Lejos de cumplir con sus promesas de ser distinto, y de ofrecer más acceso a justicia para las víctimas, el sistema de restitución de tierras ha negado la mayoría de las solicitudes (el 65%) en la etapa administrativa del proceso. Además, los solicitantes cuyas solicitudes han sido negadas no tienen un recurso efectivo para controvertir las negaciones. A la fecha. las razones que explican esta alta tasa de negaciones eluden tanto a los expertos como a los académicos, debido a que no existe información que explique los motivos de las decisiones negativas. La extensión por 10 años de la política de restitución ofrece una oportunidad para corregir el camino. Sin embargo, la simple extensión, sin revisar los graves problemas de los cuales han caracterizado el proceso, solo terminaría siendo una repetición de la primera década. Con el ánimo de prevenir este resultado y contribuir al goce efectivo de los derechos de las víctimas a restitución, en este documento de política pretendemos hacer dos cosas: destacar algunos de los grandes y serios problemas que ha sido parte de la implementación de la política de restitución de tierras; y proponer un conjunto de recomendaciones a varias entidades implementadoras para abordar esta problemática. Específicamente, sostenemos que es necesario revisar las decisiones negativas tomadas por la URT para asegurar que los derechos de las víctimas no han sido vulnerados.
