La creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición, y particularmente la de su componente de justicia, como desarrollo de los Acuerdos de Paz celebrados en la Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, ha generado mucha controversia en nuestro país; algunas voces críticas señalan que, existiendo una jurisdicción penal ordinaria, era innecesaria la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz; censuran la concesión de amnistías e indultos en el marco de la misma, y critican que los crímenes cometidos durante en conflicto armado sean sancionados con penas más leves que las previstas en la legislación ordinaria para estos delitos. Interrogantes como estos tienen que ver con antiguas discusiones sobre la naturaleza y función tanto del derecho penal como del sistema de sanciones que lo caracteriza y, en tiempos más recientes, con el surgimiento y desarrollo de la llamada Justicia Transicional.

La llamada Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo de administración de justicia diseñado para operar de manera selectiva como parte de un sistema integral de verdad,justicia reparación y no repetición que, a su vez, es solo uno de los elementos de un sistema más amplio compuesto por los seis documentos que constituyen el Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. Esos tres sistemas, en conjunto, conforman un modelo de Justicia Transicional con el que Colombia intenta superar un pasado reciente de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos durante cerca de cincuenta años en el entorno de un conflicto armado interno. Puesto que para la superación de ese pasado conflictivo se acordó hacer modificaciones en materia de reforma agraria, participación en política y estrategia de lucha contra las drogas de uso ilícito, es evidente que la denominada Justicia Transicional es mucho más que justicia. Primero, porque en el plano de Acuerdo de Paz es importante intervenir en las causas del conflicto para tratar de evitar su repetición, pero esas modificaciones no le corresponden al aparato judicial, sino que son parte de un trabajo que debe ser desarrollado por el ejecutivo con la ayuda del legislativo a través de reformas constitucionales y legales que deberían llevar a la práctica lo que se acordó en La Habana sobre esos temas. Segundo, porque dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición está previsto el funcionamiento de instrumentos como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, los mecanismos de reparación y las garantías de no repetición, que no cumplen funciones judiciales. Tercero porqué, incluso dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, no todos sus componentes desarrollan labores exclusivamente judiciales; la Sala de Verdad y Reconocimiento de Responsabilidades tiene como principal encargo de recibir información sobre las conductas delictivas cometidas durante y con ocasión del conflicto armado, para verificarlas, evaluarlas y contrastarlas, con el propósito de seleccionar las más graves y representativas y concentrar en ellas el trabajo de la jurisdicción.

"Un concepto amplio de justicia incluye los esfuerzos para lograr una sociedad pacífica". Helmunt Gropengießer y Jörg Meißner"La decisión de introducir una ley de amnistía individualizadora y condicional con el fin de alcanzar la paz puede ser una respuesta responsable ante una situación compleja". Louise Mallinder "Un programa de enjuiciamientos específicos solo para las personas más responsables, junto con comisiones de la verdad y amnistías para los perpetradores de bajo rango, puede pasar el test de complementariedad ...". Darryl Robinson "La existencia de la Corte Penal Internacional no elimina las amnistías como elernénto de negociación disponible para los mediadores Que intentan terminar un conflicto internacional o interno". Michael P. Scharf

El problema de la intervención delictiva en el marco de los llamados aparatos organizados de poder constituye uno de los temas más discutidos en la dogmática penal de las últimas décadas y tiene, especialmente en ámbitos como el colombiano, una gran relevancia práctica. La presente traducción y recopilación de textos de destacados penalistas alemanes pretende ofrecer un panorama de la discusión en dicho país, la cual es mucho más profunda y variopinta de lo que en ocasiones se percibe en nuestro medio. En el centro del debate el lector encontrará algunas de las críticas más sólidas en contra de la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder desarrollado por Claus Roxin, así como la más reciente defensa de dicha figura por parte de este autor.

la verdad procesal en los sistemas adversariales es Llevada al juez por cada parte, Fiscalía y defensa, quienes intentaron demostrar que su teoría del caso y la verdad que de ella se deriva son las que deben prevalecer. Pese a que el anterior planteamiento es ampliamente conocido, su validez presenta dificultades en la práctica, debido al desconocimiento de la técnica procesal para Llegar a esa verdad, y en particular, a la carencia de una buena selección de teoría del caso, articulada con la fundamentación jurídica que la respalde, teoría que debe ser demostrada mediante pruebas que a su vez permitan debilitar y, finalmente, refutar la teoría de la Otra parte procesal.Cuatro apones independientes integran el contenido del libro, que comprende asimismo un estudio introductorio que los articula con el contexto nacional y en el cual se explican la relevancia de la teoría del caso de cara a la estructura del proceso penal adversarial que rige en Colombia -desde su implementación hace más de quince años las ventajas de contar con una sólida estructura y las consecuencias de su carencia. El libro nos confronta con la forma tradicional de entender el procesopenal y sus construcciones teóricas. Su lectura nos obliga a implementar nuevas técnicas para construir una teoría del caso más salida y persuasiva para el juez tanto en cuanto a la forma como al contenido, una teoría que nos permita afirmar que cumple el objetivo de llevar la verdad procesal al juez que, idealmente, deberá darle la razón.

El libro que presentamos a los lectores está compuesto por dos textos en los cuales, de manera independiente, se da respuesta a interesantes interrogantes planteados por los autores respecto a problemas propios de la Justicia de Transición para Colombia.En el primer texto, de la autoría de Yesid Reyes Alvarado y que aborda la estructura y articulación del sistema de transición, se expone cómo fue concebido el componente de justicia creado para el periodo de transición. En el mismo resulta de particular interés la justificación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de asumir el conoci­miento de todos los delitos ocurridos durante y en relación con el con­flicto armado; con redacción de muy fácil lectura, se demuestra que su creación se justifica en cuanto mecanismo transitorio de aplicación de justicia y útil para facilitar la obtención de la paz, sin impunidad.La segunda parte del libro la constituye el texto de David Gallego Arribas. El autor aborda el estudio de la justicia de transición y las medi­das premiales en Colombia, y explica cómo quedó estructurado el com­ponente de justicia del Acuerdo de Paz, a la vez que incorpora un análi­sis de su legalidad internacional; incluye asimismo en su estudio una referencia al problema agrario como causa del conflicto armado en Colombia. Gallego Arribas toma como punto de partida la insuficiencia del derecho penal como instrumento de solución ante la confrontación de intereses, y expone el reto que representa satisfacer los derechos de las víctimas, haciendo énfasis en los elementos de justicia y no repeti­ción, en donde la justicia de transición surge como mecanismo que va más allá del derecho penal ordinario.

PRÓLOGO La defensa legítima de los derechos es fundamento de cualquier sociedad: nadie puede ser obligado a soportar la disminución injusta de sus derechos sin la opción de defenderlos1. Uno de los temas más apasionantes en la dogmática penal es el estudio y aplicación de la legítima defensa, que en términos generales ha sido entendida como el reconocimiento por el ordenamiento jurídico de la afectación de un derecho de un tercero, ante una agresión injusta, actual o inminente, que hace necesaria la acción defensiva. Este es el tema objeto de estudio del presente libro colectivo, en el que los autores desarrollan, a partir del análisis de casos, los más relevantes problemas dogmáticos y prácticos de la legítima defensa. La complejidad de la discusión teórica sobre el cumplimiento total o parcial de sus requisitos, así como el análisis de su contenido en el ordenamiento penal colombiano, pero también el debate sobre las dificultades de su aplicación en la práctica, conducen a los autores a asumir el reto de presentar propuestas de solución. Algunos de los interrogantes que intenta resolver el libro se plantean ya desde el estudio introductorio, en el que Yesid Reyes Alvarado aborda problemáticas actuales, por ejemplo, si la agresión injusta debe ser entendida como delito, o si se trata de una agresión antijurídica, no entendida como injusto punible. O la referida a qué ocurre ante supuestos de tentativa o supuestos anteriores incluso a ella. ¿Tiene relevancia jurídica, respecto a la legítima defensa, el considerar punible o no punible la tentativa inidónea, por ejemplo? Con este tipo de interrogantes el estudio introductorio nos conduce a las principales controversias a las que nos enfrenta la legítima defensa, pasando por la relevancia de los fenómenos comunicativos, interpretativos y valorativos y su incidencia en la configuración de requisitos como la agresión injusta. ¿Qué ocurre con la denominada legítima defensa putativa, es un supuesto de legítima defensa, se configura una agresión injusta o se trata de un supuesto de error y cómo debe ser resuelto? Con profundidad, el estudio introductorio aborda otro de los componentes de la legítima defensa, esto es, el de cómo debe entenderse la actualidad de la agresión, para lo cual parte de ejemplos discutidos en doctrina y jurisprudencia, como los supuestos de hurto, en los que la víctima dispara su arma de fuego en contra de los agresores cuando estos ya han emprendido la huida. ¿Se puede afirmar la existencia de agresión actual en estos casos? Si esa agresión se corresponde con una conducta tipificada, ¿Cómo opera ante supuestos de mera conducta o de resultado?, ¿debe hacerse diferenciación entre consumación y agotamiento formal y material?, ¿hasta qué momento debe ser entendida o extendida la actualidad de la agresión?, y ¿Qué incidencia tiene respecto a la configuración del exceso en las justificantes en la legislación colombiana?

La persona que decida dedicar su vida a la ciencia no debería contar con una cosa: fama póstuma. La mayoría de los textos científicos son ignorados desde el principio, algunos son discutidos por un tiempo para luego ser archivados, pero solo un reducido número de autores logra generar una nueva orientación de la discusión científica. No obstante, incluso en este último caso sus concepciones pocas veces perduran más de una generación; luego sufren también ese destino que no consiste en haber sido rebatidas, sino más bien en que ellas son desconocidas y finalmente irrelevantes para los miembros de las siguientes generaciones científicas. Así, la discusión con las posiciones de los pensadores que alguna vez fueron celebrados como pioneros se desplaza lentamente de los puestos de honor en las introducciones de los grandes manuales al "limbo de las notas al pie"1, para finalmente sumergirse en el Hades del completo olvido. Su influencia, por consiguiente, ya es tan solo de carácter subterráneo. Lo que escribió Nietzsche sobre el gran filósofo vale cum grano salis también para el gran científico del Derecho: "El filósofo cree que el valor de su filosofía radicaría en la totalidad, en la construcción; la posteridad, por el contrario, lo encuentra en la piedra con la que él construyó y con la cual, de ahora en adelante, se construirá con más frecuencia y de mejor forma, esto es, en que aquella construcción puede ser destruida y, sin embargo, seguirá teniendo valor como material"2. Al pequeño grupo de teóricos del Derecho penal que obtuvieron un doble éxito –abiertamente en tiempos de vida, pero también después, aunque de forma subterránea– pertenece Hans Welzel. Él ejerció como prácticamente ningún otro teórico del siglo XX una profunda influencia no solo sobre la ciencia penal alemana, sino también sobre la hispanoparlante3. Sus principales obras se encuentran traducidas al español4 y también son muy famosas algunas conferencias que pronunció el Welzel tardío en universidades españolas5. Adicionalmente, Welzel influenció muchos y muy importantes penalistas en España y Latinoamérica6. Por tal motivo no sorprende que algunas de las principales tesis del finalismo –teoría del injusto personal, inclusión del dolo en el tipo, distinción entre desvalor de acción y desvalor de resultado, conciencia de la antijuridicidad como elemento autónomo de la culpabilidad y teoría de la culpabilidad– hayan sido reconocidas en la literatura y en la jurisprudencia de muchos países iberoamericanos7 y que varios libros y manuales de reconocida influencia hayan sido construidos en estrecha conexión con algunas de las premisas centrales de Welzel8. En la actualidad, el pensamiento iusfilosófico de Welzel y los postulados metodológicos del finalismo –por ejemplo, la teoría de las estructuras lógico-objetivas– no juegan prácticamente ningún rol ni en el mundo hispanoparlante ni en Alemania. No obstante, las tesis ya mencionadas que Welzel desarrolló a partir de esto último han ingresado tanto aquí como allá en el inventario de las teorías del Derecho penal que sigue siendo reconocido mayoritariamente. Incluso aquellos autores que se distancian radicalmente de Welzel desarrollaron sus propias ideas en gran medida a través de un intenso debate con este: sin Welzel no hay Jakobs. Por consiguiente, el ontologismo de Welzel está presente ex negativo en el enfoque social-funcional de Jakobs.

La creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia y No Repetición, y particularmente la de su componente de justicia, como desarrollo de los Acuerdos de Paz celebrados en la Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, ha generado mucha controversia en nuestro país; algunas voces críticas señalan que, existiendo una jurisdicción penal ordinaria, era innecesaria la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz; censuran la concesión de amnistías e indultos en el marco de la misma, y critican que los crímenes cometidos durante en conflicto armado sean sancionados con penas más leves que las previstas en la legislación ordinaria para estos delitos. Interrogantes como estos tienen que ver con antiguas discusiones sobre la naturaleza y función tanto del derecho penal como del sistema de sanciones que lo caracteriza y, en tiempos más recientes, con el surgimiento y desarrollo de la llamada Justicia Transicional.

La llamada Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo de administración de justicia diseñado para operar de manera selectiva como parte de un sistema integral de verdad,justicia reparación y no repetición que, a su vez, es solo uno de los elementos de un sistema más amplio compuesto por los seis documentos que constituyen el Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. Esos tres sistemas, en conjunto, conforman un modelo de Justicia Transicional con el que Colombia intenta superar un pasado reciente de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos durante cerca de cincuenta años en el entorno de un conflicto armado interno. Puesto que para la superación de ese pasado conflictivo se acordó hacer modificaciones en materia de reforma agraria, participación en política y estrategia de lucha contra las drogas de uso ilícito, es evidente que la denominada Justicia Transicional es mucho más que justicia. Primero, porque en el plano de Acuerdo de Paz es importante intervenir en las causas del conflicto para tratar de evitar su repetición, pero esas modificaciones no le corresponden al aparato judicial, sino que son parte de un trabajo que debe ser desarrollado por el ejecutivo con la ayuda del legislativo a través de reformas constitucionales y legales que deberían llevar a la práctica lo que se acordó en La Habana sobre esos temas. Segundo, porque dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición está previsto el funcionamiento de instrumentos como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, los mecanismos de reparación y las garantías de no repetición, que no cumplen funciones judiciales. Tercero porqué, incluso dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, no todos sus componentes desarrollan labores exclusivamente judiciales; la Sala de Verdad y Reconocimiento de Responsabilidades tiene como principal encargo de recibir información sobre las conductas delictivas cometidas durante y con ocasión del conflicto armado, para verificarlas, evaluarlas y contrastarlas, con el propósito de seleccionar las más graves y representativas y concentrar en ellas el trabajo de la jurisdicción.

"Un concepto amplio de justicia incluye los esfuerzos para lograr una sociedad pacífica". Helmunt Gropengießer y Jörg Meißner"La decisión de introducir una ley de amnistía individualizadora y condicional con el fin de alcanzar la paz puede ser una respuesta responsable ante una situación compleja". Louise Mallinder "Un programa de enjuiciamientos específicos solo para las personas más responsables, junto con comisiones de la verdad y amnistías para los perpetradores de bajo rango, puede pasar el test de complementariedad ...". Darryl Robinson "La existencia de la Corte Penal Internacional no elimina las amnistías como elernénto de negociación disponible para los mediadores Que intentan terminar un conflicto internacional o interno". Michael P. Scharf

El problema de la intervención delictiva en el marco de los llamados aparatos organizados de poder constituye uno de los temas más discutidos en la dogmática penal de las últimas décadas y tiene, especialmente en ámbitos como el colombiano, una gran relevancia práctica. La presente traducción y recopilación de textos de destacados penalistas alemanes pretende ofrecer un panorama de la discusión en dicho país, la cual es mucho más profunda y variopinta de lo que en ocasiones se percibe en nuestro medio. En el centro del debate el lector encontrará algunas de las críticas más sólidas en contra de la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder desarrollado por Claus Roxin, así como la más reciente defensa de dicha figura por parte de este autor.

la verdad procesal en los sistemas adversariales es Llevada al juez por cada parte, Fiscalía y defensa, quienes intentaron demostrar que su teoría del caso y la verdad que de ella se deriva son las que deben prevalecer. Pese a que el anterior planteamiento es ampliamente conocido, su validez presenta dificultades en la práctica, debido al desconocimiento de la técnica procesal para Llegar a esa verdad, y en particular, a la carencia de una buena selección de teoría del caso, articulada con la fundamentación jurídica que la respalde, teoría que debe ser demostrada mediante pruebas que a su vez permitan debilitar y, finalmente, refutar la teoría de la Otra parte procesal.Cuatro apones independientes integran el contenido del libro, que comprende asimismo un estudio introductorio que los articula con el contexto nacional y en el cual se explican la relevancia de la teoría del caso de cara a la estructura del proceso penal adversarial que rige en Colombia -desde su implementación hace más de quince años las ventajas de contar con una sólida estructura y las consecuencias de su carencia. El libro nos confronta con la forma tradicional de entender el procesopenal y sus construcciones teóricas. Su lectura nos obliga a implementar nuevas técnicas para construir una teoría del caso más salida y persuasiva para el juez tanto en cuanto a la forma como al contenido, una teoría que nos permita afirmar que cumple el objetivo de llevar la verdad procesal al juez que, idealmente, deberá darle la razón.

El libro que presentamos a los lectores está compuesto por dos textos en los cuales, de manera independiente, se da respuesta a interesantes interrogantes planteados por los autores respecto a problemas propios de la Justicia de Transición para Colombia.En el primer texto, de la autoría de Yesid Reyes Alvarado y que aborda la estructura y articulación del sistema de transición, se expone cómo fue concebido el componente de justicia creado para el periodo de transición. En el mismo resulta de particular interés la justificación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de asumir el conoci­miento de todos los delitos ocurridos durante y en relación con el con­flicto armado; con redacción de muy fácil lectura, se demuestra que su creación se justifica en cuanto mecanismo transitorio de aplicación de justicia y útil para facilitar la obtención de la paz, sin impunidad.La segunda parte del libro la constituye el texto de David Gallego Arribas. El autor aborda el estudio de la justicia de transición y las medi­das premiales en Colombia, y explica cómo quedó estructurado el com­ponente de justicia del Acuerdo de Paz, a la vez que incorpora un análi­sis de su legalidad internacional; incluye asimismo en su estudio una referencia al problema agrario como causa del conflicto armado en Colombia. Gallego Arribas toma como punto de partida la insuficiencia del derecho penal como instrumento de solución ante la confrontación de intereses, y expone el reto que representa satisfacer los derechos de las víctimas, haciendo énfasis en los elementos de justicia y no repeti­ción, en donde la justicia de transición surge como mecanismo que va más allá del derecho penal ordinario.

PRÓLOGO La defensa legítima de los derechos es fundamento de cualquier sociedad: nadie puede ser obligado a soportar la disminución injusta de sus derechos sin la opción de defenderlos1. Uno de los temas más apasionantes en la dogmática penal es el estudio y aplicación de la legítima defensa, que en términos generales ha sido entendida como el reconocimiento por el ordenamiento jurídico de la afectación de un derecho de un tercero, ante una agresión injusta, actual o inminente, que hace necesaria la acción defensiva. Este es el tema objeto de estudio del presente libro colectivo, en el que los autores desarrollan, a partir del análisis de casos, los más relevantes problemas dogmáticos y prácticos de la legítima defensa. La complejidad de la discusión teórica sobre el cumplimiento total o parcial de sus requisitos, así como el análisis de su contenido en el ordenamiento penal colombiano, pero también el debate sobre las dificultades de su aplicación en la práctica, conducen a los autores a asumir el reto de presentar propuestas de solución. Algunos de los interrogantes que intenta resolver el libro se plantean ya desde el estudio introductorio, en el que Yesid Reyes Alvarado aborda problemáticas actuales, por ejemplo, si la agresión injusta debe ser entendida como delito, o si se trata de una agresión antijurídica, no entendida como injusto punible. O la referida a qué ocurre ante supuestos de tentativa o supuestos anteriores incluso a ella. ¿Tiene relevancia jurídica, respecto a la legítima defensa, el considerar punible o no punible la tentativa inidónea, por ejemplo? Con este tipo de interrogantes el estudio introductorio nos conduce a las principales controversias a las que nos enfrenta la legítima defensa, pasando por la relevancia de los fenómenos comunicativos, interpretativos y valorativos y su incidencia en la configuración de requisitos como la agresión injusta. ¿Qué ocurre con la denominada legítima defensa putativa, es un supuesto de legítima defensa, se configura una agresión injusta o se trata de un supuesto de error y cómo debe ser resuelto? Con profundidad, el estudio introductorio aborda otro de los componentes de la legítima defensa, esto es, el de cómo debe entenderse la actualidad de la agresión, para lo cual parte de ejemplos discutidos en doctrina y jurisprudencia, como los supuestos de hurto, en los que la víctima dispara su arma de fuego en contra de los agresores cuando estos ya han emprendido la huida. ¿Se puede afirmar la existencia de agresión actual en estos casos? Si esa agresión se corresponde con una conducta tipificada, ¿Cómo opera ante supuestos de mera conducta o de resultado?, ¿debe hacerse diferenciación entre consumación y agotamiento formal y material?, ¿hasta qué momento debe ser entendida o extendida la actualidad de la agresión?, y ¿Qué incidencia tiene respecto a la configuración del exceso en las justificantes en la legislación colombiana?

La persona que decida dedicar su vida a la ciencia no debería contar con una cosa: fama póstuma. La mayoría de los textos científicos son ignorados desde el principio, algunos son discutidos por un tiempo para luego ser archivados, pero solo un reducido número de autores logra generar una nueva orientación de la discusión científica. No obstante, incluso en este último caso sus concepciones pocas veces perduran más de una generación; luego sufren también ese destino que no consiste en haber sido rebatidas, sino más bien en que ellas son desconocidas y finalmente irrelevantes para los miembros de las siguientes generaciones científicas. Así, la discusión con las posiciones de los pensadores que alguna vez fueron celebrados como pioneros se desplaza lentamente de los puestos de honor en las introducciones de los grandes manuales al "limbo de las notas al pie"1, para finalmente sumergirse en el Hades del completo olvido. Su influencia, por consiguiente, ya es tan solo de carácter subterráneo. Lo que escribió Nietzsche sobre el gran filósofo vale cum grano salis también para el gran científico del Derecho: "El filósofo cree que el valor de su filosofía radicaría en la totalidad, en la construcción; la posteridad, por el contrario, lo encuentra en la piedra con la que él construyó y con la cual, de ahora en adelante, se construirá con más frecuencia y de mejor forma, esto es, en que aquella construcción puede ser destruida y, sin embargo, seguirá teniendo valor como material"2. Al pequeño grupo de teóricos del Derecho penal que obtuvieron un doble éxito –abiertamente en tiempos de vida, pero también después, aunque de forma subterránea– pertenece Hans Welzel. Él ejerció como prácticamente ningún otro teórico del siglo XX una profunda influencia no solo sobre la ciencia penal alemana, sino también sobre la hispanoparlante3. Sus principales obras se encuentran traducidas al español4 y también son muy famosas algunas conferencias que pronunció el Welzel tardío en universidades españolas5. Adicionalmente, Welzel influenció muchos y muy importantes penalistas en España y Latinoamérica6. Por tal motivo no sorprende que algunas de las principales tesis del finalismo –teoría del injusto personal, inclusión del dolo en el tipo, distinción entre desvalor de acción y desvalor de resultado, conciencia de la antijuridicidad como elemento autónomo de la culpabilidad y teoría de la culpabilidad– hayan sido reconocidas en la literatura y en la jurisprudencia de muchos países iberoamericanos7 y que varios libros y manuales de reconocida influencia hayan sido construidos en estrecha conexión con algunas de las premisas centrales de Welzel8. En la actualidad, el pensamiento iusfilosófico de Welzel y los postulados metodológicos del finalismo –por ejemplo, la teoría de las estructuras lógico-objetivas– no juegan prácticamente ningún rol ni en el mundo hispanoparlante ni en Alemania. No obstante, las tesis ya mencionadas que Welzel desarrolló a partir de esto último han ingresado tanto aquí como allá en el inventario de las teorías del Derecho penal que sigue siendo reconocido mayoritariamente. Incluso aquellos autores que se distancian radicalmente de Welzel desarrollaron sus propias ideas en gran medida a través de un intenso debate con este: sin Welzel no hay Jakobs. Por consiguiente, el ontologismo de Welzel está presente ex negativo en el enfoque social-funcional de Jakobs.