecho, que es necesario poner a disposición de árbitros, jueces, abogados y estudiantes.

El 1 de enero de 2016 empezó a regir para todo el territorio nacional el Código General del Proceso. Dicha implementación fue lograda de manera gradual mediante la expedición de acuerdos por parte del Consejo Superior de la Judicatura, en el campo civil. Sin embargo, con anterioridad a dicha fecha, este estatuto ya empezó a aplicarse como norma supletoria en los procesos contencioso-administrativos y algunos llevados por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Igualmente, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de emitir algunos pronunciamientos alrededor de la constitucionalidad de varias normas contenidas en este Código. Por esta razón la Universidad Externado de Colombia y su Departamento de Derecho Procesal ofrecen esta segunda edición del Código General del Proceso comparado con el Código de Procedimiento Civil. En esta segunda edición, además del ya conocido Código comparado, podrán encontrarse como anexos: la referencia concreta a los pronunciamientos de constitucionalidad realizados por la Corte Constitucional sobre algunas normas del Código General del Proceso; los diversos acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura que dieron implementación al Código General del Proceso; el Decreto 1736 de 2012 y su fe de erratas, por medio de los cuales se introducen algunas modificaciones al Código General del Proceso; la Ley 1561 de 2012, por la que se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones; así como nuevas herramientas de consulta que facilitan la labor de comparación. Al final del texto, el lector podrá encontrar un índice normativo en el cual ubicará de manera más expedita las páginas donde están las normas del Código de Procedimiento Civil, según su artículo equivalente en el Código General del Proceso.

Recurso de anulación de laudos arbitrales, editado por Ramiro Bejarano Guzmán, Aída Patricia Hernández Silva y Pablo Moreno Cruz, es el resultado de una investigación del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. El objetivo de la investigación es el de sumergirse en la lectura exhaustiva de la fuente jurisprudencial relativa al recurso de anulación de los laudos arbitrales para reformular, organizar, clarificar y analizar las tendencias jurisprudenciales [2000-2015). prestando atención, también, a la transición legislativa con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 1563 del año 2012. El material analizado comprende los pronunciamientos jurisprudencia les pro-feridos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la Corte Constitucional y por los Tribunales Superiores de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, los cuales fueron estudiados y clasificados en consideración a cada una de las nueve causales de anulación actualmente previstas en el Estatuto Arbitral [capítulos I-IX). El libro incluye, además, el análisis de los aspectos generales del recurso de anulación decantados por la jurisprudencia (capítulo introductorio) y el análisis de las decisiones que ha proferido la Corte Constitucional en materia de acción de tutela contra laudos arbitrales o providencias que resuelven un recurso de anulación (capítulo X).  Cada uno de los once capítulos está compuesto por un escrito inicial y por un apéndice que contiene los análisis de las decisiones judiciales más representativas sobre la temática del respectivo capítulo. Los restantes análisis jurisprudenciales, que suman más de cuatro mil páginas, fueron compilados en un cd anexo al libro, provisto de un índice analítico.

Como conclusión del proyecto de investigación sobre Acción de tutela y derecho procesal, adelantado por el Grupo de Investigación en Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, el Departamento de Derecho Procesal presenta el libro Aspectos procesales de la acción de tutela, fruto del trabajo de investigación colectiva de los profesores Camilo Valenzuela Bernal, Fredy Toscano López, Grégory Torregrosa Rebolledo, Jaime Augusto Correa Medina, Jorge Ramirez Gómez, Juan Carlos Naizir Sistac, Marcela Rodríguez Mejía, Marcos Quiroz Gutiérrez, Pablo Moreno Cruz y Ramiro Bejarano Guzmán. El presente es un trabajo también crítico sobre las instituciones procesales más frecuentes en el trámite de la acción de tutela. Se trata de un conjunto de artículos que no se limita a la identificación de las disposiciones legales pertinentes, sino que además contiene diversos análisis y reflexiones sobre aspectos controversiales del trámite del recurso de amparo, con base en las providencias más relevantes proferidas por la Corte Constitucional a través de estos últimos 25 años de vigencia de la acción de tutela. La acción de tutela significó para Colombia lo más parecido a una revolución, en el sentido de que con ella se hizo posible a todos los ciudadanos no solo tener un acceso a la justicia del que antes carecían, sino entender la utilidad de contar con una Constitución Política que hubiese reconocido este mecanismo para proteger sus derechos fundamentales. Sin duda, bien puede decirse que gracias a la acción de tutela se inició una nueva y trascendental era que los procesalistas han denominado como una especie de "procesalización del derecho constitucional", mientras los constitucionalistas la reconocen como una especie de "constitucionalización del derecho procesal". Cualquiera sea la denominación, lo cierto es que el "derecho de la tutela" irrumpió en el firmamento jurídico nacional para quedarse. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo procesal despojado de formalismos procesales y de ritualidades a la vieja usanza del derecho procesal, con el propósito de hacerla lo más informal posible para que todos los ciudadanos pudieran acceder a ella y al restablecimiento de los derechos fundamentales amenazados o conculcados por una acción u omisión de una entidad pública o de un particular.

Este libro tiene el objetivo general de estudiar el origen y la razón de ser de la delegación de funciones jurisdiccionales en entidades administrativas, la cual establece el legislador colombiano en virtud del mandato dado por la Constitución de 1991 , y los objetivos específicos de analizar cómo se materializa tal función, en términos procesales, en algunas entidades administrativas. Para conseguir tales objetivos, la obra se divide en dos partes. Una parte general, que de forma crítica revisa las distintas etapas que ha tenido en Colombia la delegación de funciones jurisdiccionales en entidades administrativas y los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema. Y una parte específica, cuyos capítulos estudian los aspectos procesales del ejercicio de funciones jurisdiccionales que llevan a cabo 1) la Superintendencia de Industria y Comercio, 2) la Superintendencia Financiera, 3) la Superintendencia de Sociedades,'' 4) la Superintendencia de Salud y 5) la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

El 1 de enero de 2016 empezó a regir para todo el territorio nacional el Código General del Proceso. Dicha implementación fue lograda de manera gradual mediante la expedición de acuerdos por parte del Consejo Superior de la Judicatura, en el campo civil. Sin embargo, con anterioridad a dicha fecha, este estatuto ya empezó a aplicarse como norma supletoria en los procesos contencioso-administrativos y algunos llevados por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Igualmente, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de emitir algunos pronunciamientos alrededor de la constitucionalidad de varias normas contenidas en este Código.Por esta razón la Universidad Externado de Colombia y su Departamento de Derecho Procesal ofrecen esta segunda edición del Código General del Proceso comparado con el Código de Procedimiento Civil. En esta segunda edición, además del ya conocido Código comparado, podrán encontrarse como anexos: la referencia concreta a los pronunciamientos de constitucionalidad realizados por la Corte Constitucional sobre algunas normas del Código General del Proceso; los diversos acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura que dieron implementación al Código General del Proceso; el Decreto 1736 de 2012 y su fe de erratas, por medio de los cuales se introducen algunas modificaciones al Código General del Proceso; la Ley 1561 de 2012, por la que se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones; así como nuevas herramientas de consulta que facilitan la labor de comparación.Al final del texto, el lector podrá encontrar un índice normativo en el cual ubicará de manera más expedita las páginas donde están las normas del Código de Procedimiento Civil, según su artículo equivalente en el Código General del Proceso.

El Departamento de Derecho Procesal de la UniversidadExternado de Colombia, bajo la dirección del profesor Ramiro Bejarano Guzmán,pone a disposición de la comunidad académica y jurídica en general este libro,en el que se han recogido varios trabajos de investigación con los cuales seabordan, desde distintas perspectivas, múltiples asuntos que se relacionan conlos temas probatorios. En este sentido, el hilo conductor que une todos lostrabajos reunidos fue la preocupación de los autores por analizar y exponeraspectos de interés que resultaran novedosos o problemáticos, teniendopresente, en particular, la puesta en funcionamiento del Código General delProceso a partir del año 2016. Conviene señalar que la metodología empleada porlos autores consiste en la revisión y análisis de textos doctrinales,normativos y jurisprudenciales y en la reflexión crítica de los asuntosproblemáticos que surgen de ellos en cuanto a cada uno de los temas abordados.El libro se compone de veintiún capítulos agrupados en tres partes. En laprimera se tratan temas relacionados con la teoría general de la prueba, elderecho probatorio general y el razonamiento probatorio. En la segunda seaborda el estudio de algunos medios de prueba en particular, teniendo en cuentalas modificaciones introducidas por el Código General del Proceso. Por último,en la tercera parte se analizan ciertos asuntos probatorios en contextos másespecíficos.

Conmemorando los cuarenta años del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. su observatorio constitucional de normas procesales presenta este libro —que forma parte de una colección de cuatro tomos— con el fin de contribuir al entendimiento de las grandes transformaciones que ha sufrido el derecho procesal en el país durante las últimas décadas.A lo largo de los capítulos de esta obra, el lector encontrará análisis y críticas a diversas instituciones del Código General del Proceso de cara a la jurisprudencia constitucional, en especial, en lo referido a la interpretación y constitucionalidad de las normas de dicho estatuto procesal, bajo la premisa de que las disposiciones procesales deben materializar las garantías constitucionales.

Conmemorando los cuarenta años del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, su observatorio constitucional de normas procesales presenta este libro —que forma parte de una colección de cuatro tomos— con el fin de contribuir al entendimiento de las grandes transformaciones que ha sufrido el derecho procesal en el país durante las últimas décadas.A lo largo de los capítulos de esta obra, el lector encontrará un análisis de diversas instituciones procesales civiles. de familia, contencioso administrativas —entre otras— y de la jurisprudencia constitucional, como insumo esencial en la definición de su alcance. Queda claro cómo el influjo de la Constitución Política de 1991 y del papel de la Corte Constitucional marcó un aire renovado —no siempre exento de críticas— que ha moldeado la forma en que se entienden nuestras garantías procesales y las propias disposiciones de los estatutos procesales.

Conmemorando los cuarenta años del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, su observatorio constitucional de normas procesales presenta este libro —que forma parte de una colección de cuatro tomos— con el fin de contribuir al entendimiento de las grandes transformaciones que ha sufrido el derecho procesal en el país durante las últimas décadas.A lo largo de esta obra, el lector encontrará un análisis de las más importantes discusiones que se han suscitado en el ámbito arbitral —nacional e internacional—, poniéndose en evidencia cómo la jurisprudencia constitucional se ha consolidado como el insumo fundamental para definir el alcance de distintas disposiciones arbitrales. Se expone la influencia de la Constitución Política de 1991 y el papel de la Corte Constitucional marcando un aire renovado —no siempre exento de críticas— que ha moldeado la forma en que se entienden nuestras garantías procesales y las propias disposiciones del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional.