Ricardo Posada Maya – författare

La obra científica intitulada Delito político, terrorismo y temas de derecho penal de la Biblioteca Jurídica Uniandina, elaborada por los profesores del Área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología y algunos profesores invitados, busca explorar, debatir y analizar difíciles y complejos temas de Derecho Penal nacional e internacional relacionados estrechamente con la dinámica de la práctica jurídica, la discusión académica y la elaboración dogmática y político-criminal de Colombia durante los últimos años. Precisamente, en el texto se abordan temas tan importantes como el concepto de delito político , la prescripción de los crímenes internacionales, la complementariedad de la Corte Penal Internacional, las causales de justificación y el principio de oportunidad, entre otros problemas vitales para dinamizar la cultura jurídica.

El derecho penal especial constituye hoy, sin duda alguna, una de las áreas más relevantes dentro del ámbito más amplio de la ciencia general del derecho penal, porque en ella convergen de modo complementario los fundamentos de la teoría del delito vistos en el curso de derecho penal general –cuyo punto de partida y razón de ser es precisamente la aplicación de la parte especial– y los referentes empíricos de naturaleza jurídica, social, política y económica que se quieren proteger por medio del ordenamiento jurídico-penal (mecanismo institucionalizado de control social), toda vez que se lesionan o ponen en peligro efectivo los bienes jurídicos (C. N./art. 2° y C P./art. 11) más importantes para la convivencia social, muchos de ellos verdaderos derechos constitucionales fundamentales. Conductas delictivas que finalmente son objeto de penas o medidas de seguridad de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

Uno de los problemas usuales en Colombia, a la hora de abordar el estudio científico del derecho penal, tanto general como especial, consisteen advertir la separación, por cierto muy peligrosa, que se da entre la práctica de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales o jueces y la academia nacional. Un divorcio que se alimenta de la indiferencia de unos y otros, cuando no de una franca actitud hostil, que tiene consecuencias diversas e imprevisibles en la construcción del derecho penal nacional y, desde luego, en la enseñanza de las ciencias penales. Por ejemplo, desde el punto de vista de la judicatura, la falta de sintonía hace imposible, por regla general, resolver con mayor solidez jurídica ciertos problemas o casos respecto de los cuales la doctrina ya ha propuesto soluciones innovadoras o claras, tanto desde una perspectiva dogmática como político-criminal; hacer explícita la aplicación de determinadas instituciones o teorías jurídicas, sin incurrir en errores o falacias; tener diversas opciones a la hora de interpretar las normas jurídico-penales y, en todo caso, hacer más segura, argumentada, regular e igualitaria la aplicación del derecho positivo y la construcción de la doctrina jurisprudencial. De parte de la academia, es evidente que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es una herramienta fundamental para acercar la realidad y la práctica de los tribunales a las aulas de clase y al ejercicio profesional, por lo cual, la academia sin la jurisprudencia termina por dedicarse a una construcción abstracta del derecho que le impide generar propuestas realistas e innovadoras para el entorno cultural en el que debe producir nuevo conocimiento, esto es, hacer academia. Ambas, pues, son necesarias para revitalizar el derecho colombiano, como un derecho vivo y ajustado a la experiencia.

Uno de los problemas usuales en Colombia, a la hora de abordar el estudio científico del derecho penal, tanto general como especial, consisteen advertir la separación, por cierto muy peligrosa, que se da entre la práctica de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales o jueces y la academia nacional. Un divorcio que se alimenta de la indiferencia de unos y otros, cuando no de una franca actitud hostil, que tiene consecuencias diversas e imprevisibles en la construcción del derecho penal nacional y, desde luego, en la enseñanza de las ciencias penales. Por ejemplo, desde el punto de vista de la judicatura, la falta de sintonía hace imposible, por regla general, resolver con mayor solidez jurídica ciertos problemas o casos respecto de los cuales la doctrina ya ha propuesto soluciones innovadoras o claras, tanto desde una perspectiva dogmática como político-criminal; hacer explícita la aplicación de determinadas instituciones o teorías jurídicas, sin incurrir en errores o falacias; tener diversas opciones a la hora de interpretar las normas jurídico-penales y, en todo caso, hacer más segura, argumentada, regular e igualitaria la aplicación del derecho positivo y la construcción de la doctrina jurisprudencial. De parte de la academia, es evidente que lajurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es una herramienta fundamental para acercar la realidad y la práctica de los tribunales a lasaulas de clase y al ejercicio profesional, por lo cual, la academia sin la jurisprudencia termina por dedicarse a una construcción abstracta delderecho que le impide generar propuestas realistas e innovadoras para el entorno cultural en el que debe producir nuevo conocimiento, esto es, hacer academia. Ambas, pues, son necesarias para revitalizar el derecho colombiano, como un derecho vivo y ajustado a la experiencia.

Uno de los problemas usuales en Colombia, a la hora de abordar el estudio científico del derecho penal, tanto general como especial, consiste en advertir la separación, por cierto muy peligrosa, que se da entre la práctica de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales o jueces y la academia o la doctrina nacional. Un divorcio que se alimenta de la indiferencia de unos y otros, cuando no de una franca actitud hostil, que tiene consecuencias tanto diversas como imprevisibles en la construcción del Derecho Penal nacional y, desde luego, en la enseñanza de las ciencias penales. Así, por ejemplo, desde el punto de vista de la judicatura, la falta de sintonía hace imposible, por regla general, resolver con mayor solidez jurídica ciertos problemas o casos respecto de los cuales la doctrina ya ha propuesto soluciones innovadoras o claras, tanto desde una perspectiva dogmática como político-criminal.

Uno de los problemas usuales en Colombia, a la hora de abordar el estudio científico del Derecho penal, tanto general como especial, consiste en advertir la separación, por cierto, muy peligrosa, que se da entre la práctica de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales o jueces y la academia o la doctrina nacional. Un divorcio que se alimenta de la indiferencia de unos y otros, cuando no de una franca actitud hostil, que tiene consecuencias tanto diversas como imprevisibles en la construcción del Derecho Penal nacional y, desde luego, en la enseñanza de las ciencias penales.Así, por ejemplo, desde el punto de vista de la judicatura, la falta de sintonía hace imposible, por regla general, resolver con mayor solidezjurídica ciertos problemas o casos respecto de los cuales la doctrina ya ha propuesto soluciones innovadoras o claras, tanto desde una perspectiva dogmática como político-criminal; hacer explícita la aplicación de determinadas instituciones o teorías jurídicas, sin incurrir en errores o falacias; tener diversas opciones a la hora de interpretar las normas jurídico-penales y, en todo caso, hacer más segura, argumentada, regular e igualitaria la aplicación del derecho positivo y la construcción de la doctrina jurisprudencial.

La resolución de las controversias y eventuales violaciones de los derechos de los trabajadores parecen tener un claro y delimitado tratamiento en el Derecho Laboral. Así, éste cuenta con una serie de instituciones sustanciales y procedimentales que reconocen no solo la existencia de unos derechos sino también una serie de sanciones ante su violación. Este papel regulador estaba cubierto fundamentalmente por la normatividad laboral, posteriormente fue enriquecida y ampliada con la mirada constitucional no solo por los alcances del Estado Social de Derecho, sino también por la consagración de los principios mínimos fundamentales del trabajo de que trata el artículo 53 de la CartaPolítica.Suponer entonces la existencia de una relación entre este andamiaje teórico y normativo con el Derecho Penal, a primera vista no resulta evidente. Una vez planteada la posibilidad de su relación, ésta puede hacerse bajo dos ópticas diferentes. En primer lugar, como dos áreas que, desde su independencia, han confluido y se han encontrado de diferentes maneras. En segundo lugar, como una unión que ha dado lugar a una sola figura, entendida como el "conjunto de preceptos penales (criminales) creados para garantizar la efectividad de las normas declarativas y ordenadoras destinadas a tutelar a los trabajadores" o si se quiere una referencia más genérica como "la consideración penal de algunos aspectos de la relación individual o colectiva del trabajo y de la, concomitante con ella, relación de seguridad social".

Uno de los problemas usuales en Colombia, a la hora de abordar el estudio científico del Derecho penal, tanto general como especial, consiste en advertir la separación, por cierto, muy peligrosa, que se da entre la práctica de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales o jueces y la academia o la doctrina nacional. Un divorcio que se alimenta de la indiferencia de unos y otros, cuando no de una franca actitud hostil, que tiene consecuencias tanto diversas como imprevisibles en la construcción del Derecho Penal nacional y, desde luego, en la enseñanzade las ciencias penales.Así, por ejemplo, desde el punto de vista de la judicatura, la falta de sintonía hace imposible, por regla general, resolver con mayor solidez jurídica ciertos problemas o casos respecto de los cuales la doctrina ya ha propuesto soluciones innovadoras o claras, tanto desde una perspectiva dogmática como político-criminal; hacer explícita la aplicación de determinadas instituciones o teorías jurídicas, sin incurrir en errores o falacias; tener diversas opciones a la hora de interpretar las normas jurídico-penales y, en todo caso, hacer más segura, argumentada, regular e igualitaria la aplicación del derecho positivo y la construcción de la doctrina jurisprudencial. De parte de la academia, es evidente quela jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es una herramienta fundamental para acercar la realidad y la práctica de los tribunales a las aulas de clase y al ejercicio profesional, por lo cual, la academia sin la jurisprudencia termina por dedicarse a una construcción abstracta del derecho que le impide generar propuestas realistas e innovadoras para el entorno cultural en el que debe producir nuevo conocimiento, esto es, hacer academia. Ambas, pues, son necesarias para revitalizar el derecho colombiano, como un derecho vivo y ajustado a la experiencia.

Uno de los problemas usuales en Colombia, a la hora de abordar el estudio científico del Derecho penal, tanto general como especial,consiste en advertir la separación, por cierto, muy peligrosa, que se da entre la práctica de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales o jueces y la academia o la doctrina nacional. Un divorcio que se alimenta de la indiferencia de unos y otros, cuando no de una franca actitudhostil, que tiene consecuencias tanto diversas como imprevisibles en la construcción del Derecho Penal nacional y, desde luego, en la enseñanza de las ciencias penales.Así, por ejemplo, desde el punto de vista de la judicatura, la falta de sintonía hace imposible, por regla general, resolver con mayor solidez jurídica ciertos problemas o casos respecto de los cuales la doctrina ya ha propuesto soluciones innovadoras o claras, tanto desde una perspectiva dogmática como político-criminal; hacer explícita la aplicación de determinadas instituciones o teorías jurídicas, sin incurrir en errores o falacias; tener diversas opciones a la hora de interpretar las normas jurídico-penales y, en todo caso, hacer más segura, argumentada, regular e igualitaria la aplicación del derecho positivo y la construcción de la doctrina jurisprudencial. De parte de la academia, es evidente que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es una herramienta fundamental para acercar la realidad y la práctica de los tribunales a las aulas de clase y al ejercicio profesional, por lo cual, la academia sin la jurisprudencia termina por dedicarse a una construcción abstracta del derecho que le impide generar propuestas realistas e innovadoras para el entorno cultural en el que debe producir nuevo conocimiento, esto es, hacer academia. Ambas, pues, son necesarias para revitalizar el derecho colombiano, como un derecho vivo y ajustado a la experiencia.

El concepto jurídico del delito político revisa y profundiza la teoría general de los delitos políticos y las distintas modalidades delictivas previstas en la parte especial de la legislación y los diversos efectos constitucionales y legales que estas figuras comportan en el derecho penal moderno. Todo ello, desde una perspectiva garantista y crítica que acoge los postulados de política criminal que se desprenden del Estado social y democrático de derecho. A lo anterior se suma la visión de esta clase de infracciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (), a propósito de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (-) del 2016. Esta obra es una fuente de consulta teórica actualizada para los estudiantes de Derecho, los jueces ordinarios o transicionales, los fiscales y para quienes se dedican a estudiar cualquier disciplina relacionada con los delitos políticos.

La presente obra de estudios de jurisprudencia -la novena entrega de la serie- constituye un esfuerzo continuo realizado por los profesores de derecho penal de las facultades de Derecho de la Universidad de los Andes y de la Sergio Arboleda (Bogota, Colombia), todos ellos jueces o abogados en ejercicio, cuyo proposito es acercar las discusiones actuales planteadas por algunas de las decisiones de la Sala de Casacion Penal de la Corte Suprema de Justicia al estudio del Derecho, con altos estandares de calidad. Para tal fin, se analizan de manera seriada algunos de los pronunciamientos judiciales de la mencionada Sala, como herramientas imprescindibles para cerrar la distancia entre la realidad practica de los tribunales, las aulas de clase y el ejercicio profesional, y para generar nuevo conocimiento para estudiantes y practicantes de la profesion.

El presente libro está dedicado al estudio de los delitos contra el patrimonio económico establecidos en la legislación penal colombiana (Ley 599 del 2000). Se ocupa, en consecuencia, de los denominados delitos de expropiación de los bienes, en particular los delitos de hurto en sus diferentes modalidades (fundamentales, calificados y modificados), los delitos de abigeato, el delito de abuso de confianza y las figuras especializadas como el hurto de uso y el hurto entre codueños. Se nutre de la bibliografía y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia más relevante, lo que permite abordar con profundidad los distintos debates teóricos y prácticos que han sido planteados por la doctrina especializada en la materia. Así, el libro busca convertirse en una herramienta que posibilite una interpretación sistemática, reflexiva y crítica de estos delitos desde una perspectiva político-criminal.