Oscar Dario Amaya Navas – författare

Una de las funciones que ejerce la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y que ha cobrado especial relevancia en los últimos años, consiste en "resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo". Su impacto es de tal magnitud que al resolver esa clase de conflictos se garantizan los derechos fundamentales de las personas al debido proceso y a la defensa, dado que se define la autoridad que debe conocer una determinada actuación administrativa. Con el análisis de alrededor de 950 decisiones que contiene esta publicación se busca difundir los criterios adoptados por la Sala al definir las competencias relacionadas con los conflictos en temas disciplinarios. laborales y de seguridad social, de familia, de inspección. vigilancia y control, y residuales, lo cual constituye un insumo importante para los funcionarios públicos, los abogados y los estudiantes de derecho, entre otros.

El desarrollo sostenible se ha promocionado como un modelo económico compatible con la protección y la preservación de los recursos naturales, que supone un alto concepto de responsabilidad social, económica y ambiental a cargo del Estado y también de los particulares. El derecho a gozar de un ambiente sano, por su parte, se ha convertido en un derecho de gran importancia para garantizar la calidad de vida de las actuales y de las futuras generaciones. El lector encontrará en esta investigación académica las razones por las cuales el desarrollo sostenible es, precisamente, el determinador de la naturaleza fundamental del derecho a gozar de un ambiente sano, y está en condiciones, además, de constituirse en petición de principio general del Derecho. La naturaleza fundamental del derecho a gozar de un ambiente sano se predica, en consecuencia, de su ubicación normativa, de su desarrollo jurisprudencial y legal, y, especialmente, del aporte que el desarrollo sostenible le da en estos tiempos modernos, como núcleo o contenido esencial, mínimo e irreductible de este derecho.El lector encontrará en esta investigación académica las razones por las cuales el desarrollo sostenible es, precisamente, el determinador de la naturaleza fundamental del derecho a gozar de un ambiente sano, y está en condiciones, además, de constituirse en petición de principio general del Derecho. La naturaleza fundamental del derecho a gozar de un ambiente sano se predica, en consecuencia, de su ubicación normativa, de su desarrollo jurisprudencial y legal, y, especialmente, del aporte que el desarrollo sostenible le da en estos tiempos modernos, como núcleo o contenido esencial, mínimo e irreductible de este derecho.

Tanto desde el punto de vista administrativo como penal, el derecho sancionatorio ambiental se rige por una serie de principios transcendentales, el primero de los cuales, por supuesto, es el de legalidad, que circunscribe el ejercicio del poder público al ordenamiento jurídico que lo rige; este principio fundamental se encuentra reflejado en la Ley 1333 de 2009 y en el título XI del Código Penal como límite a la potestad punitiva del Estado, en el sentido que solo pueden castigarse las conductas expresamente descritas como infracciones o delitos en cada uno de los instrumentos normativos mencionados. No menos importantes son los otros principios que están en la base del régimen sancionatorio ambiental: el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el de contradicción, el de favorabilidad y el principio in dubio pro natura, entre otros.

Cada año el Grupo de Investigación en Derecho del Medio Ambiente identifica un tema de especial importancia para que sea analizado y socializado en el marco de las Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente, que este año llegan a su XVI versión. Así las cosas, para este número se decidió que el asunto que nos convocara fuera el derecho procesal ambiental. La importancia del tema es más que evidente, por cuanto el proceso judicial o administrativo comporta una sucesión de etapas jurídicas enlazadas que deben ser recorridas paso a paso por los coasociados que se constituyen en partes y por el juez o la Administración, en observancia de los deberes y obligaciones que la ley procesal le impone, siempre con el cometido de servir al derecho material o sustancial.

La incuestionable insuficiencia de los mecanismos jurídicos tradicionales de protección del medio ambiente para responder por sí mismos ante las nuevas amenazas e incertidumbres que caracterizan esta realidad, exige el desarrollo de acciones que permitan enfrentar los riesgos, buscando la protección del entorno natural. No es suficiente con la tarea de reparación de los daños ambientales ya ocurridos, sino que se hace necesario diseñar herramientas que permitan la anticipación y la evitación de dichos daños. De esta manera, los principios del derecho ambiental, primordialmente los de prevención y precaución, constituyen pilares fundamentales a la hora de hacer frente a los riesgos y peligros que pueden afectar la naturaleza. Esta perspectiva de evitación del daño resulta especialmente relevante para hacer realidad los objetivos de conservación de la naturaleza y de desarrollo sostenible en el marco de la protección del derecho al ambiente sano o adecuado. No parecería razonable atender las cuestiones ambientales sin poner de presente que cuando nos enfrentamos al reto de proteger la existencia de la vida en la tierra, la mejor manera de lograrlo es procurando que los daños ambientales jamás lleguen a generarse.

La evaluaciones ambientales estratégicas EAE conciben las condiciones institucionales y regulatorias necesarias para fortalecer las acciones de estado frente a los valores del ambiente y los recursos naturales renovables incorporándolos en las politicas, planes y programas que modelan el desarrollo del país, potenciando con ello la convergencia entre las metas sectoriales y las experiencias de sostenibilidad territorial y una mejor gobernaza ambiental.

La Constitución Ecológica de Colombia es la obligada actualización de una temática que está en permanente cambio en nuestro país y en América Latina. Son frecuentes las conquistas jurisprudenciales, así como las reformas legales y constitucionales que se dan en materia de protección ambiental durante los últimos anos, Isla "incorporacion constitucional ambiental" se presenta especialmente en materia del derecho y un ambiente sano, en protección y conservación de recursos naturales, en desarrollo sostenible, en aspectos de la función ecológica de la propiedad, en las funciones ambientales de las entidades públicas, en educación ambiental, en temas de responsabilidad por daño ambiental y en participación de las etnias en lo concerniente a protección de los recursos naturales. Todos estos aspectos muestran evolución notable en su tratamiento constitucional en los países objeto de esta investigación. Los ocho ejes temáticos mencionados constituyen apenas un ejercicio de agrupación preliminar sobre lo que podrían ser líneas constitucionales en el derecho constitucional ambiental latinoamericano. Aunque apenas está siendo considerada en algunos países, la asignatura pendiente es la que tiene que ver con el cambio climático. Es tímida la consagración constitucional de este fenómeno ambiental, y sobre esa tarea deben volcarse con dedicación las naciones.

El estado Colombiano ha desarrollado una serie de herramientas normativas y políticas para atender los retos que implica el cambio climático. Esta obra, desarrollada por el Grupo de investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, identifica y analiza los retos y compromisos jurídicos de Colombia frente al fenómeno climático global, profundizando en el estudio del acuerdo de París de 2015 desde la óptica del derecho internacional y el comportamiento de Colombia frente a los compromisos internacionales asumidos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible -DDS- promulgados en septiembre de 2015 por las Naciones Unidas han definido la agenda de desarrollo global a partir del concepto de sostenibilidad, bajo la premisa del equilibrio entre el desarrollo económico, la inclusión social y el uso racional de los recursos naturales. Los ODS tienen como ejes estratégicos las denominadas cinco P: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y los pactos (partnership). Estamos ante una nueva era de las relaciones humanas, donde las sociedades, los gobiernos, las empresas, las organizaciones y las personas tienen que llevar a cabo políticas y actividades que faciliten la inclusión, la conservación ambiental y el uso adecuado de los recursos naturales, el aumento de la productividad y la competitividad, y de esta manera propiciar espacios universales de justicia y paz con instituciones fortalecidas.

Esta obra, que recopila una serie de artículos sobre temas comunes al derecho privado y al derecho del medio ambiente, es un homenaje al doctor Fernando Hinestrosa (Rector del Externado entre 1963 y 2012) quien apoyó con generosidad y grandeza estas ramas de la ciencia jurídica. El texto busca propiciar un diálogo académico en un escenario de confluencia de las dos ramas del derecho abordando cuestiones tan diversas e interesantes como el análisis histórico de los antecedentes romanos con respecto a la regulación de las instituciones medioambientales, el estudio de la forma como las instituciones tradicionales del derecho privado se han visto afectadas o transformadas por la función de protección ambiental del derecho, la responsabilidad por daños al medio ambiente, y finaliza con una exposición de algunas experiencias internacionales en la materia.

Esta monografía de investigación pretende abordar la construcción jurídica del derecho al agua como un derecho fundamental y como un derecho humano, desde la perspectiva del Derecho constitucional. El agua ha sido un tema fundamental desde los inicios de la historia constitucional del país, y si bien la configuración jurídica actual es diferente a la señalada en las constituciones previas a la de 1991, las distintas formas de reconocimiento reflejan los cambios y las necesidades de la sociedad y de la población, que van causando la obligación de precisiones, evolución y sofisticación en el régimen jurídico del agua. Con este propósito, la obra se divide en tres capítulos: el primero nos habla sobre la historia constitucional de la protección del recurso hídrico; el segundo se refiere a la relación entre el agua y los derechos humanos en Colombia en perspectiva constitucional; y el tercero alude a la relación entre el agua y los servicios públicos, es decir, la forma como se materializa el suministro de agua a la población, y el consecuente esquema de vertimientos, también desde la arista constitucional.