Las relaciones laborales han variado desde la expedición del Código Sustantivo del Trabajo; por esta razón, es oportuno repensar y analizar el nuevo derecho laboral y de la seguridad social. Así, más allá de la división tradicional entre derecho laboral individual, colectivo y de la seguridad social, este libro propone abordarlos de una manera transversal y desde de ciertos contextos.El libro está dividido en cuatro grandes partes. La primera aborda el desarrolloparticular de la relación laboral; la segunda da una mirada a esa relación laboral pero en escenarios particulares; la tercera analiza la relación laboral desde el punto de vista de los actores y la última expone algunas problemáticas que plantea la seguridad social.

Uno de los grandes reconocimientos hechos por la Constitución de 1991 fue la consagración expresa del derecho a la seguridad social en su artículo 48. Si bien es cierto que la seguridad social encuentra una compleja relación entre aspectos financieros, jurídicos, económicos y sociales, se considera que el reconocimiento como derecho constitucional desempeña un papel importante en su valoración, apropiación y desarrollo, pues abrió y visibilizó un discurso tanto del Estado como de los particulares.Reconociendo entonces la diversidad de las aproximaciones de la seguridad social, en el presente libro la referencia se hará exclusivamente a su consagración constitucional y se analizará el contexto en el que los constituyentes de aquel momento buscaron la inclusión del derecho y el impacto posterior de este. Así, se pasa de una consagración constitucional de asistencia social a una consagración del derecho irrenunciable a la seguridad social con las evidentes tensiones de implementación y exigibilidad que ello implica.

La resolución de las controversias y eventuales violaciones de los derechos de los trabajadores parecen tener un claro y delimitado tratamiento en el Derecho Laboral. Así, éste cuenta con una serie de instituciones sustanciales y procedimentales que reconocen no solo la existencia de unos derechos sino también una serie de sanciones ante su violación. Este papel regulador estaba cubierto fundamentalmente por la normatividad laboral, posteriormente fue enriquecida y ampliada con la mirada constitucional no solo por los alcances del Estado Social de Derecho, sino también por la consagración de los principios mínimos fundamentales del trabajo de que trata el artículo 53 de la CartaPolítica.Suponer entonces la existencia de una relación entre este andamiaje teórico y normativo con el Derecho Penal, a primera vista no resulta evidente. Una vez planteada la posibilidad de su relación, ésta puede hacerse bajo dos ópticas diferentes. En primer lugar, como dos áreas que, desde su independencia, han confluido y se han encontrado de diferentes maneras. En segundo lugar, como una unión que ha dado lugar a una sola figura, entendida como el "conjunto de preceptos penales (criminales) creados para garantizar la efectividad de las normas declarativas y ordenadoras destinadas a tutelar a los trabajadores" o si se quiere una referencia más genérica como "la consideración penal de algunos aspectos de la relación individual o colectiva del trabajo y de la, concomitante con ella, relación de seguridad social".

Hace ya veinticinco años se expidió la Constitución nacional. En ella se plasmó un catálogo importante de derechos laborales y de la seguridad social. Algunos que ya existían fueron ampliados como el derecho a la asociación sindical o la huelga, en tanto que otros vieronpor primera vez la luz con rango constitucional como el derecho a la negociación colectiva o el derecho a la seguridad social.Además de ello, el artículo 53 de la Carta Política estipula la obligación del Congreso en la expedición del estatuto del trabajo, el cualdeberá contemplar como mínimo una serie de principios, que si bien contaban con desarrollo legislativo, no tenían esta jerarquía.Considerando que las relaciones laborales han variado desde la expedición del Código Sustantivo del Trabajo, y que este marco legal es redefinido en sus alcances de derechos constitucionales, es oportuno repensar y analizar el nuevo derecho laboral y de la seguridad social.Esta es la idea general que motivó la creación del presente texto.Evidentemente el tema laboral y de la seguridad social es amplísimo, por ello fue necesario privilegiar unos asuntos sobre otros. Así, más allá de la división tradicional entre derecho laboral individual, colectivo y de la seguridad social, el texto se propone abordarlos de una manera transversal y desde el punto de vista de ciertos contextos.

Las relaciones laborales han variado desde la expedición del Código Sustantivo del Trabajo; por esta razón, es oportuno repensar y analizar el nuevo derecho laboral y de la seguridad social. Así, más allá de la división tradicional entre derecho laboral individual, colectivo y de la seguridad social, este libro propone abordarlos de una manera transversal y desde de ciertos contextos.El libro está dividido en cuatro grandes partes. La primera aborda el desarrolloparticular de la relación laboral; la segunda da una mirada a esa relación laboral pero en escenarios particulares; la tercera analiza la relación laboral desde el punto de vista de los actores y la última expone algunas problemáticas que plantea la seguridad social.

Uno de los grandes reconocimientos hechos por la Constitución de 1991 fue la consagración expresa del derecho a la seguridad social en su artículo 48. Si bien es cierto que la seguridad social encuentra una compleja relación entre aspectos financieros, jurídicos, económicos y sociales, se considera que el reconocimiento como derecho constitucional desempeña un papel importante en su valoración, apropiación y desarrollo, pues abrió y visibilizó un discurso tanto del Estado como de los particulares.Reconociendo entonces la diversidad de las aproximaciones de la seguridad social, en el presente libro la referencia se hará exclusivamente a su consagración constitucional y se analizará el contexto en el que los constituyentes de aquel momento buscaron la inclusión del derecho y el impacto posterior de este. Así, se pasa de una consagración constitucional de asistencia social a una consagración del derecho irrenunciable a la seguridad social con las evidentes tensiones de implementación y exigibilidad que ello implica.

La resolución de las controversias y eventuales violaciones de los derechos de los trabajadores parecen tener un claro y delimitado tratamiento en el Derecho Laboral. Así, éste cuenta con una serie de instituciones sustanciales y procedimentales que reconocen no solo la existencia de unos derechos sino también una serie de sanciones ante su violación. Este papel regulador estaba cubierto fundamentalmente por la normatividad laboral, posteriormente fue enriquecida y ampliada con la mirada constitucional no solo por los alcances del Estado Social de Derecho, sino también por la consagración de los principios mínimos fundamentales del trabajo de que trata el artículo 53 de la CartaPolítica.Suponer entonces la existencia de una relación entre este andamiaje teórico y normativo con el Derecho Penal, a primera vista no resulta evidente. Una vez planteada la posibilidad de su relación, ésta puede hacerse bajo dos ópticas diferentes. En primer lugar, como dos áreas que, desde su independencia, han confluido y se han encontrado de diferentes maneras. En segundo lugar, como una unión que ha dado lugar a una sola figura, entendida como el "conjunto de preceptos penales (criminales) creados para garantizar la efectividad de las normas declarativas y ordenadoras destinadas a tutelar a los trabajadores" o si se quiere una referencia más genérica como "la consideración penal de algunos aspectos de la relación individual o colectiva del trabajo y de la, concomitante con ella, relación de seguridad social".

Hace ya veinticinco años se expidió la Constitución nacional. En ella se plasmó un catálogo importante de derechos laborales y de la seguridad social. Algunos que ya existían fueron ampliados como el derecho a la asociación sindical o la huelga, en tanto que otros vieronpor primera vez la luz con rango constitucional como el derecho a la negociación colectiva o el derecho a la seguridad social.Además de ello, el artículo 53 de la Carta Política estipula la obligación del Congreso en la expedición del estatuto del trabajo, el cualdeberá contemplar como mínimo una serie de principios, que si bien contaban con desarrollo legislativo, no tenían esta jerarquía.Considerando que las relaciones laborales han variado desde la expedición del Código Sustantivo del Trabajo, y que este marco legal es redefinido en sus alcances de derechos constitucionales, es oportuno repensar y analizar el nuevo derecho laboral y de la seguridad social.Esta es la idea general que motivó la creación del presente texto.Evidentemente el tema laboral y de la seguridad social es amplísimo, por ello fue necesario privilegiar unos asuntos sobre otros. Así, más allá de la división tradicional entre derecho laboral individual, colectivo y de la seguridad social, el texto se propone abordarlos de una manera transversal y desde el punto de vista de ciertos contextos.